Luis Patiño.- La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos presentó en el informe Letalidad e Impunidad que hasta el pasado 31 de marzo en Venezuela registró de manera parcial 158 ejecuciones extrajudiciales por parte de las cuerpos de seguridad de la administración de Maduro, así lo detalló la coordinadora de los Derechos Civiles y Políticos de esta delegación, Daniela Suárez, al mismo tiempo, puntualizó que la región centro y occidente del país reportaron el mayor número de muertes a manos de este grupo policial que responde a la administración de Maduro.

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El documento que consta de cuatro capítulos y más de cien páginas se centró en la presentación de datos y denuncias sustentadas en reportes, artículos y notas de prensa publicadas desde el primero de enero hasta finales de marzo, los temas abordados son: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, hostigamientos y allanamientos arbitrarios.

“Por todo el tema de la desinformación general que hay en el país es muy posible que sean más las personas que han sido víctimas de ejecuciones por las FAES”, señaló Suárez.

La coordinadora de Derechos Civiles y Políticos de la comisión sostuvo que cada una de las 158 víctimas “han sido identificadas por la comisión, tanto por los datos personales, el lugar en donde fueron asesinadas y otros aspectos”.
Agregó que estados como Lara, Zulia, Aragua y el Distrito Capital suman el mayor número de casos relacionados a estos hechos.

Reveló que en este periodo fueron contabilizadas 21 detenciones arbitrarias sin que se cumpliera con los requisitos establecidos en las leyes venezolanas al momento de ejecutar las aprehensiones, afirmó que 33% de estas se realizaron entre enero y febrero, mientras que 67% de las víctimas fueron privadas de libertad durante el mes de marzo.

La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Michelle Bachelet, aseguró este miércoles que las medidas de confinamiento estarían siendo usadas por los gobiernos como excusa para violar los Derechos Humanos de las personas.

Asimismo, enfatizó que el Covid-19 está creando amenazas masivas a los seres humanos como, por ejemplo, de las personas de la tercera edad. A través de Twitter señaló que la enfermedad “presenta una amenaza grave para la vida y la salud de las personas mayores. Aun así, sus derechos no han sido tomados en cuenta adecuadamente”.

“El Estado es valiente para reprimir, detener, encarcelar y torturar al que exprese su descontento por la indetenible crisis de hambruna, sanitaria, de colapso de los servicios de agua, energía eléctrica, gas doméstico. Cobarde para desmantelar, el Estado criminal atraca, secuestra y asesina sin límites”. Esto fue lo que denunció el exparlamentario, abogado penalista y defensor de los Derechos Humanos, Rafael Narváez.

Estamos en presencia de un Estado paralelo conformado por pranes, que ejercen su autoridad en las cárceles venezolanas llenas de armas largas y granadas con el visto bueno del ministerio de Asuntos Penitenciarios; la mejor prueba es la masacre ocurrida en la cárcel de Guanare, en que miembros de cuerpos de seguridad del Estado y jefes de bandas criminales, refugiados en las supuestas zonas de paz, planifican su plan de trabajo delicuencial bajo el silencio cómplice de los poderes públicos.

El ministerio de Interior de Justicia y Paz, que no aplica la ley para el desarme y control de armas y municiones por miedo, y las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB), que todavía no le informa al país la verdad del por qué las armas largas de alto calibre y granadas están en manos de estas bandas hamponiles -que se dan el lujo de montar vídeos por las redes sociales mostrando parte del arsenal- han creado pánico en la población y han permitido que la impunidad se convierta en el mejor aliado de este Estado criminal, según el abogado penalista.

Cuerpos de seguridad del Estado, encabezados por la Guardia Nacional (GN), el Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el exterminio de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), son valientes y descargan toda su ira llena de odio y de resentimiento en contra de manifestantes con represión, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, violando sistemáticamente los Derechos Humanos. Para Narváez, estos persiguen y encarcelan a periodistas, médicos, quienes les tiemblan las piernas y huyen corriendo cuando les toca enfrentar el poder de fuego de los delincuentes.

“La impunidad es el mejor aliado del hampa y el Estado es el verdadero cómplice. En el país manda es el hampa y el derecho a la vida no vale nada”, finalizó.

Observadores de derechos humanos y dirigentes de la iglesia católica en Venezuela, describen como “una masacre” los asesinatos de casi 50 detenidos, hecho ocurrido el pasado 1 de mayo en una cárcel ubicada en el interior del país durante una serie de disparos realizados entre civiles y miltares.

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La ministra de Servicios Penitenciaros de la administración de Maduro, Iris Valera, declaró al diario Últimas Noticias que el acto ocurrió tras un intento de fuga masiva.

De acuerdo a las organizaciones defensoras de DDHH, los reos siempre recibieron “disparos contra su humanidad”, cuando se acercaron al área administrativa de la cárcel para protestar que militares de la Guardia Nacional Bolivariana se quedaran con porciones de sus comidas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, que confirmó 47 fallecidos y 75 heridos, rechazó que una presunta “fuga, revuelta, pelea o motín entre los internos” haya originado los ataques.

“Sí, fue una masacre”, afirmó Carolina Girón, directora del Observatorio. Durante una entrevista con la Voz de América, insistiendo en que los disparos contra la población carcelaria fueron “indiscriminados”.

La directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), Andrea Santacruz, denunció que el estado de alarma que vive el país por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha violentado los DDHH de la ciudadanía venezolana, debido a los hechos realizados por las fuerzas de seguridad de la administración de Maduro para mantener a las personas en sus hogares.

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“En Venezuela no existe un estado constitucional de derecho, lo que significa que muchas personas pueden ser detenidas arbitrariamente como hemos visto. Tenemos más de 28 personas detenidas sin violar ninguna normativa legal (…) Los Gobiernos totalitarios que violan los DDHH usan esta medida de la cuarentena para seguir tomando el control de los países”, expresó Santacruz.

Asimismo resaltó que todos los venezolanos que están regresando al país llegan en un alarmante estado de vulnerabilidad, ya que no solo afrontan la crisis económica por la que emigraron, sino que ahora también llegan en medio de una pandemia que mantiene alerta a toda la ciudadanía.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, expresó este lunes que las medidas impuestas para prevenir el covid-19 no debe ser pretexto para que los gobiernos intenten reducir los espacios cívicos.

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Asimismo, advirtió que estas medidas no deben ser usadas contra la oposición para intentar controlar a la población o prolongar la estadía de un líder en el poder.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet | Foto: Reuters

El defensor de Derechos Humanos (DDHH), Jesús Memije y su hijo fueron asesinados tras recibir varios tiros en Guerrero, estado del sur de México, informó la Fiscalía estatal en un comunicado.

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El asesinato se registró el pasado viernes cuando Jesús Memije y su hijo se dirigían a su casa en el municipio de Coyuca de Benítez, en la costa del Pacífico, según indicó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, institución en la Memije laboraba.

ASESINARON

Foto: Cortesía

La Fiscalía no dio a conocer mayores detalles del asesinato. Sin embargo, la Comisión pidió a las autoridades estatales y federales que tome en consideración la labor que ejerció como defensor tras creer que se trate de un homicidio.

ASESINARON

El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, denunció a través de Twitter la detención “arbitraria” del ciudadano norteamericano Jason Barnes, de 34 años de edad acusado como “un patriota cooperante” en la quema de dos hectáreas en el sector Campo Elías, del estado Yaracuy.

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La detención ocurrió luego de que un grupo del consejo comunal de esa zona se acercara a su residencia para gritar que “por culpa de los norteamericanos” existía bloqueo en el país, acto que llevó a responsabilizarlo de tala, quema y toma ilegal de agua.

Sin embargo, una juez dictó medida de privativa de libertad justificando que los supuestos delitos eran ambientales, y que se debía atender lo que decían los Consejos Comunales.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, aseguró este jueves que la pandemia generada por el nuevo coronavirus es una “crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”.

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En un mensaje pronunciado a través de un video, el jefe de la ONU denunció discriminación en la prestación de servicios públicos para combatir el nuevo coronavirus y destacó que existe “desigualdades estructurales que impiden el acceso a ellos”.

Asimismo, el secretario explicó que la pandemia ha producido “efectos desproporcionados en algunas comunidades” y afirmó que existen “ataques a grupos vulnerables”.

“Como dije entonces, los derechos humanos no pueden ser algo secundario en momentos de crisis, y ahora afrontamos la mayor crisis internacional en generaciones”, expresó.

Guterres insistió que los gobiernos deben ser “transparentes, reactivos y responsables de sus actos”. La libertad de prensa, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el “espacio civil” son esenciales, insistió.

La comisión de Política Interior del Parlamento venezolanos registró 55 violaciones hacia los Derechos Humanos durante los 34 días de cuarentena. Según el presidente de este grupo, el diputado Freddy Valera, los autores de estas agresiones fueron realizadas por el régimen de Nicolás Maduro.

“Si bien el país atraviesa esta pandemia, no es excusa para que los derechos de los ciudadanos no sean
respetados’’, dijo el parlamentario este viernes al presentar el informe. Además, señaló que se han reportado persecuciones políticas a periodistas y medios de comunicación, que están intentando realizar su trabajo. No dejó de mencionar también al personal de salud que ha denunciado el colapso del sistema y la falta de suministros.

‘Se amenaza, se hostiga y hasta se detiene arbitrariamente a todo aquel que informe u opine al respecto’’, dijo el diputado Valera, recalcando que ‘‘se hostiga al sector salud en lugar de fortalecer y apoyar a este importante gremio que está arriesgando su vida enfrentando una enfermedad tan peligrosa como ésta’’.

Valera puntualizó también la escasez de combustible en el país venezolano, considerando también que es un atropello a los DDHH. Pues, esto obstaculiza la movilidad de los ciudadanos en sus comunidades.

‘‘Deterioraron la estructura petrolera a tal punto que pasamos de ser un país importador de petróleo y sus derivados, a esta grave crisis que hoy en día tiene casi
paralizado a todo el país, incluyendo a los trabajadores de la salud que se enfrentan a este obstáculo a diario. ¿Cómo se trasladan a los centros de atención médica sin combustible?’’, aseveró.