El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció este lunes que el magistrado Antonio José Marval Jiménez es el nuevo presidente de la institución para el período 2019-2021, en sustitución de Miguel Ángel Martín Tortabú.

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‘Tony’ fue seleccionado entre sus colegas magistrados como nuevo jefe del Supremo luego de que la sesión para elegir al nuevo presidente fuese diferida en oportunidades anteriores por falta de quórum. Hasta la fecha, Marval fue primer vicepresidente del organismo.

Pedro Troconis Da Silva y Domingo Javier Salgado Rodríguez fueron elegidos como primer y segundo vicepresidente respectivamente.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, siguiendo los estatutos de la Asamblea Nacional (AN), realizará este domingo 3 de noviembre elecciones internas para nombrar una nueva junta directiva que regirá los destinos del Poder Judicial durante los próximos dos años. El aspirante a ser el nuevo presidente de este órgano es Antonio Marval, quien afirmó que está trabajando para construir un piso jurídico en la nueva Venezuela.

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“Se está trabajando para ese paso del conflicto hacia la paz, donde el TSJ es la columna vertebral en la recuperación del Estado de Derecho (…) esto “dará la posibilidad de que en Venezuela ingresen nuevas empresas y se recupere la economía, porque habrá seguridad jurídica, respeto a los Derechos Humanos y justicia para los violadores de los DDHH”, expresó.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Alejandro Rebolledo, afirmó que la publicación del nombre de Tareck El Aissami en la lista de los más buscados de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos es un gran avance para su detención. A su juicio, poco a poco sus colaboradores comenzarán a traicionarlo y apoyarán en su captura.

Tareck El Aissami podría ser capturado con colaboración de su propio entorno – VPItv

“Todas las personas que están en este proceso están cooperando para que se pueda capturar a Tareck El Aissami. Sin embargo, el hecho de que él haya hablado desde Guayana, donde actualmente operan grupos terroristas, es un reto para los servicios de seguridad de Estados Unidos”, aseveró el abogado.

Nicolás Maduro tomará posesión el próximo 10 de enero de su nuevo periodo presidencial, juramentándose ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y no ante la Asamblea Nacional (AN), como lo establece el artículo 231 de la Constitución.

La Asamblea Nacional advirtió, este sábado durante la instalación de la nueva directiva de la AN, que Nicolás Maduro estará usurpando la presidencia de Venezuela a partir del 10 de enero, cuando asuma su segundo mandato.

Por su parte, se presenta la lista de los 31 magistrados ante los que se juramentará Maduro.

Maikel Moreno (Presidente del TSJ)

Magistrados de la Sala Constitucional

Juan José Mendoza
Arcadio Delgado Rosales
Carmen Zuleta de Marchán
Gladys Gutiérrez Alvarado
Calixto Ortega Ríos
Luis Damiani Bustillos
Lourdes Suárez Anderson

Magistrados de la Sala Político-Administrativa

Marco Antonio Medina
Bárbara César Siero
Inocencio Figueroa
María Ameliach Villarroel
Eulalia Guerrero Rivero

Magistrados de la Sala Electoral

Indira Alfonzo Izaguirre
Malaquías Gil Rodríguez
Fanny Márquez Cordero
Jhannett Madriz Sotillo

Magistrados de la Sala de Casación Civil

Yván Bastardo Flores
Francisco Velásquez Estévez
Guillermo Blanco Vázquez
Marisela Godoy Estaba
Vilma Fernández González

Magistrados de la Sala de Casación Penal

Elsa Janeth Gómez Moreno
Francia Coello
Juan Ibarra Verencuela
Yanina Karabín de Díaz

Magistrados de la Sala de Casación Social

Marjorie Calderón Guerrero
Jesús Jiménez Alfonzo
Edgar Gavidia
Mónica Gioconda Misticchio
Danilo Mojica

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El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina informó que fue diferida la audiencia preliminar del parlamentario Juan Requesens y se presume utilicen la excusa de no tener mecanismo para su traslado, advirtió.

Indicó que se trata de una nueva violación a los derechos fundamentales del parlamentario y, a su juicio, esto demuestra una vez más la arbitrariedad de un régimen usurpador que hoy se impone en Venezuela.

Así lo dio a conocer Marquina en la Comisión Delegada, instalada este miércoles en el Palacio Federal Legislativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 53, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

En este sentido, aseveró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúa con esa política de violación en los casos procesales de los ciudadanos y es esa la razón por la cual no ha dado audiencia en toda esta semana, señaló.

“Difieren nuevamente la audiencia preliminar de Juan Requesens para seguir manteniéndolo de manera ilegal e inconstitucional privado ilegalmente de su libertad, a un diputado que goza de inmunidad parlamentaria”, apuntó el asambleísta.

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Nuevamente la fracción 16 de julio instó a la Asamblea Nacional a que se discuta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que se exige al Parlamento llenar la vacante de presidente de la República, luego de que fuera declarada la falta absoluta del mandatario.

Omar González, diputado de la fracción 16 de julio , hizo la solicitud ante la plenaria para incluir en agenda del orden del dia la discusión de este punto, sin embargo no fue tomada en cuenta la petición

Gonzalez indicó que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, deben ser acatadas inmediatamente, y no llevadas a la comisión evaluadora compuesta por jurístas de la Asamblea Nacional, tal como lo ha indicado el presidente de ese organismo, Omar Barboza.

Sobre la decisión del Caricom de apoyar a Guyana en el diferendo de El Esequibo, González indicó que una vez mas el Gobierno cubano es quien decide sobre asuntos venezolanos.

Los diputados regionales al Consejo Legislativo del estado Miranda, Carlos Arias, Flavia Martineau y Milagros Valera rechazaron las denuncias de Yahir Muñoz, procurador del estado Miranda, realizadas en la Contraloría General de la República, en contra del ex gobernador de esta entidad, Henrique Capriles, por considerarlas parte de una estrategia de retaliación política. Los legisladores aseveraron que “el gobierno más corrupto de la historia del país nunca lo han investigado, el Contralor debería hacer esa investigación”.

Muñoz lleva a cabo un sistemático acoso mediante las instituciones del régimen como son el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, la Fiscalía General de la República y la Contraloría, por presunto peculado durante la gestión de Capriles.

En este orden los diputados regionales enfatizaron en la falsedad de estas denuncias montadas con expedientes forjados, “Se trata de revanchismo político, el pueblo de Miranda está claro en la transparencia de la gestión de Henrique Capriles y de su equipo”.

“El pueblo de Miranda respalda siempre a Capriles y el oficialismo no conforme con robarse las pasadas elecciones regionales en Miranda, ahora planea forjar falsas acusaciones en contra del ex gobernador”.
“Exhortamos al gobierno regional de Miranda y al oficialismo a dejar el acoso político y dedicarse a mejorar la vida de los mirandinos, debido a que esta entidad está abandonada por la actual gestión”.

“Existe el fundamento jurídico necesario para debatir y autorizar, desde la Asamblea Nacional, el procesamiento de Nicolás Maduro por el legítimo Tribunal Supremo de Justicia que, en pleno, lo acordó”, señaló enfáticamente el diputado Luis Barragán, integrante de la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio.

“Constitucional y legalmente fundamentado, el parlamento debe reivindicarse ante la ciudadanía, dándole la profundidad política necesaria a un debate que decida a la mayor brevedad posible lo conducente para dar inicio a la tan deseada transición, sin las dilaciones, maniobras o escarceos que siempre son de especial interés para la dictadura. El trámite es de una sencillez acorde a las urgencias del país, por lo que se espera que efectivamente sesione la Asamblea Nacional, teniendo por único motivo la materia, con el quorum reglamentario correspondiente”.

 Interpelado sobre la reciente notificación del TSJ hecha al cuerpo legislativo y la expresa exclusión de la Fracción 16 de Julio del comunicado emanado de la llamada junta directiva ampliada, indicó que el diputado Juan Pablo García, al solicitar la modificación del Orden del Día, el martes 10 de los corrientes, consignó copia impresa de la decisión, por lo que fue innecesaria la espera de varios días para darle entrada a la cámara de un asunto tan urgente, sobre todo tratándose de un hecho notorio, público y comunicacional.

“Nuestro vocero oficial en la materia, el diputado García, hizo lo propio al consignar copia de la decisión que, además, seguramente no es distinta a la que motiva el comunicado de la directiva asamblearia. Fue inútil la espera, como lo sería para un reportero de sucesos que no puede cubrir y ocuparse de la reseña de un homicidio harto evidente, porque tiene que sentarse a esperar que algún día llegue a sus manos el acta de defunción”.

Alegando que no existe razón alguna para alargar o postergar artificialmente la decisión, el diputado Barragán indicó que el procedimiento parlamentario implica el nombramiento de una comisión que, en un plazo perentorio, presente el informe correspondiente a la plenaria para la definitiva autorización: “Naturalmente, deben conformarla los representantes de todas y cada una de las corrientes o fracciones que hacen vida en la Asamblea Nacional. La exclusión o pretendida exclusión de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, le restará.

Venezuela atraviesa la crisis humanitaria mas compleja del continente, el 89 % de los hogares no cuenta con suficientes recursos para comprar alimentos, la mayoría de las familias venezolanas no comen 3 comidas al día, y la desnutrición infantil ha llegado al 15% lo que significa niveles agudos de desnutrición, y hay un 90% de escasez de medicinas, que se traduce en que muchas veces las enfermedades perfectamente prevenibles y tratables se vuelven una sentencia de muerte. Se estima que entre 2.5 millones de habitantes y 4 millones han abandonado el país en busca de mejor calidad de vida.

Los organismos internacionales se han pronunciado alarmados por la situación del país.  El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que la situación es “catastrófica”, y el programa de refugiados ACNUR emitió una Nota de Orientación sobre el flujo de venezolanos, en la que pidió “garantizar los estándares mínimos a los emigrantes venezolanos: legalidad, accesibilidad a los trámites pertinentes en el país de destino, acceso a los derechos básicos: salud, educación, unión familiar, libertad de circulación, albergue y trabajo; y evitar la deportación o expulsión.

La dimensión de la compleja crisis humanitaria que se vive en Venezuela demanda del conjunto de los actores internacionales para encontrar soluciones. Los venezolanos reencauzaran la democracia, pero necesitamos del apoyo internacional para lograrlo.

En lo internacional, hay que identificar dos planos fundamentales. El de los países democráticos del mundo, que sienten un compromiso ineludible en la defensa universal de los valores democráticos como los bloques representados en el Grupo de Lima de la OEA y la Unión Europea, y la diáspora internacional. Esa misma diáspora que se ha visto forzada al exilio, y que desde los diferentes ámbitos se activa en la búsqueda de soluciones para sus paisanos. Organizan caravanas de apoyo en sus países de acogida, escriben a sus políticos y representantes, publican artículos y dan entrevistas en los medios, y aportan constructivamente desde la academia con foros y propuestas.

Todo esto ha generado conciencia para fortalecer el apoyo de nuestros aliados. La crisis es tan compleja que no podemos desafiar los obstáculos sin el apoyo firme de los países democráticos y las instituciones internacionales.

Desde el pasado año, la presión internacional fue tomando forma con la petición iniciada por el Vaticano de exigir al gobierno respeto a la Asamblea Nacional única instancia parlamentaria legítima, permitir la apertura de un canal humanitario para ingresar alimentos y medicinas, liberar a los presos políticos y celebrar elecciones libres y transparentes.

También, en 2017 tras la decisión fraudulenta del Tribunal Supremo de Justicia, de suprimir las funciones de la Asamblea Nacional opositora, electa por la mayoría de los venezolanos en las elecciones del 2015, y la subsecuente represión del gobierno en las protestas contra ciudadanos pacíficos, los gobiernos de Europa y América dieron una respuesta contundente emitiendo medidas estrictas contra los violadores de derechos humanos y funcionarios incursos en actos de corrupción, en un hecho que sacudió por primera vez en 18 años, las bases de la cúpula que hoy gobierna en el país.

La denuncia es clave en obtener respuesta internacional. Cuando los ciudadanos viven bajo la ausencia de libertades democráticas, cada testimonio, cada registro, es importante. Por eso, debemos convertirnos en replicadores del mensaje, levantar la voz y denunciar a diario. Ese es el secreto. Que no quede un rincón del mundo donde no se denuncie los abusos y amenazas. Mientras hay un dictadura que pretende limpiar su imagen convocando elecciones fraudulentas, y que además mantiene a más de 370 presos políticos injustamente, una dictadura que está matando al pueblo de hambre  y escasez de medicinas en un holocausto silencioso, tenemos el deber de levantar la voz.

Hoy el Ejecutivo esta contra las cuerdas porque gracias al trabajo internacional que han emprendido los defensores de derechos humanos venezolanos y las organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se ha logrado recaudar evidencia incontrovertible de violaciones de derechos humanos que posiblemente puedan acarrear al gobierno responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional.

De la misma manera los desafíos políticos mas complejos de la humanidad han requerido del apoyo multinacional, las últimas medidas apoyadas por la Unión Europea y Estados Unidos y las investigaciones abiertas, le mandan al régimen un mensaje claro: sus abusos no serán tolerados bajo la mirada del mundo entero.

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que los “ilegales” magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “son simples esbirros del Gobierno”, y sostuvo que “se han convertido en enemigos de todos los venezolanos”.

“Sin duda alguna el TSJ ha sido el principal actor en el aniquilamiento de la democracia venezolana, al emitir decisiones y sentencias que contravienen lo que expresa nuestra Constitución y las leyes, solo para favorecer la permanencia del régimen madurista en el poder”, dijo en una entrevista concedida a Crónica Uno.

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