Andreina Baduel, hija del fallecido exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel y hermana de Josnar Baduel, publicó este martes un pronunciamiento conjunto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dos grupos de trabajo y seis relatores de derechos humanos sobre la detención de su hermano, la muerte de su padre y las condiciones en los centros penitenciarios de Venezuela.
El documento detalla cómo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a su hermano en 2020, señalando que fue sometido a “torturas” tras ser trasladado al centro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas.
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Pronunciamiento conjunto de ocho instancias del Consejo de DDGG de la ONU, dos Grupos de Trabajo y seis Relatores Especiales de DDHH, sobre las torturas a mi hno @jbaduel el asesinato de mi padre @RaulBaduel y el patrón de persecución en Vzla.https://t.co/VdL857YDN1 pic.twitter.com/eo8fBBlj92— ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) January 14, 2025
“Josnar Baduel habría sido víctima de torturas por parte de agentes de la Dgcim, incluyendo golpes en el cuerpo, suspensión por los brazos, descargas eléctricas en los genitales y privación de alimentos”, precisa el pronunciamiento.
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Josnar fue condenado el 22 de mayo de ese mismo año por el Tribunal 1° de Juicio con competencia en terrorismo, junto con otras 28 personas, a 30 años de prisión por los delitos de traición a la patria, conspiración, tráfico de armas y asociación para delinquir, vinculados a la Operación Gedeón (presuntamente un fallido intento de golpe de Estado contra el oficialismo).
En 2021, Raúl Isaías Baduel falleció “junto a su hijo” en el Centro de Máxima Seguridad I del Área Metropolitana de Caracas (El Helicoide), supuestamente debido a la falta de atención médica derivada de las secuelas del coronavirus y torturas sufridas durante su reclusión.
Además, se mencionan los casos de otros detenidos, como Javier Tarazona, Dignora Hernández, Williams Dávila, Perkins Rocha, Biagio Pilieri, entre otros, en el marco de lo que se describe como violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
El pronunciamiento también denuncia las condiciones críticas en centros penitenciarios como Rodeo I, donde reclusos enfrentan hacinamiento extremo, deficiencia en servicios básicos como agua y electricidad, falta de atención médica adecuada y restricciones severas al acceso de familiares y abogados.






