Yorman Aguilar.- Una Comisión de la Asamblea Nacional presentó un informe ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el que se responsabilizó al presidente de CANTV, Manuel Ángel Fernández Meléndez y al director de CONATEL, Eliéser Márquez Monsalve, de ataques de censura directa aplicada contra algunos medios de comunicación digital.

En este sentido, esta comisión de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jony Rahal, presentó pruebas del bloqueo contra los medios, ataques de denegación de servicio e intento de ingresos múltiples. Para este último, las direcciones web correspondían a sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohome, indicó que se debe hacer eco de las denuncias de estas violaciones de  los derechos humanos y espera también, que se den a conocer otros nombres de funcionarios que están directamente involucrados en actos de censura directa.

Mohome,  afirmó además, que el tema de las violaciones en materia comunicacional en Venezuela será un tema a destacar en su asamblea general, que se realizará el próximo octubre en Salta, Argentina.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por acciones de la Fiscalía y el Congreso de Perú que obligan a periodistas a revelar sus fuentes de información, lo que «representa un retroceso a la libertad de prensa en el país».

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso peruano citó al director del Instituto de Defensa Legal (IDL-Reporteros), Gustavo Gorriti y a la directora del programa televisivo de análisis «Panorama», Rossana Cueva Mejía, a una sesión extraordinaria el 12 de julio para «informar la forma y circunstancias» de cómo obtuvieron audios y documentos difundidos a principios de esta semana en los que se revelarían hechos de corrupción y de tráfico de influencias que involucran a miembros del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que «las acciones de la Fiscalía y el Congreso destinadas a requisar material recopilado como parte del trabajo periodístico y ordenar que se revelen las fuentes confidenciales de información, constituyen precedentes negativos para la investigación y la función fiscalizadora que le corresponde a la prensa en una democracia».

Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, agregó que «el uso de fuentes confidenciales constituye una herramienta esencial del buen periodismo y revelar las fuentes crea un efecto negativo en contra de quienes posean y quieren revelar información de interés público». Indicó que la SIP está considerando enviar una misión internacional a Perú ante los recientes incidentes legales y procedimientos administrativos que afectan la libertad de prensa.

La citación del Congreso, que también requirió la entrega de los materiales originales, estuvo precedida por la intervención el 10 de julio de un fiscal y cuatro policías en la sede del IDL-Reporteros para la incautación de información periodística. La Fiscalía Suprema de Control Interno exigió a los periodistas que revelen la fuente y entreguen el material de audio sin editar «en un plazo de tres días», de lo contrario podrían ser acusados por delito de desobediencia a la autoridad.

Rock resaltó que la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros documentos internacionales sobre libertad de expresión y de prensa, destacan que no se puede obligar a ningún periodista a revelar sus fuentes de información, o a entregar los apuntes y archivos personales y profesionales.

Información: Nota de Prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a los pronunciamientos tras las manifestaciones antigubernamentales que tienen lugar en Nicaragua, y en la que han muerto tres personas.

Las protestan se desencadenaron en varias ciudades del país centroamericano luego de unas reformas aprobadas por el gobierno de Daniel Ortega.

Además, durante la cobertura de los sucesos han habido múltiples agresiones a la prensa por parte del estado, que censuró los canales: 100% Noticias, Canal 12, Canal 23 y el Canal 51 de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, entre otras ocurridas en las calles contra medios de comunicación y manifestantes, informó la SIP.

A través de un comunicado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció por el asesinato de los tres periodistas ecuatorianos a manos de guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A continuación el comunicado:

Nosotros, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y representantes de la prensa hemisférica reunida en Medellín, repudiamos ante la opinión pública el asesinato cobarde de nuestros tres colegas ecuatorianos secuestrados a manos de delincuentes narcoterroristas.

Los criminales arrebataron las vidas al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra de El Comercio de Quito lo cual enluta al periodismo y a la prensa mundial.

No solo estos tres colegas sino también los pueblos de Ecuador y Colombia, y el periodismo de toda América Latina, han sido ultrajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido de la región.

Solicitamos a las autoridades correspondientes que no hagan ninguna concesión al terror y que, frente a él, todos los países y las instituciones actúen con la máxima celeridad y energía, con respeto a los derechos humanos, para capturar a los criminales y someterlos a la justicia.

Exigimos a los mandatarios reunidos en la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, que el brutal asesinato de estos tres nuevos mártires del periodismo no quede impune, así como todos los actos de violencia que a diario sufren los periodistas en el ejercicio de su labor.

El hecho que los asesinos hayan pedido tregua para entregar los cuerpos de las víctimas revela la extrema cobardía y el ostentoso desprecio por la vida de esos narcoterroristas que se escudan detrás de estos mártires del periodismo de las Américas.

En esta hora de luto y dolor, exigimos Justicia y Protección, así como el fin de la Impunidad, en nombre de los miles de periodistas que a diario arriesgan sus vidas para mantener al público informado.

Desde Medellín va nuestra solidaridad y la condolencias de la prensa hemisférica a los familiares de las víctimas y a los colegas ecuatorianos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechaza el acoso judicial en Brasil al que se ha visto sometido la revista VIU!, en aparente represalia por investigaciones periodísticas sobre irregularidades en la administración pública.

El director ejecutivo del Grupo VIU!, Roberto Barbosa, denunció que ha sido víctima en distintas ocasiones de actos de intimidación contra la Revista VIU! y el Portal VIU!. Las demandas judiciales fueron interpuestas por autoridades, magistrados y fiscales de las ciudades Campos dos Goytacazes, Macaé y Río de Janeiro, en el estado del mismo nombre, con el propósito de silenciar a los medios.

«Siempre hemos notado en Brasil una fuerte predisposición de parte de los funcionarios públicos a presentar demandas contra los medios que, por lo general, están destinadas a desalentar las denuncias e investigaciones periodísticas», expresó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.

Mohme, director del diario peruano La República, agregó que «si bien somos respetuosos del derecho de los ciudadanos a recurrir a la justicia cuando se sienten ofendidos, vemos que estos son la excepción, ya que la mayoría de las demandas provienen de funcionarios públicos, quienes deberían estar más sujetos al escrutinio público como indica la jurisprudencia interamericana y la Declaración de Principios de Libertad sobre la Libertad de Expresión» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información dijo que muchas veces este tipo de demandas es una estrategia para amedrentar a los medios, lo que conlleva serios peligros para la libertad de prensa y el derecho del público a la información.

«Los medios, especialmente los más pequeños, dijo Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, no pueden hacer frente a la carga económica y los esfuerzos que implica la defensa de los procesos judiciales, por lo que muchos optan por la autocensura al ver peligrar su sustentabilidad».

Barbosa ha sido demandado en cuatro ocasiones en los últimos meses. En enero el juez Ralph Manhães, condenó al Portal VIU! a pagar una indemnización a una funcionaria de Campos dos Goytacazes, denunciada por cobrar mayor salario al establecido. El juez obligó al portal a rectificar y eliminar todo contenido sobre el tema.

En junio de 2017, dos concejales de Macaé demandaron a la revista por un reportaje sobre un plan en el Concejo de la ciudad para que se apruebe un proyecto de zonificación que favorecería a empresarios inmobiliarios. En otro proceso, el jefe de gabinete del Partido de los Trabajadores (PT) en Macaé, Marcelo Puertas, demandó y exige una indemnización a la publicación por críticas recibidas sobre su etapa como líder sindical.

En otra demanda, a Gerardo Pudim, diputado del Congreso de Río de Janeiro, se le negó el pago de una indemnización de parte del portal, por una denuncia sobre nombramientos irregulares en el Departamento de Transporte y Carreteras del estado. La denuncia periodística motivó arrestos de dirigentes y políticos.

Fuente: Nota de Prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió la toma de las instalaciones del diario O Globo en Río de Janeiro, Brasil, por manifestantes y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de sus trabajadores e identificar y sancionar a los responsables de este «acto violento e ilegal».

Unos 400 integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), la mayoría mujeres, irrumpieron esta mañana durante media hora en el taller de impresión del periódico perteneciente a la empresa multimedios Grupo Globo. Los manifestantes, entre los que había algunos con machetes, llegaron en unos 10 autobuses al estacionamiento del diario e invadieron el edificio. El personal de seguridad no pudo impedir la invasión de la empresa.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, repudió «el acto violento e ilegal contra el medio de comunicación». Mohme, director del diario peruano La República, agregó que «si bien la democracia permite la protesta, cuando esta se ejerce violentando, intimidando y afectando el derecho de otros y en este caso la libertad de prensa, se transforma entonces en una acción reprobable que las autoridades deben investigar con prontitud para deslindar responsabilidades».

Por su parte Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal mexicano de noticias La Silla Rota expresó que «condenamos y rechazamos con ímpetu la actitud amenazante y agresiva de los manifestantes que pusieron en riesgo la seguridad física de los trabajadores del medio».

Los manifestantes, que divulgaron la invasión en las redes sociales, pintaron mensajes políticos en cristales, paredes y en el piso del edificio. No se registraron heridos.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este miércoles «la intimidación en Venezuela a través de leyes de difamación y procesos judiciales para perseguir la opinión crítica e independiente», luego de que se hiciera pública la demanda contra cuatro periodistas del portal Armando.Info por la investigación sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Tras recibir amenazas y luego ser demandados judicialmente por el empresario colombiano Alex Saab, presunto vinculado a los casos de corrupción en cuestión, los editores de dicha página web, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, abandonaron el país al igual que el reportero Roberto Deniz.

A los profesionales de la comunicación social también les divulgaron información personal a través de las redes sociales, por lo que el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, criticó que el gobierno utilice uno de sus «mecanismos favoritos», en referencia a «las leyes de difamación y los consiguientes procesos judiciales» para «frenar la difusión de información crítica y generar autocensura».

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo por su parte que no extraña que «los colegas hayan tomado la difícil decisión de salir del país», pues la «posibilidad de un proceso judicial justo e independiente», en su opinión, «es escasa».

«Empresarios cuestionados en Ecuador y EEUU le venden comida al gobierno venezolano», y «De Veracruz a La Guaira: Un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba», fueron los títulos de los dos reportajes publicados por Armando.Info en abril y septiembre de 2017, respectivamente. En ambos artículos, firmados por Deniz, se vincula a Saab con la empresa Group Grand Limited, y la venta al gobierno de Maduro de alimentos a precios subsidiados para que fueran distribuidos en zonas populares.

Dicha compañía habría sido beneficiada por el gobierno nacional con un contrato multimillonario para adquirir suministros de alimentos subsidiados, de acuerdo a la investigación de los periodistas, que fueron demandados por Saab por la presunta comisión de los delitos de «difamación» e «injuria» agravadas, los cuales conllevan penas que van desde uno hasta seis años de prisión.

También por investigar sus negocios, Saab denunció en 2017 al periodista Gerardo Reyes, de la cadena Univisión, con sede en Miami.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profundo rechazo a la determinación del gobierno de Venezuela de cancelar la señal de CNN en Español de la programación de los canales de cable de ese país.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), siguiendo las órdenes del presidente Nicolás Maduro, quien ya se había expresado en contra de CNN en Español el domingo, dispuso esta tarde la cancelación argumentando que la cadena estadounidense difama y distorsiona la verdad, en referencia a la investigación periodística «Pasaportes en la sombra» en la que quedaron implicados funcionarios del gobierno con la venta de pasaportes a ciudadanos del medio oriente.

La orden del gobierno, sin embargo, se enmarca en la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, en la «Lista Clinton» acusándolo de tener vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, rechazó la medida contra CNN en Español «por tratarse de una represalia del gobierno de Venezuela contra los mensajeros, parte de su estrategia para proteger y defender el discurso y la verdad oficial». Agregó que «se trata de un atentado contra la libertad de prensa que desenmascara el propósito real del Gobierno de censurar a la prensa y a las voces disidentes».

Rock, director de La Silla Rota, de México, recordó que no es la primera vez que CNN en Español tiene problemas en el país y también que la cadena internacional colombiana, NTN24, fue sacada del aire en febrero de 2014. Mencionó también que actualmente muy pocos periódicos se siguen publicando debido a las restricciones en la distribución del papel prensa que controla el gobierno y a las restricciones que se imponen en general a los medios independientes».

Con información de nota de prensa

EFE.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy (27 de enero del 2017) las acusaciones del Gobierno de EE.UU. a los medios de comunicación y periodistas por «inexactos y alejados del espíritu de la Primera Enmienda» de la Constitución del país.

El Gobierno estadounidense debe «respetar los valores fundamentales de la Primera Enmienda», entre ellos el que atañe a la libertad de prensa y expresión, y frenar la «espiral de acusaciones contra medios y periodistas», señaló en un comunicado la SIP, con sede en Miami.

Matt Sanders, presidente de la SIP, criticó duramente las declaraciones de este jueves al diario The New York Times de Stephen Bannon, jefe de estrategia del presidente Donald Trump, en las que afirmó que la prensa tiene que «callarse la boca», y aseguró que se han convertido en el «partido de la oposición».

Sanders, que se encuentra en la Ciudad de México en visita oficial de la institución, apuntó que, con este tipo de declaraciones, «se corre el riesgo de estar creándose un clima propicio que podría desencadenar en medidas restrictivas concretas» contra los medios.

Sanders recordó que Trump, desde que era candidato a la Presidencia y durante la transición de poder, «atacó a la prensa, la tildó de mentirosa, deshonesta, basura, discriminó y ridiculizó a periodistas y medios en conferencias de prensa».

Y hasta dejó entrever que «revisaría las leyes de libelo como forma de control del flujo informativo», agregó.

«Tenemos la experiencia en la SIP de observar cómo otros presidentes de la región pasaron del discurso incendiario a la censura directa de medios y periodistas. Estamos atentos y alertas ante esta situación», advirtió Sanders.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, pidió al Gobierno estadounidense que retire los cargos contra seis periodistas que fueron detenidos junto a 230 activistas que protestaron durante la ceremonia oficial de investidura de Trump.

Los seis periodistas que cubrían la protesta fueron arrestados y acusados del «delito de disturbio criminal», por el que podrían recibir una condena de cárcel y multas de hasta USD 25 000, de ser declarados culpables, apuntó la SIP.EFE

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al gobierno de Venezuela por no ofrecer las debidas garantías al ejercicio del periodismo y lo responsabilizó por la merma de las libertades de prensa y de expresión tras conocer que se impidió el ingreso al país a periodistas internacionales para la cobertura de la marcha «Toma de Caracas», en respaldo al referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó que «esta situación desenmascara el lado autoritario del gobierno alejado de estándares democráticos».

El miércoles, las autoridades migratorias negaron el ingreso al país a los corresponsales Jim Wyss, del The Miami Herald y John Otis, de la radio pública NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), de Estados Unidos; Marie-Eve Detoeuf, de Le Monde, de Francia; César Moreno, Caracol Radio y Dora Glottman, Caracol TV, de Colombia, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Tampoco se le permitió ingresar al país a un equipo periodístico de Al Jazeera procedente de Argentina e integrado por la periodista Teresa Bo, la productora Lagmi Chávez y el camarógrafo Mariano Rosendi. Según las autoridades los periodistas no contaban con los permisos necesarios para realizar trabajo periodístico.

Los periodistas se habían trasladado a Caracas para cubrir la marcha del 1 de septiembre.

Por su parte, el canal de Noticias NTN24 denunció que su equipo periodístico, técnico y de producción en Venezuela ha recibido amenazas verbales por parte de los llamados «colectivos oficialistas». Entre los periodistas de la televisora internacional intimidados se encuentran Daniella Zambrano, Nicole Kolster y Óliver Fernández.

La SIP también denunció ayer un acto de intimidación contra la sede del diario El Nacional. Entre enero y agosto de este año organizaciones locales han registrados 13 ataques a sedes de medios de comunicación.

Manigault, presidente del diario estadounidense The Post and Courier, de Charleston, Carolina del Sur, dijo que «el gobierno de Maduro nunca dejó sus actitudes autoritarias. Se opone a la libertad de los periodistas para trabajar, de la misma forma que no permite el ingreso de supervisores electorales y activistas de los derechos humanos».

A principios de agosto el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, alertaron del continuo deterioro de la libertad de prensa en Venezuela.

La SIP también recordó las dificultades de insumos de papel y acoso que enfrentan numerosos diarios venezolanos, entre ellos El Carobobeño, que aunque desde hace cinco meses suspendió su versión impresa, hoy celebra su 83 aniversario con una edición especial dedicada al análisis del desempeño de la libertad de expresión en el país.