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El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Alejandro Rebolledo, afirmó que la publicación del nombre de Tareck El Aissami en la lista de los más buscados de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos es un gran avance para su detención. A su juicio, poco a poco sus colaboradores comenzarán a traicionarlo y apoyarán en su captura.

Tareck El Aissami podría ser capturado con colaboración de su propio entorno – VPItv

«Todas las personas que están en este proceso están cooperando para que se pueda capturar a Tareck El Aissami. Sin embargo, el hecho de que él haya hablado desde Guayana, donde actualmente operan grupos terroristas, es un reto para los servicios de seguridad de Estados Unidos», aseveró el abogado.

Nicolás Maduro tomará posesión el próximo 10 de enero de su nuevo periodo presidencial, juramentándose ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y no ante la Asamblea Nacional (AN), como lo establece el artículo 231 de la Constitución.

La Asamblea Nacional advirtió, este sábado durante la instalación de la nueva directiva de la AN, que Nicolás Maduro estará usurpando la presidencia de Venezuela a partir del 10 de enero, cuando asuma su segundo mandato.

Por su parte, se presenta la lista de los 31 magistrados ante los que se juramentará Maduro.

Maikel Moreno (Presidente del TSJ)

Magistrados de la Sala Constitucional

Juan José Mendoza
Arcadio Delgado Rosales
Carmen Zuleta de Marchán
Gladys Gutiérrez Alvarado
Calixto Ortega Ríos
Luis Damiani Bustillos
Lourdes Suárez Anderson

Magistrados de la Sala Político-Administrativa

Marco Antonio Medina
Bárbara César Siero
Inocencio Figueroa
María Ameliach Villarroel
Eulalia Guerrero Rivero

Magistrados de la Sala Electoral

Indira Alfonzo Izaguirre
Malaquías Gil Rodríguez
Fanny Márquez Cordero
Jhannett Madriz Sotillo

Magistrados de la Sala de Casación Civil

Yván Bastardo Flores
Francisco Velásquez Estévez
Guillermo Blanco Vázquez
Marisela Godoy Estaba
Vilma Fernández González

Magistrados de la Sala de Casación Penal

Elsa Janeth Gómez Moreno
Francia Coello
Juan Ibarra Verencuela
Yanina Karabín de Díaz

Magistrados de la Sala de Casación Social

Marjorie Calderón Guerrero
Jesús Jiménez Alfonzo
Edgar Gavidia
Mónica Gioconda Misticchio
Danilo Mojica

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El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina informó que fue diferida la audiencia preliminar del parlamentario Juan Requesens y se presume utilicen la excusa de no tener mecanismo para su traslado, advirtió.

Indicó que se trata de una nueva violación a los derechos fundamentales del parlamentario y, a su juicio, esto demuestra una vez más la arbitrariedad de un régimen usurpador que hoy se impone en Venezuela.

Así lo dio a conocer Marquina en la Comisión Delegada, instalada este miércoles en el Palacio Federal Legislativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 53, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

En este sentido, aseveró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúa con esa política de violación en los casos procesales de los ciudadanos y es esa la razón por la cual no ha dado audiencia en toda esta semana, señaló.

“Difieren nuevamente la audiencia preliminar de Juan Requesens para seguir manteniéndolo de manera ilegal e inconstitucional privado ilegalmente de su libertad, a un diputado que goza de inmunidad parlamentaria”, apuntó el asambleísta.

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Nuevamente la fracción 16 de julio instó a la Asamblea Nacional a que se discuta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que se exige al Parlamento llenar la vacante de presidente de la República, luego de que fuera declarada la falta absoluta del mandatario.

Omar González, diputado de la fracción 16 de julio , hizo la solicitud ante la plenaria para incluir en agenda del orden del dia la discusión de este punto, sin embargo no fue tomada en cuenta la petición

Gonzalez indicó que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, deben ser acatadas inmediatamente, y no llevadas a la comisión evaluadora compuesta por jurístas de la Asamblea Nacional, tal como lo ha indicado el presidente de ese organismo, Omar Barboza.

Sobre la decisión del Caricom de apoyar a Guyana en el diferendo de El Esequibo, González indicó que una vez mas el Gobierno cubano es quien decide sobre asuntos venezolanos.

Los diputados regionales al Consejo Legislativo del estado Miranda, Carlos Arias, Flavia Martineau y Milagros Valera rechazaron las denuncias de Yahir Muñoz, procurador del estado Miranda, realizadas en la Contraloría General de la República, en contra del ex gobernador de esta entidad, Henrique Capriles, por considerarlas parte de una estrategia de retaliación política. Los legisladores aseveraron que “el gobierno más corrupto de la historia del país nunca lo han investigado, el Contralor debería hacer esa investigación”.

Muñoz lleva a cabo un sistemático acoso mediante las instituciones del régimen como son el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, la Fiscalía General de la República y la Contraloría, por presunto peculado durante la gestión de Capriles.

En este orden los diputados regionales enfatizaron en la falsedad de estas denuncias montadas con expedientes forjados, “Se trata de revanchismo político, el pueblo de Miranda está claro en la transparencia de la gestión de Henrique Capriles y de su equipo”.

“El pueblo de Miranda respalda siempre a Capriles y el oficialismo no conforme con robarse las pasadas elecciones regionales en Miranda, ahora planea forjar falsas acusaciones en contra del ex gobernador”.
“Exhortamos al gobierno regional de Miranda y al oficialismo a dejar el acoso político y dedicarse a mejorar la vida de los mirandinos, debido a que esta entidad está abandonada por la actual gestión”.

“Existe el fundamento jurídico necesario para debatir y autorizar, desde la Asamblea Nacional, el procesamiento de Nicolás Maduro por el legítimo Tribunal Supremo de Justicia que, en pleno, lo acordó”, señaló enfáticamente el diputado Luis Barragán, integrante de la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio.

“Constitucional y legalmente fundamentado, el parlamento debe reivindicarse ante la ciudadanía, dándole la profundidad política necesaria a un debate que decida a la mayor brevedad posible lo conducente para dar inicio a la tan deseada transición, sin las dilaciones, maniobras o escarceos que siempre son de especial interés para la dictadura. El trámite es de una sencillez acorde a las urgencias del país, por lo que se espera que efectivamente sesione la Asamblea Nacional, teniendo por único motivo la materia, con el quorum reglamentario correspondiente”.

 Interpelado sobre la reciente notificación del TSJ hecha al cuerpo legislativo y la expresa exclusión de la Fracción 16 de Julio del comunicado emanado de la llamada junta directiva ampliada, indicó que el diputado Juan Pablo García, al solicitar la modificación del Orden del Día, el martes 10 de los corrientes, consignó copia impresa de la decisión, por lo que fue innecesaria la espera de varios días para darle entrada a la cámara de un asunto tan urgente, sobre todo tratándose de un hecho notorio, público y comunicacional.

“Nuestro vocero oficial en la materia, el diputado García, hizo lo propio al consignar copia de la decisión que, además, seguramente no es distinta a la que motiva el comunicado de la directiva asamblearia. Fue inútil la espera, como lo sería para un reportero de sucesos que no puede cubrir y ocuparse de la reseña de un homicidio harto evidente, porque tiene que sentarse a esperar que algún día llegue a sus manos el acta de defunción”.

Alegando que no existe razón alguna para alargar o postergar artificialmente la decisión, el diputado Barragán indicó que el procedimiento parlamentario implica el nombramiento de una comisión que, en un plazo perentorio, presente el informe correspondiente a la plenaria para la definitiva autorización: “Naturalmente, deben conformarla los representantes de todas y cada una de las corrientes o fracciones que hacen vida en la Asamblea Nacional. La exclusión o pretendida exclusión de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, le restará.

Venezuela atraviesa la crisis humanitaria mas compleja del continente, el 89 % de los hogares no cuenta con suficientes recursos para comprar alimentos, la mayoría de las familias venezolanas no comen 3 comidas al día, y la desnutrición infantil ha llegado al 15% lo que significa niveles agudos de desnutrición, y hay un 90% de escasez de medicinas, que se traduce en que muchas veces las enfermedades perfectamente prevenibles y tratables se vuelven una sentencia de muerte. Se estima que entre 2.5 millones de habitantes y 4 millones han abandonado el país en busca de mejor calidad de vida.

Los organismos internacionales se han pronunciado alarmados por la situación del país.  El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que la situación es “catastrófica”, y el programa de refugiados ACNUR emitió una Nota de Orientación sobre el flujo de venezolanos, en la que pidió “garantizar los estándares mínimos a los emigrantes venezolanos: legalidad, accesibilidad a los trámites pertinentes en el país de destino, acceso a los derechos básicos: salud, educación, unión familiar, libertad de circulación, albergue y trabajo; y evitar la deportación o expulsión.

La dimensión de la compleja crisis humanitaria que se vive en Venezuela demanda del conjunto de los actores internacionales para encontrar soluciones. Los venezolanos reencauzaran la democracia, pero necesitamos del apoyo internacional para lograrlo.

En lo internacional, hay que identificar dos planos fundamentales. El de los países democráticos del mundo, que sienten un compromiso ineludible en la defensa universal de los valores democráticos como los bloques representados en el Grupo de Lima de la OEA y la Unión Europea, y la diáspora internacional. Esa misma diáspora que se ha visto forzada al exilio, y que desde los diferentes ámbitos se activa en la búsqueda de soluciones para sus paisanos. Organizan caravanas de apoyo en sus países de acogida, escriben a sus políticos y representantes, publican artículos y dan entrevistas en los medios, y aportan constructivamente desde la academia con foros y propuestas.

Todo esto ha generado conciencia para fortalecer el apoyo de nuestros aliados. La crisis es tan compleja que no podemos desafiar los obstáculos sin el apoyo firme de los países democráticos y las instituciones internacionales.

Desde el pasado año, la presión internacional fue tomando forma con la petición iniciada por el Vaticano de exigir al gobierno respeto a la Asamblea Nacional única instancia parlamentaria legítima, permitir la apertura de un canal humanitario para ingresar alimentos y medicinas, liberar a los presos políticos y celebrar elecciones libres y transparentes.

También, en 2017 tras la decisión fraudulenta del Tribunal Supremo de Justicia, de suprimir las funciones de la Asamblea Nacional opositora, electa por la mayoría de los venezolanos en las elecciones del 2015, y la subsecuente represión del gobierno en las protestas contra ciudadanos pacíficos, los gobiernos de Europa y América dieron una respuesta contundente emitiendo medidas estrictas contra los violadores de derechos humanos y funcionarios incursos en actos de corrupción, en un hecho que sacudió por primera vez en 18 años, las bases de la cúpula que hoy gobierna en el país.

La denuncia es clave en obtener respuesta internacional. Cuando los ciudadanos viven bajo la ausencia de libertades democráticas, cada testimonio, cada registro, es importante. Por eso, debemos convertirnos en replicadores del mensaje, levantar la voz y denunciar a diario. Ese es el secreto. Que no quede un rincón del mundo donde no se denuncie los abusos y amenazas. Mientras hay un dictadura que pretende limpiar su imagen convocando elecciones fraudulentas, y que además mantiene a más de 370 presos políticos injustamente, una dictadura que está matando al pueblo de hambre  y escasez de medicinas en un holocausto silencioso, tenemos el deber de levantar la voz.

Hoy el Ejecutivo esta contra las cuerdas porque gracias al trabajo internacional que han emprendido los defensores de derechos humanos venezolanos y las organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se ha logrado recaudar evidencia incontrovertible de violaciones de derechos humanos que posiblemente puedan acarrear al gobierno responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional.

De la misma manera los desafíos políticos mas complejos de la humanidad han requerido del apoyo multinacional, las últimas medidas apoyadas por la Unión Europea y Estados Unidos y las investigaciones abiertas, le mandan al régimen un mensaje claro: sus abusos no serán tolerados bajo la mirada del mundo entero.

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que los «ilegales» magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «son simples esbirros del Gobierno», y sostuvo que «se han convertido en enemigos de todos los venezolanos».

«Sin duda alguna el TSJ ha sido el principal actor en el aniquilamiento de la democracia venezolana, al emitir decisiones y sentencias que contravienen lo que expresa nuestra Constitución y las leyes, solo para favorecer la permanencia del régimen madurista en el poder», dijo en una entrevista concedida a Crónica Uno.

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Transcurrido casi un mes del suceso en el que el magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edgar Gavidia Rodríguez fue señalado de atentar contra la vida de su esposa Francis Flores, el funcionario no ha sido aprehendido ni tampoco la Sala Plena del alto Tribunal ha iniciado el antejuicio de mérito correspondiente. Menos aún ha sido destituido o suspendido de su cargo según lo establecido en los artículos 32 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

El reporte inicial del periodista Deivis Ramírez a través de su cuenta en la red social Twitter (@deivisramirez) e informaciones reflejadas después por medios nacionales e internacionales, indica que el 12 de febrero Gavidia Rodríguez, presuntamente bajo los efectos del alcohol y las drogas, le produjo una fractura en el fémur izquierdo a su cónyuge, tras haberle disparado en medio de una discusión por celos. Luego del hecho ocurrido en el estacionamiento de una urbanización privada en Lechería, estado Anzoátegui, se dijo que incluso el magistrado dejó a la mujer herida y se fue a Caracas, previas amenazas contra los testigos para que declararan que lo ocurrido había sido a causa de un robo.

A pesar de que el caso fue ampliamente difundido, lo que constituye una notitia criminisninguna autoridad, ni siquiera el Ministerio Público, se ha pronunciado al respecto, lo que demuestra que el hecho notorio comunicacional sólo le sirve al poder político cuando le conviene.

De acuerdo con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley de Violencia de Género) y la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del TSJ, en un caso como el antes descrito procedería una detención in fraganti de acuerdo a la concepción clásica de flagrancia, es decir, sin orden de inicio de investigación ni orden judicial.

También es plausible, según la mencionada jurisprudencia, que se produzca la aprehensión del agresor cuando existan indicios contundentes que permitan establecer el nexo causal entre el delito de género y el autor de la agresión, aunque no esté cometiendo el delito en ese preciso momento.

En todo caso, el magistrado no ha sido aprehendido bajo ninguna de las modalidades de la detención en flagrancia antes mencionadas, la clásica o la especial para los delitos de género, y ni siquiera se tiene noticia de que se esté realizando investigación alguna.

Debemos señalar que la ley de la materia establece que se puede activar el inicio de una investigación del Ministerio Público por una denuncia por parte de la víctima, de sus familiares, del personal de salud que la atendió o incluso de los funcionarios de las defensorías de los derechos de la mujer.

La ley también permite que los Consejos Comunales y las organizaciones defensoras de los derechos de la mujeres puedan denunciar, y, finalmente, indica que cualquier persona o institución que tenga conocimiento del hecho puede hacerlo (artículo 70).

Así, habiendo la posibilidad de que cualquier institución o persona denuncie, y a pesar de que desde el Gobierno se erigieron estructuras burocráticas en defensa de la mujer, resulta abrumador el silencio que ha habido ante una situación pública y notoria.

Trayectoria

Edgar Gavidia Rodríguez fue designado como magistrado de la Sala de Casación Social del TSJ el 28 de diciembre de 2014 por la Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista y no está claro si cumple los requisitos para el cargo por no haber renunciado públicamente a su militancia política. En efecto, fue electo concejal principal al Cabildo Metropolitano de Caracas por el extinto Movimiento V República (MVR) durante dos períodos, en los que llegó a ocupar la vicepresidencia.

Aunque cumple con los requisitos mínimos legales para ser magistrado, lo que en el TSJ es algo excepcional —ya que consta que es abogado, con ejercicio de la profesión por quince años y con postgrado— no tiene ningún otro mérito ni es un jurista reconocido; sólo se sabe que cuñado de la primera dama de la República y constituyentista, Cilia Flores.

Por otro lado, se debe destacar un hecho absurdo: según sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 4 de febrero de 2016, en un caso como este no sería aplicable el Código de Ética del Juez Venezolano, pues según el criterio de la Sala, “el régimen disciplinario de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia está previsto en el artículo 265 constitucional”, lo cual no es cierto pues lo que establece la norma es el procedimiento de remoción de dichos funcionarios, lo que no tiene que ver con el régimen disciplinario aunque puedan tener causales comunes. Es decir, no son procedimientos que se excluyen entre sí como se pretende sostener en la sentencia mencionada.

Comunicado naranja

Red Naranja, un grupo de ONG que trabajan por los derechos de la mujer, publicó recientemente un comunicado al que se adhirió Acceso a la Justicia, en el que se solicitó se realizara una investigación imparcial en este caso, pero a la fecha no ha sido respondido por ningún organismo del Estado.

A esto se añade lo irónico que resulta que un magistrado presuntamente trasgreda los derechos de las mujeres, cuando ha sido el propio TSJ quien creó la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, y ha sido el propulsor de las últimas reformas legislativas en Venezuela sobre la materia. Resulta fácil crear una comisión e incluso redactar una norma, lo difícil suele ser poner en marcha las políticas públicas para su efectiva aplicación e impartir justicia para las víctimas.

Vale recordar que una de las obligaciones de las instituciones que dicen proteger los derechos de las mujeres es evitar que las víctimas se mantengan en el denominado ciclo de la violencia, el cual, de acuerdo con los expertos, comprende cuatro fases: tensión, agresión, separación y reconciliación.

La primera etapa siempre suele estar acompañada de violencia psicológica, y si el ciclo alcanza la segunda fase, estaríamos en la etapa de agresiones físicas, sexuales o psicológicas, que pueden ocasionar graves daños físicos y/o psíquicos a la víctima, como podría ser el caso que nos ocupa. Finalmente, el proceso puede llevar a una separación en la que el agresor utiliza diferentes herramientas, como la económica, su poder político o el engaño para generar una reconciliación y reiniciar así el ciclo otra vez. De ahí la urgencia de que las instituciones llamadas a proteger los derechos de la mujer actúen.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El poder se ha vanagloriado en la protección de la mujer, creando instituciones para su defensa y redactando leyes para sancionar a quienes la agreden, pero todo ello ha quedado en muchas ocasiones en papel mojado y simples avisos publicitarios porque no ha estado acompañado de acciones concretas que pongan en evidencia que la ley es para todos, como en el caso de Francis Flores, incluso para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, en este caso, lo más atronador es el vergonzoso silencio que se siente desde las instituciones que deben proteger a la mujer y que les transmite a las víctimas el peor de los mensajes: están solas.

El activista político Enrique Aristeguieta Gramcko ofreció este domingo una conferencia de prensa en la que habló de su detención por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y de las venideras elecciones presidenciales pautadas para el primer cuatrimestre del año.

Tras leer un comunicado en agradecimiento a familiares, amigos, abogados, allegados, sociedad civil y dirigentes políticos que se preocuparon y manifestaron su rechazo tras hacerse pública su detención, el miembro de la Junta Patriótica que derrocó a Marcos Pérez Jiménez en 1958 dijo sentirse «afortunado» por «luchar no contra una, sino contra dos dictaduras», en referencia al gobierno de Nicolás Maduro.

Dijo que su detención, ocurrida la madrugada del miércoles, fue más bien un «secuestro», luego de que efectivos del Sebin irrumpieran en su residencia sin orden de allanamiento ni de captura y se lo llevaran a El Helicoide.

«Me hicieron unas preguntas bastante insulzas, me grabaron y luego me dieron una colchoneta para que descansara. «En la mañana me tomaron una declaración escrita y les dije que no sabía por qué me habían detenido. Un funcionario, por cierto, muy amable, me dijo que estaba allí por instigación al odio», relató.

A propósito, tildó de «disparate» la ley contra el odio, «primero porque la emitió una (Asamblea Nacional) Constituyente que no es tal, y luego porque deja a criterio de quien quiera interpretarla si se cometió el delito».

«Lo que buscan es sembrar temor», agregó, al tiempo que contó que fue trasladado «a un lugar grande, dispuesto para funcionarios, en el que residen varios detenidos», y que allí coincidió «con un abogado que tiene seis meses detenido, y con dos adolescentes acusadas de ‘guarimberas'».

«Pasé varias horas allí, conversé con ellos, me preguntaron sobre la historia de Venezuela. Luego me llevaron a un calabozo sórdido del TSJ, olía muy mal, y vi unos escritos en las paredes de Leocenis García», recordó.

Sobre la publicación de su hija en Facebook que aseguraba que su detención fue por su participación en el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, el doctor Aristeguieta Gramcko afirmó que «sí hubo una mención» al respecto, pero resaltó que le hicieron saber que su detención también obedecía a «mensajes en Twitter y WhatsApp».

«No sé quién habrá emitido la orden desde arriba, pero tengo mis sospechas de qué funcionario mandó a arrestarme. Voy a dar con el origen de esto, mis precisiones nunca fallan», expresó, e hizo especial énfasis en que siempre lo trataron «bien», con amabilidad, «como deberían tratar a todo el que arrestan».

Rechazo a las elecciones

Preguntado por los comicios presidenciales que se celebrarán antes del 30 de abril, el abogado se hizo eco de las declaraciones hechas por la Conferencia Episcopal Venezolana: «No se puede ir a unos comicios convocados por una ANC ilegítima que atenta contra los derechos de los venezolanos, en medio de un colapso nacional».

Aseguró que «la liberación de Venezuela está cerca», y dio fe de que en el Sebin y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pudo apreciar que «muchos funcionarios no están de acuerdo con esas prácticas totalitarias» del Ejecutivo nacional.

«Todos ellos pasan las mismas penurias que nosotros, y estoy seguro que incluso altos mandatarios del régimen quisieran llevar otra vida, porque saben que son rechazados por la mayoría (…) A los 84 años quiero contribuir a dejar una Venezuela libre. Utilizaré todas las fuerzas que me quedan para abrir las rejas de los calabozos que encierran a quienes luchan contra la tiranía», sostuvo.

Aseveró que «nunca había visto tanto rechazo hacia un gobierno nacional», y consideró que en la historia, ni siquiera durante la gestión del dictador Juan Vicente Gómez hubo tanto descontento.

Volviendo al tema electoral, recordó que en las votaciones para la ANC «las mesas estaban vacías y después dijeron que votaron ocho millones», y comparó ese hecho con el plebiscito convocado por Pérez Jiménez.

«El panorama actual es muy parecido, las elecciones se han falseado desde las que ganó Henrique Capriles y dieron como vencedor a Nicolás Maduro. No tiene sentido asistir a un acto que le va a lavar la cara al régimen», sentenció.

Venezuela. Lo que dijo Aristeguieta Gramcko de su detención y de las presidenciales -VPItv