El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), aseguró que la administración de Nicolás Maduro no ha cumplido con su deber de responder, en un lapso de 60 días, a las comunicaciones de los mecanismos temáticos de la ONU sobre los casos de violaciones a los DDHH.

La ONG hizo énfasis en las condiciones de detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Cenapromil en cuanto a la pandemia de la Covid-19.

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Provea informó que desde 2011 han sido enviadas 82 comunicaciones de los mandatos temáticos de los cuales solo se han respondido 39.

De igual modo, el comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, condenó «la falta de compromiso» de la administración de Nicolás Maduro en cooperar con los mecanismos impuestos por la ONU para poder garantizar la vida de los detenidos en Venezuela.

«Condenamos la negligencia del régimen y su falta de compromiso al momento de cooperar con los mecanismos de las Naciones Unidas que exigen respuestas ante la condición de vida de los presos en el país», sentenció Pizarro a través de sus redes sociales.

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, lamentó que en Venezuela no se cumpla la Declaración Universal de 1948 y su ratificación por las Naciones Unidas en 2005.

Sobre las violaciones de Derechos Humanos, Solórzano señaló que se ha convertido “en un acto cotidiano y cualquiera de nosotros podría ser víctima. Se violan todos los DDHH al mismo tiempo. Hasta el que muere en un hospital por las condiciones o la falta de insumos, entra en las cifras de los asesinados por el régimen, esto es un crimen de Lesa Humanidad».

Además, recordó que “la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a la población de otro estado cuando su gobierno comete los crímenes”. Por lo que pidió la ayuda a las instancias mundiales para la causa venezolana.

La doctora Ana Leonor Acosta, representante de la organización sin fines de lucro, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, aseguró que se están violando los derechos ciudadanos al mantener cerrado los tribunales en Venezuela durante la cuarentena por covid-19.

Actualmente, los tribunales tienen 215 sin trabajar, retrasando varios juicios y audiencias de muchos casos de los ciudadanos venezolanos.

Luego de una votación celebrada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Arabia Saudita no entró al Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.

La nación árabe no contó con los 97 votos necesarios para ingresar al Consejo, al que se presentó como candidata por el grupo de Asia y el Pacífico.

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La ONU renovó, este martes, a los 15 miembros del Consejo de Derechos Humanos. Varias ONG, como Human Rights Watch (HRW), pidieron a los países miembros de la ONU que se pronunciaran en contra de Arabia Saudita y China, por considerarlos dos de los Gobiernos más abusivos del mundo.

China, por su parte, resultó elegida para formar parte del Consejo.

Sabrina Padrón, una madre venezolana que migró a Colombia, se encuentra en una disputa legal con su pareja, un policía colombiano, luego que una señora que cuidaba a las pequeñas las entregó a funcionarios de seguridad alegando que su madre las había abandonado. 

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Luego de una búsqueda para determinar el paradero de las pequeñas de seis y cuatro años, fueron encontradas en una fundación bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Según lo declarado durante una entrevista con el programa “Al Día con Sergio”, tanto Carlos Alonso Juárez, activista de los derechos humanos y Sabrina, aseguraron que este hecho ocurrió el pasado 25 de agosto, y hasta la fecha, todavía no ha recuperado a las niñas. 

Padrón se encuentra en proceso de juicio para mantener la custodia de sus hijas y poder verlas tras casi dos meses alejada de ellas. actualmente las pequeñas se encuentran en la vivienda del policía que era su pareja y no tiene derecho a verlas.

El Gobierno de Argentina, presidido por Alberto Fernández, detalló que votará a favor de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que condena la violación de los Derechos Humanos en Venezuela.

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La noticia fue anunciada a través de un comunicado en el que aseguran que “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ”.

El texto destacó que Argentina siempre “mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos” y aportará todo lo necesario para conseguir el fin de la crisis que atraviesa Venezuela.

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“Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, dicta el documento.

Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del Gobierno (E) de Venezuela, aseguró, este martes, que «todos los días una persona es asesinada por el régimen (de Nicolás Maduro)».

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En su intervención en la discusión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el informe de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela, Borges afirmó que la administración de Maduro ha utilizado la tortura y las ejecuciones extrajudiciales como un «patrón de Estado».

«El drama de los venezolanos no es de izquierda o derecha, es un hecatombe que necesita que pongamos a un lado agendas políticas y entendamos que Venezuela es un país en fase terminal», indicó el comisionado.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela, aseguró que «han ocurrido graves violaciones a los DDHH (en el país) desde 2014».

En su intervención en la sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Venezuela, Valiñas aseguró que estas violaciones «fueron perpetradas, directamente, por funcionarios de seguridad del Estado, así como funcionarios civiles y militares».

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La abogada experta en derechos humanos, indicó que, «en 140 casos de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), examinados por la mision, 413 personas fueron asesinadas».

Por otra parte, la jurista destacó que la misión de la ONU que preside, registró «en 2.500 incidentes», al menos «4.600 muertes fuera del contexto de las OLP».

«Tenemos motivos razonables para creer que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, porque forman parte de políticas de Estado», dijo Valiñas.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En el texto, Bachelet mostró su preocupación por «las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (al servicio de Nicolás Maduro)».

La funcionaria se refirió, particularmente, a las sentencias que inhabilitan a las directivas de varios partidos políticos opositores. La expresidenta también habló acerca del dictamen que permitió designar a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

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«Obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos», dijo la alta comisionada. Michelle Bachelet también indicó que el Tribunal ha promovido «el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral».

La exgobernante expresó su dudas sobre la composición de la Asamblea Nacional, «sin un proceso inclusivo de consulta previa», y pidió a Venezuela seguir trabajando para «alcanzar condiciones para el desarrollo de unos procesos electorales creíbles, libres y equitativos».

En la actualización de su informe, Bachelet denunció «el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados, como resultado de operaciones de seguridad». Según su despacho, Venezuela ha registrado más de 2.000 asesinatos de este tipo, en lo que va de año. Más de 700 de ellos se produjeron entre junio y agosto.

«Es crucial que, en los próximos meses, se proteja el espacio cívico y democrático, y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad, por ejercer sus derechos», concluyó la comisionada.

 

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Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

La fecha fue acordada luego de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, que se realizó en Dhaka, la capital de Bangladesh, en 1999.

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El objetivo de esta efeméride es el de “prevenir y combatir la trata de personas, con especial atención a las mujeres y los niños”. También busca “proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos”.

El tráfico de personas se ha convertido en uno de los principales problemas de Europa y parte de América. La trata supone una profundización de las violaciones a los derechos humanos, además de constituir un grave delito en las naciones.

Usualmente, el tráfico de personas es realizado por organizaciones delictivas, que se encargan de secuestrar y transportar a las víctimas.

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