Las solicitudes de asilo en España en lo que va de año llegó a 107.000, es decir, casi el doble que en el 2018 y en su gran mayoría han sido propulsadas por el éxodo venezolano, así lo dio a conocer el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska a EFE.

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Al menos 75 % de las solicitudes provienen de Latinoamérica, siendo Colombia y El Salvador otras dos naciones con un resaltante número de interesados, destacó Grande-Marlaska en un foro en el que defendió la posición de España para apoyar en las soluciones que se vean implicados los refugiados.

España se ha compremetido, por ello ha participado en la formalización del Pacto Global sobre los Refugiados, acuerdo que se firmó hace un año.

Mencionó que la nación contribuirá entre 2020 y 2022 hasta 50 millones de euros como parte de su colaboración a la crisis que atraviesa Venezuela, en conjunto con los planes de asistencia sincronizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Senado español instó al Gobierno venezolano a que a través de “instrumentos de asistencia social” preste ayudas a las familias hispano-venezolanas que están en situación de “precariedad” como consecuencia de los casi dos años de impagos de retribuciones que les debe el Gobierno de Venezuela.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó esta moción con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo Unidos Podemos, que se opuso.

En el texto también se insta al Gobierno español a que reitere al Ejecutivo venezolano la necesidad de pagar “en el plazo más breve posible” las pensiones de estos ciudadanos residentes en España.

En España, según cálculos del partido Ciudadanos, hay unas 3.800 personas afectadas, aunque esta cifra no es un número oficial.

El portavoz de los ciudadanos afectados, Pablo Rodríguez Cejas, indicó que en diciembre de 2015 el Gobierno de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior, además afirma que muchos de ellos son personas de avanzada edad y este es su único ingreso, por lo que se han visto en dificultades económicas, como consecuencia de los dos años de retraso.

Información de EFE

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