La nueva cepa de Latinoamérica: el “Vacunagate”

Durante los últimos días el “Vacunagate” ha sido muy sonado, luego que varios líderes políticos recibieran discretamente la dosis de la vacuna contra la covid-19.

El primer país en detonar esta situación fue Perú, luego de conocerse que al menos 487 personas, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra, varios miembros de su gabinete y también funcionarios del actual gobierno de Francisco Sagasti, se aplicaran la dosis desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm, cuando ésta permanecía en pruebas clínicas.

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“Vacunaciones VIP” en Argentina

En Argentina también salpicó la polémica, luego que el presidente Alberto Fernández solicitó la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, tras conocerse que el periodista Horacio Verbisty recibió la dosis en el Ministerio de Salud.

También se conoció que la exsecretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, recibió el fármaco de forma VIP.

En Chile 37 mil personas fueron vacunas de forma privilegiada

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) dio a conocer que 37.306 personas fueron inoculadas contra el coronavirus antes de la fecha establecida para el inicio del programa de vacunación.

En la nación que está siendo ejemplo para la región por su jornada masiva de vacunación, al menos 9.023 ciudadanos entre 18 y 39 años; 9.071 entre 40 y 49 años y 17.365 entre 50 y 59 años, recibieron la vacuna, entre ellos, se encuentran funcionarios públicos y personas famosas.

Foto: @OasisFMChile

¿Juicio para Vizcarra?

La Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra los principales implicados en el “Vacunagate”, donde resalta la figura de Vizcarra, familiares e “invitados”, que puede ser condenados hasta ocho años por delitos de corrupción.

También pueden ser acusados por delito de concusión, hecho del funcionario que solicita un beneficio, patrimonial o no, el cual se sanciona con hasta ocho años de cárcel.

La exministra peruana Mazzetti puede estar implicada en este delito, según dijo a EFE el abogado penalista, Carlos Rivera.

 

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