Por: Alfredo Di Cesare
La migración ilegal de venezolanos hacia Trinidad y Tobago ha ido en ascenso en los últimos años. Uno de los primeros casos que sirvió de detonante para darle spotlight a un fenómeno en potencia, fue cuando en 2018, 82 personas fueron deportadas en un avión desde la isla.
La diáspora venezolana va por todos los flancos. Desde Colombia y Brasil, por aire y tierra, hasta Trinidad y Tobago por mar. En uno de los reportajes del medio investigativo Armando. Info, se reveló que la ruta por esta nación bi-insular es una de las más accesibles para quienes buscan huir de Venezuela, pero también un negocio para muchos de los habitantes del estado Sucre o Delta Amacuro.
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Esta situación ha dado pie a que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instara al gobierno trinitario a dar cumplimiento al tratado de la Convención sobre los Refugiados de 1951 donde se establece la no repatriación o expulsión de personas que necesiten protección internacional, sin importar la forma en la que entraron en el territorio.
La postura oficial de la isla, en boca de su primer ministro, Keith Rowley, fue rechazar esta petición. “No podemos y no permitiremos que los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados”.
¿A qué se enfrentan los venezolanos?
El ser deportados puede ser lo mínimo por lo que pasen los viajeros. De acuerdo con Armando.Info, los venezolanos que son detenidos y presentados ante tribunales trinitarios enfrentan con frecuencia la disyuntiva de pagar hasta 1.500 dólares de multa o cumplir condena tras las rejas. La pena puede variar entre seis meses y tres años de prisión, según sea el criterio del juez de turno.
En la cárcel de hombres no se permiten las llamadas internacionales. No obstante, según la información, algunos han logrado filtrar teléfonos celulares que se comparten para mandar mensajes por Whatsapp.
Una mujer denunció que en la última llamada recibida de su hija desde la cárcel, esta le confesó haber pasado por el hospital debido a una golpiza recibida por “portarse mal” dentro del reclusorio.
“A los hombres y mujeres nos separaba una pared de lata. Arriba había una malla. Nosotros podíamos trepar y verlas. Ellas pedían ayuda para que nosotros protestáramos cuando a ellas las maltrataban. Yo llegué a ver cómo golpeaban a una mujer embarazada”, contó una víctima para el mencionado portal de investigación.
La organización no gubernamental (ONG) Provea destacó que cuando siete organismos de Naciones Unidas exigieron respuestas a los gobiernos de Venezuela, Trinidad y las Antillas holandesas sobre la desaparición de al menos 73 migrantes en tres botes, solo Países Bajos contestó para informar sobre las gestiones realizadas al respecto.
Para el último trimestre de 2020, Trinidad y Tobago expulsó a 165 migrantes venezolanos.
“Expulsar a personas venezolanas y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional. Ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos”, Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional.
Casos más sonados
En julio de 2019, el diario The New York Times denunció el hundimiento de una embarcación con al menos 38 personas a bordo, en esa tragedia solamente nueve personas sobrevivieron.
Tragedia de Güiria
El sábado 12 de diciembre de 2020 aparecieron 11 cuerpos en las costas de Güiria, en el estado Sucre, un territorio costero ubicado en el este de Venezuela y que está separado por aproximadamente 138 kilómetros de la localidad de Chaguaramas, en el occidente de Trinidad y Tobago.
Otros siete cadáveres fueron encontrados un día más tarde. Con el paso de los días rescataron más cuerpos hasta llegar a 34, pero a finales de diciembre de ese año se suspendió la búsqueda en la que también participaban pescadores de la zona.
Al menos 28 venezolanos perdieron la vida intentando cruzar el estrecho ubicado entre Venezuela y la isla de Trinidad y Tobago. El naufragio de las embarcaciones “Mi Recuerdo” y “Mi Refugio” fue el tercero que se reportó en las costas de esta ciudad entre 2019 y 2020. Se calcula que 100 personas murieron.
En un reportaje publicado por un medio venezolano, familiares de las víctimas aseguraron que los pasajeros y tripulantes fueron asesinados por piratas. Explicaron que las dos embarcaciones desaparecidas llegaron a Trinidad y Tobago, razón por la que exigieron respuestas de las autoridades venezolanas. “Eso no fue un naufragio sino una masacre”, alegaron.
El 14 de diciembre de 2020, ocho días después del hecho, el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó la detención del ciudadano Luis Alí Martínez de 56 años de edad, dueño del peñero, por tráfico de personas.
Los últimos sobrevivientes
David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, utilizó su cuenta en Twitter para visibilizar el caso de un grupo de migrantes de la nación caribeña que fue devuelto en la isla para la última semana de noviembre del año 2020.
Se trataba de 27 personas y entre ellos había al menos 16 niños, incluido un bebé de cuatro meses. Estos tuvieron que regresar por mar en medio de condiciones climáticas adversas. Fueron expulsados por las autoridades trinitenses, algunos de los menores sin sus padres, horas antes del inicio de un juicio en el que solicitarían su permanencia en la isla, según le informó a BBC Mundo la abogada Nafeesa Mohammed.
El motor de la lancha se dañó y estuvieron navegando durante 48 horas sin que los familiares conocieran su paradero, hasta que por orden de un tribunal fueron devueltos a Trinidad y Tobago.
“Estuvieron en alta mar las 48 horas. Hubo condiciones climatológicas adversas, especialmente por fuertes precipitaciones. Varios niños estaban deshidratados y descompensados”, explicó para ese momento Smolansky a BBC Mundo.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, llegó a denunciar a través de Twitter la utilización para fines políticos de los 16 menores.
Rowley se refirió al presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien atribuyó, junto a otros funcionarios, el haber “declarado la guerra”, prácticamente, a Trinidad y Tobago por no apoyar un cambio de gobierno en Venezuela.
El ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, defendió en una rueda de prensa la deportación de migrantes “ilegales” venezolanos. “Yo no puse a ninguna persona en ningún bote (…) no sé si son 10, 12 o 16 niños, no sabemos de qué hablan”.
Un conflicto de escala “olímpica”
VPItv fue uno de los primeros medios en advertir sobre la problemática que se dio en medio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021 debido a la pandemia de la covid-19.
Edward Sella, padre del boxeador venezolano, Eldric Sella, contó en exclusiva para las cámaras de este canal que su hijo ingresó a Trinidad en 2018, pero que no le iba a ser permitido el reingreso porque necesitaba una visa y, al tener el pasaporte venezolano vencido, no podía realizar el trámite.
“Eldric no va a regresar a Trinidad (…) Nuestros pasaportes se vencieron estando aquí (…) Y el gobierno de Trinidad dice que no puede renovar su visa porque no tiene un documento válido”, dijo.
#AlDíaConSergio | Edward Sella, padre de atleta venezolano en equipo de refugiados de #Tokyo2020, tras culminada su participación. “Trinidad le negó la posibilidad a Eldric de entrar al país”. #26Jul
Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DQgSXq pic.twitter.com/ZN5IjDQYQI
— VPItv (@VPITV) July 26, 2021
El certamen ecuménico de Tokio 2020 estuvo marcado por la inclusión de un equipo de refugiados. En total, 55 deportistas que huyeron de sus países. Entre esos participó Eldric Sella, de 24 años, en la disciplina de boxeo.
Sella se fue de Venezuela en medio de la severa crisis social y económica que azota al país. Participó en un torneo invitacional en Trinidad y decidió quedarse en condición de refugiado.
Finalmente, tras la finalización de su actuación en Japón, se confirmó que Trinidad y Tobago le negó el retorno al púgil, país donde se encontraba residenciado. Fue Uruguay la nación que lo acogió y donde actualmente hace vida el deportista venezolano.
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La tragedia como exacerbación del problema
El pasado domingo 6 de febrero, un niño de origen venezolano de tan solo un año de edad murió tras el inicio de un tiroteo en las costas de Trinidad y Tobago cuando una embarcación llena de migrantes se acercaba a la isla. En el hecho también resultó herida la madre del infante Darielvis Sarabia. El bebé iba en brazos de su mamá y ambos eran parte de las 20 personas que zarparon rumbo a Trinidad.
La autoridad marítima de la isla explicó lo sucedido a través de un comunicado en el que detallaron que “se utilizaron todos los métodos disponibles, incluido el uso del megáfono, la bocina del barco, el reflector y las bengalas, para tratar de detener la embarcación sospechosa, sin embargo, la embarcación continuó intentando evadir. De acuerdo con los protocolos estándar, a continuación se emplearon disparos de advertencia delante de la embarcación”.
The coast guard is explaining its actions. READ IT HERE https://t.co/cwRo7W4138
— Trinidad and Tobago Express Newspapers (@expressupdates) February 6, 2022
El Ministerio de Seguridad de Trinidad y Tobago informó que luego de coordinar con la administración de Nicolás Maduro, fueron regresados a Venezuela 35 de las 39 personas que iban a bordo de la embarcación donde fue asesinado el bebé.
MEDIA STATEMENT:- TT COAST GUARD CONDUCTS REPATRIATION EXERCISE WITH VENEZUELAN COUNTERPARTS 11.02.2022. @minofcomm_tt @TTDefenceForce @tttliveonline @tv6tnt @CNC3TV @expressupdates @Newsday_TT @GuardianTT @LoopNewsTT @i955fm @Power102fm @MusicRadio97 @103FMTrinidad pic.twitter.com/ipzx7JPzU1
— TT National Security (@ttnatsecurity) February 11, 2022
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, calificó como una acción “legal y apropiada” los disparos de la Guardia Costera contra el bote con más de 30 migrantes venezolanos, y rechazó que se tildara de asesinato la muerte del bebé de un año.
“Esa acción legal, esa acción apropiada para defender a Trinidad y Tobago, resultó en la muerte de ese niño y en ser llamado asesino. Lo rechazo, lo rechazo, y lo rechazo”, expresó en declaraciones ante los medios de comunicación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades de Trinidad y Tobago a continuar con la investigación “pronta y exhaustiva” sobre la muerte del bebé.
#TrinidadandTobago 🇹🇹 #IACHR calls on the State to continue a prompt and thorough investigation into the death of a #migrant baby from #Venezuela by shooting during a National Guard operation, on #Feb5; to punish those responsible, and to make full reparations to family members. pic.twitter.com/lfx4lnLr0y
— CIDH – IACHR (@CIDH) February 8, 2022
El pasado viernes 18 de febrero, se llevaron a cabo los actos fúnebres para darle sepultura al niño venezolano asesinado.
#ÚLTIMAHORA | Imágenes del sepelio del niño venezolano asesinado en Trinidad y Tobago, cuando llegaba a la isla junto a su madre en una embarcación atacada por la Guardia Costera. Cortesía #18Feb https://t.co/sfmb0DnOKX pic.twitter.com/7eXFihRFm3
— VPItv (@VPITV) February 18, 2022
Posteriormente, ese mismo día, la madre del niño, Darielvis Sarabia, fue trasladada por la Policía hasta la sede de las autoridades migratorias -aún convaleciente por la reciente operación en la clavícula- para que rindiera declaración sobre lo ocurrido el 5 de febrero. No pudo asistir al sepelio de su hijo.
El martes 22 de febrero, Sarabia fue dada de alta del hospital donde estaba recluida tras haber recibido varios impactos de bala.
En Trinidad y Tobago habría 16.000 venezolanos, según las autoridades de esa nación, pero de acuerdo con David Smolansky, la cifra oscila entre los 40.000, ya que “la mayoría no ha tenido la oportunidad de obtener su documentación y tienen restricciones para trabajar y estudiar”.
Aunque el más reciente informe de Acnur refiere que al menos 24.169 venezolanos ya se han instalado en esa nación.
Según el comisionado de la OEA, “no habrá visas que frenen las terribles causas de la migración forzosa venezolana”.
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