El tribunal noveno de Apelaciones de San Francisco, en Estados Unidos, ha paralizado temporalmente el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) por las contradicciones que tenía. El fallo ocurrió este viernes cuando tres jueces dictaminaron la sentencia: y uno de ellos la cuestionó por ser “incompatible” con las leyes federales de asilo, pues el gobierno estaría enviando a los demandantes a un lugar que no es seguro.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en su gobierno ha sido radical con las leyes migratorias para los no-estadounidenses, impuso en el 2018 el MPP para mantener a los individuos -como a las familias- en el lado mexicano cuando estas se presentaran en los puntos migratorias en la frontera con Estados Unidos.
El proceso de asilo político, que dura meses y hasta años para que las autoridades puedan estudiar los casos, ya no sería ejecutado dentro de los Estados Unidos sino en territorio mexicano. Esto con el fin de detener la caravana de migrantes provenientes de Centroamérica que buscan huir de los distintos peligros que presenta su nación: drogas, trata blanca, prostitución, entre otros factores. También para aquellos que vienen de otros lugares y que no están de acuerdo con las políticas de su país, por ejemplo, Venezuela.
Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que por años estos migrantes se han aprovechado de los vacíos legales de las leyes estadounidenses, explicó que varios de estos solicitantes de asilo político gozan de algunos beneficios sin presentarse a los tribunales cuando es su turno. El resultado es más población ilegal dentro del país norteaméricano. No obstante, más de 470 mil personas han entrado a los Estados Unidos por esta vía.
Las consecuencias de esta medida migratoria -pactada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018- ha generado que miles de estos migrantes, especificamente más de 59 mil personas el año pasado y 37 mil en lo que va de este 2020, esperen en campamentos para que las autoridades puedan revisar sus expedientes. No obstante, esta área de espera que depende de los pueblos fronterizos se encuentra vulnerable por las mafias que operan en la zona como de narcotráfico y prostitución.
Para el juez William Fletcher existe una “inconsistencia” con la esta ley debido a que “los MPP han tenido graves consecuencias adversas para los demandantes”. México, que enfrenta actualmente problemas de narcotráfico, discriminación selectiva, delincuencia organizada y corrupción, no es considerado como un lugar seguro para mantener a estos individuos ahí.
