Por: Richard Alexander Núñez (@alexaandern)
Este martes se cumplen 21 años del 11 de abril del 2002, una fecha que confirmó el inicio de un dificultoso siglo XXI en Venezuela, en la que por unas horas Hugo Chávez Frías abandonó el poder, que luego recuperó hasta su muerte, anunciada el 5 de marzo del pasado año 2013.
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Manifestaciones sociales, asedio contra diplomáticos internacionales, disputas televisivas y legales, marchas, renuncias, detenciones, versiones y contraversiones, un Gobierno considerado “de facto”, 19 muertes y al menos cinco personas heridas, fueron algunos de los hechos que ocurrieron ese día.
¿Pero cómo se llegó a esa situación? La recordada jornada del 11 de abril tiene su explicación en los meses y años anteriores, desde el comienzo del primer mandato de Chávez en 1999.
La disputa entre Chávez y los empresarios venezolanos
Desde que el fallecido Hugo Chávez asumiera como presidente de Venezuela el 2 de febrero de 1999 y anunciara un proceso para modificar la Constitución nacional, los sectores empresariales que hacían vida en el país por aquel entonces mostraron su preocupación.
La patronal Fedecámaras, presidida por Vicente Brito, manifestó su negativa a apoyar la propuesta gubernamental pues observó la elaboración de leyes que no eran beneficiosas para el país, como el poder otorgado al primer mandatario frente a los militares, la eliminación del Congreso bicameral, la extensión del período presidencial a seis años con posibilidad de inmediata reelección, entre otros factores. Esta distancia se agravó porque los empresarios no fueron consultados respecto de la nueva Carta Magna.
Estos altos representantes veían una semejanza en las ideas de Chávez con el modelo cubano, dirigido por Fidel Castro, por lo que tras diferentes acciones de ese Gobierno, el 10 de diciembre de 2001 la cúpula empresarial se fue a un paro nacional de 12 horas a modo de protesta.
Esta decisión fue respaldada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y los partidos políticos adversos al chavismo, ante lo que había sido la promulgación de un paquete de 49 nuevas leyes por vía habilitante, lo que generó críticas incluso desde la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Con la destitución del presidente de Pdvsa, Guaicaipuro Lameda, la situación económica en Venezuela se volvió compleja en los meses siguiente y militares de alto rango comenzaron a rebelarse públicamente contra Chávez.
En ese contexto, la CTV dirigida por el sindicalista Carlos Ortega, junto a Fedecámaras y ejecutivos opositores de Pdvsa, anuncian una huelga general indefinida desde el 9 de abril. El presidente Chávez respondió anunciando el despido público de los gerentes petroleros que apoyaban el movimiento.
Así, bajo un ambiente tenso y de confrontación entre opositores y oficialistas, el 11 de abril fue el tercer día de huelga, convertida en una gran concentración opositora que se ubicó en Chuao, frente a la antigua sede de Pdvsa. Fue en ese lugar en donde se sugirió el desvío de la marcha hacia Miraflores, para exigir la renuncia del Gobierno.
El 11 de abril: ¿Renuncia o golpe de Estado?
Con los militares desplegados en la calle y una contramarcha oficialista en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, la marcha opositora llegó a la zona y se desataron enfrentamientos entre ambos bandos, en donde efectivos policiales también participaron.
Piedras, disparos y presuntos francotiradores protagonizaron una batalla a plena luz del día, en la que se destacó la imagen de un grupo de pistoleros sobre el Puente Llaguno, en una imagen que quedó marcada en la historia contemporánea, incluso en canales de televisión de señal abierta, que transmitían los hechos pese a que el chavismo había iniciado varias cadenas para intentar mostrar normalidad.
Ese día, 19 venezolanos perdieron la vida en medio de un conflicto político, que significó un antes y un después en la gestión de Hugo Chávez, que se vio interrumpida horas más tarde.
Ante el caos que se desató en Caracas, la dirigencia opositora responsabilizó al Gobierno de propiciar las acciones violentas en las calles capitalinas con el llamado “Plan Ávila”, lo que provocó que en la madrugada del 12 de abril, el Alto Mando Militar anunciara la renuncia de Hugo Chávez al poder.
Lucas Rincón Romero, ministro de la Defensa entre el 1 de abril y el 1 de julio de 2002, convocó una rueda de prensa para decirle a la nación que se le había solicitado su renuncia al presidente y este aceptó. “Los miembros del Alto Mando Militar ponemos, a partir de este momento, nuestro cargo a la orden”, indicó el funcionario.
Una carta firmada por Chávez fue la prueba de dicha dimisión, aunque luego el mandatario y su administración negaron que fuera real.
El oficialismo reclamó que, en caso de una salida del presidente, el poder debía recaer sobre su segundo, que por ese entonces era Diosdado Cabello. No obstante, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, se juramentó en Miraflores como el nuevo mandatario de Venezuela.
Inmediatamente, Carmona anunció la disolución de todos los poderes públicos y dijo que el país volvería a llamarse República de Venezuela, dejando de lado el adjetivo “Bolivariana”, decretado en la Constitución de 1999.
Sin embargo, los simpatizantes del chavismo protestaron en las inmediaciones del Palacio y un grupo de militares encabezó una operación para reponer a Chávez en el poder, pues alegaba haber estado bajo secuestro.
Todo ello era una muestra del reflejo de la confusión que reinaba en la nación, en donde se produjeron hechos como el asedio en la embajada de Cuba, manifestaciones de la comunidad internacional y distintas versiones contadas en los medios de comunicación.
Así, el 13 de abril del 2002, Chávez fue liberado desde una prisión militar en la isla de La Orchila y retomó el mandato en el país gracias a sus efectivos más fieles.
Las consecuencias
A raíz de esos hechos, Hugo Chávez realizó cambios en su gabinete, sus personas allegadas e incluso endureció algunas de sus posturas, por lo que decidió hacer responder ante la ley a quienes consideró responsables del 11 de abril.
La relación de Venezuela con el Gobierno de José María Aznar, en España, se deterioró al punto de acusar a ese país de “apoyar” el presunto golpe de Estado. Por otra parte, el alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, fue acusado de permitir que manifestantes opositores ocasionaran daños en la embajada cubana.
Varios efectivos de la Policía Metropolitana fueron condenados a pagar años de prisión tras haber sido responsabilizados por las muertes en el centro de Caracas.
Marco Hurtado, Héctor Rovain, Arube Pérez Salazar, Erasmo Bolívar y Luis Molina fueron los juzgados por dos de las 19 muertes ocurridas en la marcha del 11 de abril del 2002. Todas las condenas fueron superiores a los 16 años y su defensa alega que los motivos de reclusión son “políticos”.
Igual suerte corrió el hoy Comisionado de Seguridad designado por el Gobierno encargado, Iván Simonovis, quien recibió 30 años de condena por parte del régimen chavista.
Por su lado, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron removidos por la Asamblea Nacional luego de que el 14 de agosto de ese año, librasen de un juicio por rebelión a los generales acusados de desconocer al Gobierno de Chávez. Esa misma directiva del Poder Judicial había califico como un “vacío de poder” lo ocurrido el día 11.
Las protestas contra Chávez se paralizaron por aquellos días. Pese a que luego ocurrió el paro petrolero de 2002 y otras estrategias para deponer al presidente por vías formales, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no volvería a ceder su lugar, aún contra la opinión de quienes hicieron política junto a él en sus inicios.
El chavismo instauró el 11 de abril como una fecha para recordar, con la frase: “Todo 11 tiene su 13”, en referencia al regreso de su líder al poder, hasta ser sustituido por Nicolás Maduro tras su muerte.
