Las consecuencias del conflicto armado en la Cota 905

A comienzos de julio, el oeste de Caracas, capital de Venezuela, vivió una “guerra” de armas. El Cementerio, La Vega, la Cota 905, El Paraíso y la avenida Lecuna vivieron momentos de angustia y temor. Bandas armadas y fuerzas de seguridad estatales se enfrentaron en las calles y barrios de la zona durante tres días consecutivos, entre el 7 y el 9 de julio.

La ministra de Interior, Justicia y Paz de la administración de Nicolás Maduro, Carmen Meléndez, confirmó lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, asegurando que se trataba de “grupos estructurados de delincuencia organizada que sistemáticamente han atacado a nuestra sociedad, amedrentando, hiriendo y asesinando a gente inocente”.

Pero no fue sino hasta el sábado 10 de julio que el Estado ofreció un balance más concreto: cuatro funcionarios policiales y 22 “delincuentes” murieron en los enfrentamientos, mientras que 38 personas resultaron heridas.

La gestión de Maduro calificó a este operativo como una “gran victoria” y lo llamó “Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro”.

“La Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro ha contemplado un amplio despliegue, lo que ha permitido la liberación de diferentes sectores de las parroquias afectadas en la ciudad de Caracas, así como la captura de 33 delincuentes, entre ellos tres paramilitares colombianos”, escribió Meléndez en su cuenta Twitter.

En los enfrentamientos se usaron armas de alto calibre, granadas, balas trazadoras, además de drones con los que las bandas visualizaban las zonas que controlaban.

Según el balance oficial de la operación, se incautaron más de 24.000 municiones, tres lanzacohetes, cinco fusiles, cuatro subametralladoras, seis pistolas y un revólver.

“Hemos incautado un arsenal militar de guerra” proveniente “de otros países”, apuntó Meléndez.

Vecinos inocentes que vivieron una odisea

Los enfrentamientos comenzaron la tarde del miércoles 7 de julio, obligando a algunos vecinos a abandonar sus casas producto de la balacera.

La redacción de VPItv logró recopilar testimonios de habitantes de la zona, que se vieron directamente afectados. Por temor no quisieron que su identidad fuera revelada, por tal motivo se utilizaron nombres ficticios.

“Vivo en la Cota 905 desde que tengo nueve años, actualmente tengo 28. Desde entonces había entrado la policía como dos veces, pero eso nunca me afectó, ahorita sí”, expresó Betty.

Betty es madre de dos niños de 11 y  ocho años de edad: “Los tuve que sacar en plena madrugada, primera vez que ellos pasan por esto”, dijo.

“Si eres policía, deberías tener mucho cuidado con los inocentes y ellos no tuvieron cuidado con absolutamente nada”, acotó.

Casi 2.500 funcionarios formaron parte de la operación, de distintos órganos policiales. Para los vecinos con los que se pudo conversar, fue un “abuso” la manera en que irrumpieron en sus viviendas.

“La verdad he escuchado y yo también lo pienso, que nos sentimos más seguro cuando estaban los delincuentes que con los policías. ¿Cómo ellos van a llegar meterse en la casa, dañarte tus cosas, hasta la ropa de tus hijos? En mi caso yo no tengo nada que ver con ninguno de los de la banda”, dijo Betty.

Esta mujer no ha podido regresar a sus hijos a casa. El más pequeño está sufriendo consecuencias de lo que vivió para poder salir de la Cota 905 a resguardarse: “Desde el miércoles que comenzó todo, el pequeño se me enfermó. El niño no comía, no quería ningún tipo de alimento y se deshidrató, los nervios me lo pusieron así”, contó Betty.

“No los he querido regresar. Yo apenas regresé este lunes”, puntualizó.

Betty en su testimonio enfatizó que “en un barrio no todo el mundo es malandro” y al consultarla sobre su opinión en cuanto a la acción de los organismos policiales dijo: “Si tú eres policía, se supone que tú le debes brindar seguridad a los inocentes, no tratarnos como si fuésemos delincuentes. Me parece injusto que fuimos los inocentes los que pagamos las consecuencias de los malandros”.

Otra de las vecinas afectadas es Matilda. Ella también logró salir de la Cota 905 hacia la casa de unos familiares. Para su sorpresa, los vecinos le avisaron que la policía había entrado a su vivienda e hicieron estragos.

“Yo subí el domingo a ver mi casa. En ese momento llegó un policía a revisar. Le pregunté que por qué si no encontraban ningún delincuente en mi casa, por qué me hicieron todos esos destrozos y me dijo que eso era legal”, expresó.

“Se me llevaron un televisor, a otro le dieron un tiro, me destaparon unos gel de baño que yo tenía y se lo echaron a la ropa. Todo lo que pudieron llevarse de comida, se lo llevaron. Mis bombonas de gas, me destrozaron mi casa”, dijo Matilda.

Ella no pertenecía a ninguna banda criminal, no guardaba ninguna relación ni trato con ellos.

“Tengo 14 años viviendo en ese barrio, como todo existen malandros, existe todo pero este allanamiento ha sido el peor. Hace siete años vivimos una Operación Liberación del Pueblo (OLP), pero no entraron así a destruir todo, a matar a todo el que consiguieron a su paso. Esta vez fue más ensañamiento, iban era a matar y hacer destrozos en las casas”, expresó Matilda.

Matilda dice tener mucho miedo aún y no ha querido regresar a vivir ahí. Solo ha vuelto a chequear que todo siga en orden. Como venezolana trabajadora, dice que ahora le toca “seguir trabajando, para poder recuperar mis cosas, me toca volver a comenzar de nuevo, en esta situación que todo está tan caro”, indicó.

La abogada Yanira Rivas, especialista en Derecho Penal y en Criminalística de Campo, explicó para VPItv que un allanamiento “viene siendo ese ingreso a un domicilio, casa, oficina, galpón entre otros, que se utiliza para la investigación de un hecho punible y que debe cumplir con ciertos ordenamientos jurídicos para que no se convierta en una violación de domicilio”.

“La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del cual gozamos todos los ciudadanos. No se permite que nadie pueda entrar ni revisar el domicilio sin el consentimiento de la persona o mediante una resolución judicial”, enfatizó Rivas.

Esta resolución tiene una excepción: “No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano”, artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La acción de los funcionarios al entrar a viviendas de vecinos que no formaban parte de la banda liderada por “El Koki” habría sido una violación de domicilio, que está penada, según la Constitución nacional.

Artículo 184. El funcionario público que con abuso de sus funciones o faltando a las condiciones o formalidades establecidas por la ley, se introduzca en domicilio ajeno o en sus dependencias, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a dieciocho meses. Si el hecho fuere acompañado de pesquisas o de algún otro acto arbitrario, la prisión será de seis a treinta meses. Si consta que el culpable ha obrado por causa de algún interés privado, las penas se aumentarán en una sexta parte.

“Ellos pudieron ingresar tranquilamente a las viviendas de estas personas sin necesidad de cometer la falta de estar revisando, pesquisando o haciendo actos arbitrarios dentro de la vivienda y mucho menos por intereses privados”, enfatizó Rivas

“Deben tener claro que esto era un gran operativo especial, creado por el Estado a los fines de asegurar la tranquilidad y la paz de esto sectores que estaban siendo afectados por estas bandas criminales. Las personas deben tener claro a qué cuerpo policial pertenecían los funcionarios que entraron a sus viviendas, para poder denunciar la violación de domicilio”, dijo la abogada.

En este operativo habían funcionarios de todos los cuerpos de seguridad: “¿Cómo se asegura que fueron los funcionarios que ingresaron a su vivienda? Si hay un televisor con un tiro en la pantalla, quién dice que no pudo ser un proyectil que impactó de toda la lluvia de balas. Es una suma de todo. Pero el denunciar el hecho es un derecho que le asiste a los ciudadanos”, recalcó Yanira Rivas.

A la fecha, los vecinos denuncian que se siguen metiendo a sus casas: “El domingo se metieron a la casa de mi hermana otra vez. No sé a buscar qué, si ya todo se lo han llevado. Se han llevado personas presas que no tienen nada que ver. Como hay otras que sí, están solicitados o han tenido problemas judiciales”, contó Matilda.

Ante esta situación que se vivió, la abogada Rivas enfatizó que se deben garantizar los derechos humanos para todos los habitantes de estas zonas.

 

“El Estado venezolano por mandato constitucional está obligado a garantizar el pleno goce de los derechos humanos a los ciudadanos, bajo la vertiente que el Estado es el único capaz de vulnerar esos derechos, por conducta de sus funcionarios investido de autoridad pública y que se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Tienen el sagrado deber de cumplir y hacer cumplir las leyes”, expresó Rivas.

Se creó un personaje mediático “El Koki”

Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, nació en 1978. Se sabe muy poco de su vida hasta el año 2013. En aquella oportunidad, fue acusado de la muerte de Greiber Danilo Alonso Lucas en la zona de “Los Alpes” de la Cota 905.

El crimen habría sucedido porque Revete, integrante de una pandilla callejera conocida como “Los Chicles”, presuntamente asesinó a Alonso Lucas por aparecer en una foto en redes sociales con un enemigo de la banda.

Revete logró tener un nombre con el líder de la banda callejera, Jesús Alberto Ramos Caldero, alias “El Chavo”. Este hombre en 2014 convenció a los delincuentes de juntar a las pandillas de la capital contra la policía. Por tal motivo, desde ese momento nacen en Venezuela las “megabandas”. Estas organizaciones criminales se encuentran compuestas por más de 50 personas, tienen un importante armamento e imitan la estructura de las pandillas de las cárceles del país.

Sin embargo, en enero de 2015, Ramos Caldero fue asesinado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Tras el fallecimiento del líder, Revete tomó su puesto en la Cota 905 y siguió con el proyecto de unificación de Ramos.

Durante el mes de enero de 2015, la Cota 905 fue añadida al programa de “Zonas de Paz” de la administración de Maduro, que consistía en darles el control territorial a estas bandas a cambio de un reducción considerable de la violencia. El acuerdo se rompió en julio de ese año con el comienzo de la Operación Liberación del Pueblo (OLP).

Con el paso del tiempo, en agosto de 2017, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, habría llegado hasta la Cota 905. De acuerdo a InSight Crime, la delegación se juntó con Revete durante la visita. Se cree que en esta reunión se llegó a un pacto con el líder criminal.

Tras la visita, el programa se reactivó y las fuerzas de seguridad se fueron de la zona.

A finales de diciembre de 2020 e inicios de 2021, los integrantes de la banda de “El Koki” ingresaron al barrio La Vega, ubicada muy cerca de la Cota 905. Esta zona no había sido ocupada por el grupo criminal anteriormente.

Este movimiento de la banda de “El Koki” hizo que las fuerzas de seguridad de Maduro entraran el 6 de enero a la barriada en búsqueda de gente cercana al líder. La operación dejó, extraoficialmente, 23 personas muertas. Defensores de los derechos humanos calificaron esta operación como la matanza policial con más víctimas en Venezuela. Una vez más, se confirmó que Revete no estaba en la lista de las víctimas.

Revete, que según fuentes de InSight Crime utiliza como refugio otras zonas en Los Valles del Tuy, estado de Miranda, estaba dispuesto a aliarse con otros líderes de bandas para expandir su organización. Se cree que ha llegado a acuerdos con “El Vampi” y “El Galvis”.

No obstante, los ciudadanos de la Cota 905 dicen no haber vivido antes momentos tan fuertes, llenos de zozobra como hasta este mes: “Ellos nunca se metían con nadie de la zona”, dijo Betty.

El Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela ofreció una recompensa por información que establezca dónde están los miembros de la banda liderada por Carlos Luis Revete, alias Koki.

Las recompensas llegan hasta US$ 500.000 y es la primera vez que Nicolás Maduro identifica a Revete como el líder de una estructura criminal que controla la Cota 905 y ejerce influencia en barriadas y urbanizaciones cercanas como La Vega, El Paraíso, El Cementerio o Quinta Crespo.

¿Qué opinan los vecinos de “El Koki”?

Las personas consultadas son vecinos de más de 10 años del sector y todos acuerdan en que se sentían más seguros antes de estos enfrentamientos, que ahora. Matilda contó que los organismos policiales que se encuentran en la zona, siguen haciendo allanamientos a viviendas de personas inocentes y “acechando” a todos los vecinos.

“Nos sentimos ahora peor. Nos tienen un acoso, nos dicen ¡Tú sabes dónde están los malandros!” dijo Betty, vecina del sector.

A consultarle a Betty su opinión sobre los miembros de la banda de “El Koki” dijo: “Antes no sufrí ni viví ningún temor. Lo que me perturbaba era verlos armados por las calles. Pero de que agredían a la gente, no. Nunca presencié ningún acto de ellos, de asesinar, golpear a alguien en la calle”.

“Hay una muchacha de una bodega que se la llevaron presa por venderle comida a ellos”, contó.

El poder de esta banda criminal va mucho más allá de ser “los malandros de la zona”. Cuando algún servicio como el gas o el agua falla o se retrasa la entrega de las bolsas de comida que reparte el Estado, la llamada de alguno de los jefes de la banda resolvía el problema. Algunos ciudadanos afirman preferir la gobernanza criminal. “Es que por lo menos los malandros no te roban”, sentenció una vecina.

“La diferencia es sumamente grande, me sentía más protegida con los delincuentes que ahora que está la policía”.

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