El expresidente y actual candidato republicano Donald Trump ordenó este sábado a su Administración suspender de inmediato el financiamiento federal a organizaciones no gubernamentales (ONG) que, según sus declaraciones, estarían involucradas en disturbios recientes en ciudades estadounidenses, independientemente de lo que decida el Congreso sobre el tema.
La medida fue anunciada a través de su red Truth Social, donde expresó su respaldo a la iniciativa legislativa presentada por el congresista republicano Kevin Kiley, titulada “No a los impuestos para disturbios”. Aunque la legislación aún no ha sido aprobada, Trump afirmó: “Instruyo a mi Administración a no pagar nada a estos grupos radicalizados, independientemente de dicha legislación”.
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Sin nombrar directamente a ninguna organización en su mensaje, el exmandatario acusó a estas ONG de utilizar fondos públicos para incitar disturbios, provocar incendios o destruir infraestructuras urbanas y luego solicitar más recursos para su reconstrucción. “¡¡¡NO MÁS DINERO!!!”, escribió en mayúsculas.
Una ley contra ONG vinculadas a protestas migratorias
La propuesta de ley impulsada por Kiley surge en respuesta a las recientes manifestaciones ocurridas en Los Ángeles, donde grupos civiles protestaron contra redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El texto busca impedir que organizaciones señaladas por participar en “disturbios ilegales” sigan recibiendo fondos federales o accedan a exenciones fiscales. Además, contempla endurecer las penas por agresiones a agentes federales y por obstrucción de operaciones migratorias.
Kiley mencionó de forma específica a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), una ONG que, según él, habría recibido más de 34 millones de dólares en fondos estatales y participado activamente en las protestas. El congresista alega que la organización difundió en tiempo real la ubicación exacta de las redadas del ICE, lo que —a su juicio— contribuyó a los altercados.
Un portavoz de CHIRLA rechazó estas acusaciones y negó cualquier implicación en actos de violencia o disturbios. A pesar de ello, la organización se encuentra bajo investigación por parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Las pesquisas buscan determinar si la ONG utilizó subvenciones otorgadas durante el gobierno de Joe Biden para financiar actividades consideradas como disruptivas.
Un nuevo frente político
La postura de Trump refuerza su narrativa de “ley y orden” de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que buscará regresar a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la medida eleva la presión sobre las organizaciones civiles que defienden los derechos de inmigrantes, acusadas por sectores conservadores de obstaculizar la labor de las autoridades federales.
Por ahora, la propuesta legislativa de Kiley sigue en debate en el Congreso, pero la orden directa de Trump marca una escalada política y administrativa en su ofensiva contra ONG a las que considera aliadas del caos y la desestabilización.
