El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio aseguró que el planteamiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de llamar a la conformación de un «Gobierno de Emergencia Nacional que puede implementar el Plan José María Vargas y salvar a Venezuela de una catástrofe humanitaria sin procedentes» está apegado a la Constitución.

«Vele la pena destacar que tales medidas extraordinarias se imponen en beneficio del país, por cuanto solo la pandemia que hoy asola a la humanidad así lo exige», reza parte del comunicado del ente judicial.

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En el documento también se expone que el pueblo venezolano cuenta con las autoridades que integran el máximo órgano con el objetivo de «lograr las soluciones que reclama la nación» para obtener el restablecimiento del orden constitucional.

A través de una carta, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, solicitó una reunión con el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, para tratar aspectos de restablecimiento del orden constitucional en Venezuela.

«El propósito de la reunión es intercambiar impresiones jurídico-políticas necesarias de reunirnos para afianzar la lucha por el restablecimiento del orden constitucional en el país», dicta el comunicado público del órgano judicial en el exilio.

La principal demanda del TSJ en el exilio es respaldo por parte del Gobierno (E).

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Los puntos a tratar en la posible reunión con el también presidente de la Asamblea Nacional (AN), son los siguientes:

  • Apoyo diplomático al TSJ ante la Organización de Estados Americanos (OEA)
  • Notificación roja internacional ante la Interpol contra Nicolás Maduro por diferentes delitos
  • Hacer efectivo la sentencia en fase de ejecución de la Sala Constitucional que declara procedente la conformación de una coalición militar en misión de paz para lograr la apertura de un canal internacional de ayuda humanitaria para el ingreso de alimentos y medicinas
  • Aplicación de medidas dentro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
  • Solicitar recursos y soporte económico para los magistrados en el exilio

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, declaró nula la decisión emitida por aquellos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, quienes se encargan de usurpar el Poder Público venezolano como resultado de la Comisión de Reorganización de Telesur, que fue designada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

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En la semana fue difundido un comunicado por parte del TSJ del régimen, organismo que no dio aprobación para la recuperación de Telesur por la directiva de Guaidó.

«Esta nueva afrenta al Estado de Derecho que pretende la dictadura venezolana viola el derecho humano a la información veraz de los ciudadanos y afecta a quienes habitan en el territorio nacional y a los otros pueblos de Latinoamérica, quienes a través del ejercicio de la prensa libre, responsable y autentica buscan consolidar la democracia», señaló la misiva.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, publicó un video a través de su cuenta en la red social Twitter para celebrar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela.

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Así mismo rechazaron las medidas aplicadas por los cuerpos de seguridad del régimen para evitar el ingreso de los parlamentarios al hemiciclo y así instaurar una nueva junta directiva ilegítima.

«Exhortamos al pueblo de Venezuela, a sus autoridades civiles, militares y a los gobiernos y personalidades internacionales a apoyar y reconocer las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional», expresó el TSJ.

El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio designó al abogado Antonio Marval como presidente de la institución judicial, pero ¿quién es él?

Su nombre completo es Antonio José Marval Jiménez y es abogado especialista en Derecho Penal y Criminología, profesor de la Universidad de Carabobo, según su biografía en Twitter. Comenzó su carrera en la política venezolana en 1996 cuando fue elegido como director general de prisiones del Ministerio de Justicia.

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A Marval se le reconoce, también, porque fue parte del equipo de Foro Penal -organización sin fines de lucro dedicados a la liberación de presos políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro- y de los asesores jurídicos del partido político Voluntad Popular. Fue parte de la defensa del diputado de esta organización, Gilber Caro y a su novia, en enero del 2017, por cargos de traición a la patria.

El 21 de julio de ese año, la Asamblea Nacional designó a Marval como magistrado de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero el Ministerio Público anuló este proceso y ordenó la detención de los magistrados.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lamentó que organismos de origen democrático venezolano tal como lo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, incidan en malas prácticas para la designación de vacantes.

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Asimismo, manifestó que no está de acuerdo con los convenios que buscan solo para alcanzar provechos de intereses que los llevan a transitar «un camino de deslegitimación».

Almagro emitió este mensaje a través de la red social Twitter, tras la publicación que realizó Miguel Ángel Martín, en la cual escribió «en mi carácter de presidente del TSJ legítimo informo y alerto: Que hoy se pretendió instalar una nueva junta directiva espuria violando la ley, utilizando indebidamente las redes sociales».

El magistrado del TSJ en el exilio, Antonio Marval, quien se encuentra como invitado en la Cumbre Latinoamericana que analizará el tema de la crisis venezolana, aseguró que los próximos dos meses son determinantes para que haya un acontecimiento importante en Venezuela.

«Estos dos meses son determinantes para un acontecimiento importante en Venezuela. Creemos que nos estamos enrumbando hacia la libertad. El tema de Venezuela en esta Cumbre Latinoamericana es importante», comentó.

«El problema de los venezolanos es del hemisferio. En lo personal siempre hemos dicho que Venezuela ya está tomada militarmente por los cubanos«, agregó.

«Nosotros siempre apostamos por una salido constitucional y jurídica, pero en estos momentos no se pueden descartar algún otro tipo de vías en vista de las circunstancias. Establecimos un piso jurídico«, enfatizó.

«En este momento el ponente se encuentra trabajando en el texto íntegro de la sentencia del TSJ para que esta sea definitivamente aprobada. La sanción fue a Nicolás Maduro. La investigación a Henrique Capriles le corresponde a la Fiscalía abrir ese procedimiento, sin embargo, no se puede desviar la atención de que la sentencia es fundamentalmente hacia Maduro», cerró Marval.

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Miami - Mag. Antonio Marval afirmó que vienen meses determinantes en Venezuela - VPItv

El TSJ en el exilio difundió públicamente el Acta Final del Juicio que se le realizó a Nicolás Maduro, que culminó con una sentencia condenatoria de 18 años y tres meses de prisión por estar implicado en casos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

Oficialmente, los cargos por los que se le imputó según expuso el acta, son: corrupción propia y legitimación de capitales.

El documento explica detalladamente cómo se realizó todo el proceso que se efectuó con magistrados residenciados en Bogotá, Colombia y en Miami, Estados Unidos; además contó con la presencia de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien tuvo un rol protagónico en cada una de las audiencias.

Aquí puedes leer el Acta Final del Juicio al acta

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La periodista Gabriela Perozo entrevistó en su programa Perspectivas al Magistrado del TSJ en el exilio Pedro Troconis, quien aclaró algunos aspectos relacionados con la sentencia de 18 años y tres meses que se ejecutó contra Nicolás Maduro por casos de corrupción. Asimismo, analizó lo que puede estar por venir para que esa orden judicial sea aplicada por los organismos correspondientes.

«Existe planificación para la rebelión sino no habrían militares detenidos a diario, ese grupo tiene derecho de mantenerse en el anonimato y tienen una orden judicial para aprehender a un usurpador. En Venezuela los organismos internos tienen la autorización de ejecutar la orden. Internacionalmente partiendo de la activación de la Convención de Palermo también tienen esa autorización», comentó.

«La CPI funciona con otro estatuto aparte que es la Convención de Roma y está sustentado por delitos como genocidios, crímenes de guerra y de DDHH. Critiqué que se haga una investigación preliminar», agregó.

«Para que tenemos una Corte Internacional si no actúa. No hay que abrir una investigación preliminar, hay que investigar directamente, por eso es importante que la ONU y los estados miembros hagan presión allá», aseguró.

«No puede existir un Estado delincuente, lo mejor es nombrar un gobierno desde el exilio, desde acá es bueno ejecutar planes de acción. La legitimidad la comenzarán a dar los países del mundo. Ya hay varias peticiones para fijar un gobierno de transición. Cuando la decisión emane de la sala correspondiente, nosotros dictaminaremos si es o no procedente», cerró Troconis.

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Perspectivas - Entrevista al Magistrado Pedro Troconis - VPItv

A propósito de la senrensen emitida este miércoles, por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en la que se condena a Nicolás Maduro a 13 años y tres meses de prisión, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz advirtió que el primer mandatario del país enfrentará otros cargos de crimenes de Lesa Humanidad, violación de DDHH y genocidio a los que ha expuesto a la población.

Ortega Díaz celebró la condena y afirmó que «se hizo justicia». Agregó que esta medida es un paso para lograr «salida de la tiranía del poder».

Ante el vacío en el Ejecutivo, se espera la designación de un Gobierno de transición en los próximos días.