219 presos de Uganda escaparon de una cárcel al noreste del país cuando sometieron a los guardias, robaron armas y dispararon en contra de ellos para darse a la fuga.

Según fuentes cercanas, el hecho ocurrió el pasado miércoles, donde resultaron muertos un guardia de seguridad y tres prisioneros. Siete de estos reos fueron arrestados y los demás pertenecen fugitivos en los bosques de Moroto.

Como es un terreno difícil de transitar, el Ejército de Uganda activó tres helicópteros para rastrearlos y capturarlos, así como otras comisiones que lo harán de manera terrestre.

Las autoridades del departamento de Santa Cruz, Bolivia, confirmaron un brote de Covid-19 en el penal de Palmasola tras dar positivo 25 privados de libertad.

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El secretario de gobierno de la ciudad de Santa Cruz, Vladimir Peña, indicó que le realizaron pruebas a 45 reos, de los cuales 25 dieron positivo.

Asimismo, informaron el fallecimiento de dos reclusos.

«Al tener un brote epidemiológico dentro del penal de Palmasola se ha activado algunas medidas», resaltó Peña.

El centro penitenciario de Palmasola alberga a más de 5 mil internos.

 

Familiares de los reos muertos en el motín de este viernes 1° de mayo en Centro Penitenciario Los Llanos de Guanare, estado Portuguesa, reportaron lentitud en el proceso de entrega de los cadáveres que ya han sido identificados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Servicio Nacional de Medicatura Forense (Senamecf).

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Pasadas las 8 de la noche, Víctor Calderón, padre de una de las víctimas fatales de la reyerta entre internos y funcionarios de la Guardia Nacional, que dejó 47 fallecidos y 75 heridos, precisó que las autoridades policiales no han entregado ni un solo cuerpo.

«Tenemos los certificados y hemos pasado el día haciendo trámites y esperando, pero a estas horas nada que hacen la entrega (…) Ya los cuerpos tienen mal olor y aunque en la mañana nos dijeron que debíamos enterrarlos de una vez, ya a esta hora imposible. Si los entregan ahorita en la noche tocará llevarlos a las casas», expresó Calderón.

Familiares de los reos ubicados en el centro penitenciario Los Llanos, en Guanare, Portuguesa, desmintieron un supuesto intento de fuga por parte de los detenidos.

«Queremos desmentir que en ningún momento hubo un intento de fuga (…) esto fue una muerte anunciada que se violó el derecho a la vida», informó Adriana Leandro, familiar presente en el lugar.

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Según testimonios de los familiares, los detenidos se encontraban manifestando por el paso de comida al centro penitenciario pues funcionarios policiales se encontraban impidiendo el derecho.

«Ellos tenían su manifestación, no se sabe el motivo por el que los funcionarios se abstuvieron al pase de comida, a retenerlas y dividirla entre ellos», dijo, Marlin Hernández.

Los familiares de los reos heridos en el motín que se generó en el centro penitenciario Los Llanos, ubicado en Guanare, Portuguesa, exigieron a los funcionarios policiales información sobre las identidades de los fallecidos y lesionados.

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Asimismo, exigieron la ayuda de Iris Varela, quien es ministra de penitenciaria del régimen, con el fin de que los asesore ante los hechos.

«Estamos pasando el alimento ya, pedimos que se presente la ministra, que nos ayude, que nos explique lo que podemos hacer», expresó, Yessica Jiménez, familiar presente en el lugar.

Debido a la alta cifra de criminalidad y homicidios (58 el último fin de semana), el gobierno de El Salvador ha ordenado estrictas medidas de reclusión para antisociales identificados por pertenecer a las bandas armadas conocidas como «maras».

«Y no van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día en los siete penales de seguridad (…) no vamos a permitir que sigan elaborando manuscritos ni que sigan saliendo órdenes desde los penales», ha dicho el viceministro de Justicia y director general de Centros Penales salvadoreño, Osiris Luna.

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El ministro ha defendido la legalidad de las medidas, sin embargo diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han denunciado que éstas puedan provocar amotinamientos en los centros penitenciarios o asesinatos selectivos y colectivos. 70.000 miembros de los maras de los más de 17.000 que se encuentran en prisión.

El Salvador

La ministra de Servicios Penitenciarios de la administración de Maduro, Iris Varela, señaló que los directores y custodios de los centros de reclusión penal cuentan con la orden de no salir ni entrar de prisión, por lo que aseguró que no sería necesario invertir recursos en pruebas para éstos.

«No es necesario invertir recursos en las pruebas contra la COVID-19 en la población privada de libertad mientras estén cumpliendo con las normas que hemos diseñado», dijo Varela en entrevista radial.

Puntualizó que las medidas sanitarias se han estado cumpliendo en centros de detención y cárceles. «Si ellos relajan esas normas y producto de eso alguien resulta afectado, tendrán consecuencias hasta penales».

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Varela aseguró que casos pueden venir de afuera

Ha dejado en claro que desde el ente que dirige se ha dado luz verde a un canal para la atención de los nuevos ingresos, asegura que éstos antes de ser trasladados a otras áreas deben cumplir con una cuarentena interna. Sostiene que “los casos que se puedan presentar es porque alguien lo trae de afuera, una visita”.

En un vehículo tipo gandola, la Policía del estado Portuguesa, en el llano de Venezuela, traslada a un grupo de reos a la sede del Segundo Circuito Judicial Penal de la región, extensión Acarigua.

«Llevados en gandolas»: rápidamente viral en redes sociales.

En reiteradas oportunidades familiares y defensores legales de los reclusos, e incluso el Foro Penal, han denunciado la falta de transporte oficial para el traslado de ésto.

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En todos los organismos de Seguridad de esta región llanera ha aumentado el índice de retardo procesal, con el diferimiento de las audiencias. Recientemente, uniformados de la Policía Nacional también trasladaron hasta estos mismos tribunales a varios detenidos en un camiones.

La crisis económica que atraviesa Venezuela ha generado graves cuadros de desnutrición que preocupan a las organizaciones no gubernamentales y a los Gobiernos del mundo, pues los ciudadanos de los sectores más desposeídos del país mueren a causa de esta condición, mientras que los niños que logran ser tratados sufrirán de un retraso en su desarrollo mental y motor, según ha denunciado en reiteradas oportunidades la fundación Caritas de Venezuela.

Ahora esta realidad se agudiza en los recintos penitenciarios, donde la falta de presupuesto impide que los cuerpos de seguridad alimenten a los reos, mientras que algunos de ellos no cuentan con familiares o amigos que puedan proveerles alimentos, por lo que en ocasiones deben alimentarse de las sobras de lo que sus compañeros dejan o cazar ratas para poder cocinarlas y tener algún alimento.

El caso más reciente es el de Francisco Ramón Flores González (42) quien fue hallado muerto la madrugada del viernes 7 de julio en la celda que ocupaba desde el pasado 12 de mayo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Punto Fijo, municipio Carirubana, del estado Falcón. Las autoridades no informaron del deceso, algo usual en los últimos años.

Fuentes extraoficiales aseguraron que habría muerto de un paro respiratorio producto de la desnutrición, una patología que ha cobrado la vida de tres reos en lo que va de año en el estado Falcón. Para comprobarlo habrá que esperar los resultados de la autopsia. Entre tanto, la causa de su fallecimiento será una duda, sobre todo tratándose de un delincuente acusado de estar incurso en cinco casos de violación y abuso sexual desde 2004, delitos que se pagan con la muerte al llegar a prisión, detalló el portal de la ONG Una Ventana por la Libertad.

Estos reclusos se mantienen en Centros de Detención Preventivos (CDP), recintos diseñados para mantener a los detenidos por un máximo de 48 horas, mientras son presentados ante un juez y éste ordena su reclusión o puesta en libertad. Sin embargo, actualmente se mantienen allí “por tiempo indefinido”, según detalla la ONG.

Reos que comen ratas para sobrevivir

En febrero de 2018 el equipo reporteril de VPItv en el estado Bolívar hizo público el caso de un reo, Manuel Mago Coraspe, quien terminó en un hospital luego de comerse una rata envenenada, medida que tomó para mitigar el hambre, sin sospechar las consecuencias que esto le traería.

En el relato, el hombre cuenta como podía pasar días sin comer, lo que le generaba una gran debilidad, tal es el caso que llegó a estar cerca de la muerte en alguna oportunidad cuando ni ratas podía casar y su cuerpo ya poco respondía a los estímulos cerebrales, por lo que estuvo tendido en el patio de la cárcel donde se encontraba recluido, deshidratado y con hambre.

Casos públicos de muertes por desnutrición

Durante el año 2017 se reportaron al menos ocho muertes en centros de detención preventiva, por desnutrición. Uno de los casos  fue el de un hombre de 25 años que falleció por “desnutrición severa”, señaló un informe de la asociación Una Ventana a la Libertad.

Estaba detenido desde el 13 de septiembre de 2016 en calabozos policiales de la localidad de Los Teques, en las afueras de Caracas.

Una colombiana de 43 años también murió el 10 de septiembre de 2017 por desnutrición en una sede policial de Guarenas, en la periferia de Caracas, indicó la ONG.

Estos son solo los casos que han logrado conocerse por denuncias de estas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sin embargo, debido a la actual situación de crisis en Venezuela, se presume que puedan ser muchos más los detenidos que estén padeciendo de desnutrición e incluso hayan muerto por esta razón.

Venezuela- Vea el relato exclusivo del recluso que comió ratas para mitigar el hambre -VPItv

 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes de al menos 68 personas en la Comandancia General de la Policía Regional del estado de Carabobo (Comandancia de Carabobo), Venezuela. La CIDH urge al Estado a investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos similares.

De acuerdo con información de público conocimiento, el 28 de marzo de 2018 en la comandancia de Carabobo se produjo un incendio que habría resultado en que perdieran la vida al menos 68 personas privadas de libertad, incluyendo también, visitantes. A la fecha, hay un número indeterminado de heridos. Según el secretario general del gobierno de Carabobo, Jesús Santander, el incendio se produjo después de un intento de motín. A fin de sofocar y controlar el fuego, diversas entidades públicas acudieron a las instalaciones de la Comandancia.

Asimismo, familiares de las personas detenidas en la comandancia habrían acudido a sus instalaciones para solicitar información. Como respuesta, las fuerzas de seguridad habrían utilizado gases lacrimógenos para dispersarles. La CIDH lamenta estos hechos, y urge al Estado a respetar el derecho de las familias a conocer sobre lo ocurrido, así como a adoptar en este tipo de circunstancias, las medidas necesarias para evitar sufrimiento adicional a los familiares de las víctimas.

La CIDH advierte que estos graves hechos se enmarcan en un contexto de crisis penitenciaria que enfrentan las personas privadas de libertad en Venezuela, y que se caracteriza entre otras cuestiones, por altos niveles de hacinamiento, uso excesivo de prisión preventiva, corrupción de autoridades penitenciarias, deplorables condiciones de detención, y elevados niveles de violencia. Como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, el Estado venezolano tiene el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos. Asimismo, la Comisión observa que estos hechos se presentan en un centro de detención policial, comúnmente llamados “calabozos”. La CIDH reitera su especial preocupación por la utilización de estos lugares de naturaleza transitoria como centros de detención permanente, y que se caracterizan por hacinamiento y por falta de infraestructura y servicios básicos que aseguren condiciones dignas de detención.

De conformidad con información oficial, el Ministerio Público habría iniciado una investigación sobre los hechos ocurridos, y en particular, se detuvo a cinco funcionarios de la policía de Carabobo presuntamente responsables de los mismos. Al respecto, la Comisión Interamericana exhorta a  que estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.

“Es fundamental evitar los riesgos existentes y garantizar los derechos, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad”, señalo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Joel Hernández. “Lo ocurrido en la comandancia de Carabobo ha cobrado la vida de decenas de personas bajo la custodia del Estado venezolano. Para evitar la repetición de estos trágicos hechos, es urgente que el Estado realice acciones inmediatas para salvaguardar los derechos de esta población”, agregó.

Comunicado