Han pasado ya tres años desde que ocurrió una fatídica tragedia en el centro de detención de la calle Navas Espinola de la Zona Norte del municipio Valencia en el estado Carabobo.
El 28 de marzo de 2018 murieron 67 reclusos y dos mujeres que pernoctaban en esta sede a causa de un incendio. Los familiares rechazan esta versión ante la falta de pruebas por parte de los entes gubernamentales.
“Me acerqué al grupo antimotín porque quería saber qué había pasado con los privados y me dijeron: señora aquí no ha pasado nada, aquí se murieron un montón de ratas”, contó María Pinto, madre de uno de las víctimas.
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Según Pinto, las tumbas de las personas que fallecieron ese día fueron profanadas tiempo después del hecho y nadie les ofreció respuestas al respecto.
“Lo que queremos es que nos digan que fue lo que realmente sucedió ahí, ¿cómo van a acabar con 69 vidas si cuando los estábamos enterrando, mi hijo era el número 31? Según el cementerio había más de 80 cuerpos y nos contó que les llevaron camiones con las vísceras de nuestros familiares, que las enterraron al pie de la montaña como que si fueran animales ¿qué querían tapar ellos?”, dijo Pinto.
Los familiares de los fallecidos aún están a la espera de respuestas por parte de las autoridades, pues aseguran que la versión de los hechos que se hizo pública, no es la verdadera.
“A las nueve de la noche nos informaron que habían fallecido y no sabemos las causas, en la autopsia dice que fue por asfixia mecánica pero sabemos que es imposible que 69 personas fallecieran así y que solamente actuaran cinco policías que son los que están detenidos”, aseguró Simoney Rodríguez, quien perdió a su sobrino en esta masacre.
Según Rodríguez, la corrupción reinaba en el lugar y los funcionarios policiales cobraban para que los reclusos tuvieran acceso a ciertos beneficios.
“Había que pagar para las visitas, para quedarse, para pasar la comida, habían armas de fuego, habían armas blancas. Pienso que los policías perdieron el control de ese lugar y, en vista de eso, se desencadenó todo esto, como no pudieron calmarlos, tomaron la terrible decisión de matarlos”, asegura Rodríguez.
Un punto que ha llamado la atención de los defensores en este caso es que para la fecha en el centro penitenciario laboraban 50 funcionarios que, aparentemente no se encontraban allí.
Lyli López, abogada defensora y representante del Comité de Víctimas, señala que en este caso se violaron artículos de la constitución y los derechos humanos.
“Queremos una comisión de la verdad para que se haga una investigación exhaustiva y se determinen las responsabilidades de lo que ocurrió en ese dantesco y grave caso de violación de derechos humanos”, afirmó la abogada.
