El Senado español instó al Gobierno venezolano a que a través de “instrumentos de asistencia social” preste ayudas a las familias hispano-venezolanas que están en situación de “precariedad” como consecuencia de los casi dos años de impagos de retribuciones que les debe el Gobierno de Venezuela.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó esta moción con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo Unidos Podemos, que se opuso.

En el texto también se insta al Gobierno español a que reitere al Ejecutivo venezolano la necesidad de pagar “en el plazo más breve posible” las pensiones de estos ciudadanos residentes en España.

En España, según cálculos del partido Ciudadanos, hay unas 3.800 personas afectadas, aunque esta cifra no es un número oficial.

El portavoz de los ciudadanos afectados, Pablo Rodríguez Cejas, indicó que en diciembre de 2015 el Gobierno de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior, además afirma que muchos de ellos son personas de avanzada edad y este es su único ingreso, por lo que se han visto en dificultades económicas, como consecuencia de los dos años de retraso.

Información de EFE

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El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, Prof. José Ángel Ferreira, afirmó que con el planteamiento de la Procuraduría General de la República de que debe realizarse una homologación de los sueldos del personal universitario activo y jubilado, se perjudica seriamente al 30% de la población jubilada.

Con información de nota de prensa

Para el académico esta situación es «inédita» y va en contra del principio de progresividad de los derechos laborales consagrado en la Constitución Nacional y en contra del régimen de jubilaciones y pensiones de las universidades nacionales.

Ferreira hizo un llamado a los gremios universitarios entre los que no está la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), a que revisen lo acordado en un acta que suscribieron el pasado noviembre en la cual, junto a directrices de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), se afectan los derechos laborales del personal jubilado de las universidades nacionales, lo que causará una gran conmoción.

Las universidades nacionales tiene un régimen especial de jubilaciones y pensiones, el cual se origina de la Ley de Educación de 1958 con respecto a los docentes y posteriormente se extiende a obreros y empleados mediante las pautas que dictó el Consejo Nacional de Universidades en 1976.

Dicho régimen ha venido evolucionando y, entre otras cosas, consagra el derecho de todo el personal universitario jubilado a las mismas condiciones de remuneración que el personal activo. Igualmente, ha quedado establecido que cuando existan aumentos de salario, estos se calculen de tal manera que no perjudiquen a los jubilados.

Sin embargo, el más reciente instructivo hace ver que el sueldo de ningún jubilado puede estar por encima de los activos. Esta directriz plantea distorsiones porque en la universidad el personal puede jubilarse con distintas primas, tales como primas por hijos, titular, doctor, asistencia médica y diversas primas relacionadas con su desempeño.

Foto: Cortesía de Tiempo Universitario (Angélica Hidalgo)