El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo recibió este sábado una solicitud dirigida al magistrado Antonio Marval para declarar al Partido Socialista Unido Venezuela (PSUV) como institución política terrorista.

«Preocupado por la terrible crisis moral, política, social, económica, militar y sobre todo de justicia, que sufre nuestra patria, tengo la necesidad de hacer un llamado a todos los señores magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, en este momento coyuntural que vive la República, convocándolos a declararse en sesión permanente y urgente para determinar la pertinencia de declarar al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como una organización terrorista, narcotraficante», reza parte de la solicitad recibida por el ente judicial.

El documento también expone que a Maduro y a otros dirigentes del PSUV se les ha acusado de » corrupción, narcotráfico y blanqueo de capitales como a su vicepresidente, Diosdado Cabello.

 

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sostuvo una reunión con e presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín. Durante el encuentro discutieron sobre la situación institucional de Venezuela tras la decisión del régimen de no acatar las decisiones del TSJ reconocido por el presidente (E), Juan Guaidó.

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«Me reuní con Miguel Ángel Martín, Presidente del @TSJ_Legitimo Supremo de Justicia Legitimo de Venezuela. Dialogamos sobre la situación institucional del país, y el papel fundamental del Tribunal Legitimo en su redemocratización #OEAconVenezuela», publicó Almagro a través de su cuenta en la red social Twitter.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en la que condenaba a Nicolás Maduro a 18 años y tres meses de prisión, la organización política Vente Venezuela emitió el siguiente comunicado:

Vente Venezuela respalda sentencia del TSJ legítimo contra Maduro

Hoy, 15 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo decidió lo que todos lo venezolanos ratificamos: Nicolás Maduro debe responder a la justicia por corrupto.

En sentencia hecha pública, el máximo tribunal, designado por la actual Asamblea Nacional (AN), ordenó 18 años y tres meses de reclusión contra el dictador, así como el pago de una multa de más de 20 mil dólares y resarcir al país con 35 millones de dólares.

Se trata, en definitiva, de una decisión histórica que también nos compromete a todos, desde cada uno de nuestros espacios, para hacer valer este mandato, que además responde a la exigencia de los ciudadanos.

Nicolás Maduro no es presidente, ni comandante en jefe de la Fuerza Armada, y que esta última tiene la responsabilidad de cumplir la Constitución y, junto a los ciudadanos, contribuir en el restablecimiento del orden democrático.

En Vente Venezuela llamamos a la AN a ejecutar inmediatamente la sentencia como órgano competente en el caso, a llenar el vacío presidencial y a propiciar el respaldo del TSJ por parte de los gobiernos democráticos del mundo, a cuyos representantes solicitamos el apoyo a esta sentencia.

Asimismo, reiteramos que es hora de avanzar contra un régimen débil y en colapso, aferrado al poder a cualquier costo. Este país es nuestro y depende de nosotros recuperarlo para alcanzar con urgencia la libertad.

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano y que ejerce desde el exilio, condenó a 18 años y tres meses de cárcel a Nicolás Maduro, tras comprobarse su participación en hechos de corrupción con la empresa brasilera Odebrecht.

Maduro deberá resarcir a la nación con al menos 35 millones de dólares y como centro de reclusión le fue asignado la cárcel militar de Ramo Verde en estado Miranda.

Con esta sentencia emitida desde el Congreso colombiano en Bogotá se genera un vacío de poder en el Ejecutivo, por lo que se espera la designación de un Gobierno de transición en los próximos días.

Bogotá - Nicolás Maduro es condenado a 18 años y tres meses de cárcel- VPItv

 

 

Este martes, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo y que opera desde el exilio, agradecieron al Senado de Chile por la abrumadora votación, en la que con al menos 23 votos a favor de la iniciativa presentada por el senador Felipe Kast, se pronunciaron en pro del rescate por la democracia en Venezuela y presentaron un proyecto de acuerdo, en que instan al presidente de de Chile, Sebastián Piñera, para que inste a:

1) Desconocer categóricamente a la Asamblea Nacional Constituyente.

2) Reconocer como único Poder Público legítimo a la Asamblea Nacional.

3) Reconocer a el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio, designado y juramentado el 21 de Julio del 2017 por la Asamblea Nacional.

4) Reconocer a la Fiscalía General de la República legítima Luisa Ortega Díaz.

El Senador Felipe Kast, reconoció públicamente las sentencias que este inédito TSJ Legítimo han hecho hasta ahora, resaltando como una de las más importantes, la nulidad absoluta de la Asamblea Nacional Constituyente y el Antejuicio de Mérito contra Nicolás Maduro Moros por hechos de corrupción con la empresa Odebrecht que lo inhabilita para ejercer el cargo.

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nombrados por la Asamblea Nacional serán enjuiciados por traición a la patria luego de iniciar un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro y asegurar que existen méritos para  que sea enjuiciado por supuestos delitos de corrupción y legitimación de capitales.

La decisión, anunciada por los magistrados desde Colombia, fue dada a conocer este lunes, 8 de abril, cuando pidieron a los diputados del Parlamento venezolano continuar el proceso como establece la Constitución del país. Sin embargo, Saab calificó como un acto “circense“, una “burla” una “acción bufa que merece el repudio no solo nacional sino internacional”, dijo en un contacto telefónico con el canal del Estado Venezolana de Televisión.

El fiscal dijo con tono de indignación que “el único sistema de justicia de Venezuela queda en nuestro territorio. Prestarse para violar la soberanía nacional merece el repudio de todo el país, que hoy coloca a estas personas no solo como delincuentes sino como mercenarios del derecho”, afirmó.

 

La decisión de este antejuicio de mérito se dará a conocer el 9 de abril. Tal y como fue solicitado por la Fiscal General de la República, se podría dictar orden de captura internacional contra Nicolás Maduro oficiando a Interpol para que se genere una Alerta Roja en su contra, de llega a acordarse el enjuiciamiento por delitos de corrupción y legitimación de capitales imputados en este acto.

La Sala Plena del TSJ podría acordar que existen méritos para iniciar un proceso penal en contra de Nicolás Maduro, pero para el inicio de ese proceso debe contar con la autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela.  El poder legislativo, tiene la potestad de  autorizar o negar el proceso penal en contra de este ciudadano, de acuerdo al articulo 110 del la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Corresponde a la Asamblea Nacional, autorizar el enjuiciamiento y proceder a la suspensión del cargo e inhabilitación política hasta que se dicte sentencia definitiva.

Desarrollo de la audiencia

Este martes se celebró en el Capitolio de Colombia la audiencia oral y publica de Antejuicio de Mérito contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros luego de la que Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela en el exilio, como titular de la acción penal, expusiera los presuntos hechos de corrupción relacionados a la contratación ente el Estado venezolano y la empresa Odebrecht.

Una vez verificado el quorum de los magistrados del TSJ juramentados legítimamente por la Asamblea Nacional, quienes se encontraban en cuatro naciones (Colombia, Estados Unidos, Chile y Panamá), comenzó la audiencia de Antejuicio de Mérito contra Maduro. Los integrantes de la Sala Plena constataron que Nicolás Maduro no acudió al llamado formal del máximo tribunal de Venezuela pese estar notificado. Por ello el TSJ legítimo declaró la contumacia, es decir, el acto de rebeldía por parte de un funcionario público quien fue notificado de forma oportuna, tal y como lo establece el artículo 117 de la Ley Orgánica del TSJ. Maduro tampoco designó a un defensor privado por lo que se procedió a nombrar a un defensor de oficio, como lo establece el artículo 142 del Código Orgánico Procesal Penal. La defensa de oficio a Nicolás Maduro Moros quedó a cargo de Andrés Felipe Lindo Olando, abogado venezolano quien antes de exiliarse en Colombia, fue defensor de derechos humanos en el estado Táchira.

En horas del mediodía de este martes 3 de abril, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, como solicitante,  dio detalles de montos, reuniones, conexiones, lugares y fechas de cómo se desarrolló la negociación entre el estado venezolano y la empresa brasilera Odebrecht y sus accionistas. Según la titular de Ministerio Publico, Nicolás Maduro quien para la época fungía como canciller de esta nación, recibió maletas llenas de dinero en efectivo para financiar la campaña del fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

Entre los alegatos la Fiscal Ortega Díaz mencionó que existe pruebas del pagos de sobornos a altos funcionarios venezolanos por el orden de los 98 millones de dólares como parte del convenio marco con la empresa brasilera que fueron ejecutados personalmente por Nicolás Maduro como representante y canciller del estado venezolano. Ortega Díaz agregó que dicho convenio entre la Republica de Brasil y la de Venezuela, no fue revisado por el parlamento por lo que no se determinó si este pacto lesionaba o no el patrimonio publico.

La fiscal presentó pruebas y fotografías del caso particular de la  construcción Segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo. Informo que tras una serie de allanamientos pudieron recabar los documentos oficiales de dichos contratos, puntos de cuenta y pagos de anticipos. Según la fiscal, se suscribió un primer contrato por un monto superior a los 2.371 millones de dólares, el cual fue  ampliado a 3.178 millones de dólares. Tras la investigación, se verifico el anticipo pagado por la República Bolivariana de Venezuela a la constructora Odebrecht por mas 407 millones de dólares. A pesar de dicho desembolso, la construcción de las obras jamás de realizó y en el presente encuentran en total abandono.

Ortega Díaz también describió otros presuntos hechos de corrupción referidos a 13 obras de infraestructura entre las que destacan la Línea 5 del Metro de Caracas, la línea 2 Metro de Los Teques y una extensión del puente sobre el Rio Orinoco.

La Fiscal concluyó que Nicolás Maduro Moros, desde que ejercía funciones como canciller de Venezuela,  formaba parte de una amplia e influyente red de corrupción que era respaldada por los gobiernos de Venezuela y Brasil. La trama, protagonizada por la empresa NORBERTO ODEBRECHT, S.A. incluía sobornos, pago de vacunas y  tráfico de influencias. Además en la querella queda establecido que el gobierno hizo pagos recurrentes para la ejecución de las obras que jamás fueron ejecutadas o concluidas.

El monto global de las obras no culminadas por la empresa constructora  NORBERTO ODEBRECHT, S.A., asciende aproximadamente a DOS BILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES (USD $2.500.000.000.000,oo), es decir mas de dos mil millones de dólares.

Ortega Díaz consideró que los hechos están suficientemente acreditados a través de un gran cúmulo de elementos de convicción que fueron presentados ante la Sala Plena del TSJ. Por lo que solicito formalmente:

  • Se declare la existencia de méritos para iniciar causa penal para establecer la responsabilidad de este alto funcionario.
  • Se declare con lugar la solicitud de medida cautelar de privación de libertad enh contra del referido ciudadano.

Ortega Díaz  además solicito que una vez acordado el enjuiciamiento se decrete media privativa de libertad contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros y que se oficie a Interpol a los fines de agregar a su base de datos la alerta roja para que pueda ser ejecutada su  captura a nivel  internacional. Así mismo, la Fiscal General en el exilio, pidió que se oficie a la Fuerza Armada de Venezuela para que ejecute la captura en territorio nacional, en caso de acordarse el inicio del enjuiciamiento.

La Sala Plena del TSJ legítimo podría acordar el próximo 9 de abril el enjuiciamiento de Nicolás Maduro o por el contrario declara el sobreseimiento del caso al considerar que no existen suficientes elementos de convicción para procesarlo penalmente.

La próxima semana se reunirá en TSJ en pleno, en cuatro ciudades de América, para anunciar la decisión que podría conllevar a la detención del ciudadano Nicolás Maduro Moros.