Con 178 votos a favor fue aprobada la ‘Ley Celaá’, en el Congreso de los Diputados de Madrid.
La nueva ley educativa ha generado críticas dentro del territorio español, especialmente entre algunas asociaciones de madres y padres, la oposición e instituciones como la Real Academia Española (RAE).
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Entre los puntos más polémicos, destaca el no incluir el castellano como lengua vehicular, que se refiere al idioma que emplean los miembros de una comunidad educativa, una medida aprobada con 26 votos a favor.
El reglamento establece que son las propias comunidades las que deben garantizar el derecho de los estudiantes a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales.
La gran mayoría de las leyes de educación en España, han sido polémicas porque, pese a la importancia de esta norma, nunca ha habido consenso parlamentario. Por esto, la ‘ley Celaá’, se ha convertido en la octava de la democracia.
En este caso, la polémica no se ha quedado en la Cámara Baja. Fuera de sus instalaciones se han concentrado miembros de la plataforma “Más Plurales”, la cual agrupa a asociaciones de la escuela concertada (aquella con menos número de alumnos) privada y católica, en contra de la nueva de la ley.
Desde el primer trimestre del año y durante el confinamiento, cuando se comenzó a tramitar esta ley en el Congreso, ya se estaban realizando “quedadas digitales”, que se refieren a las protestas organizadas para evitar la legalización del reglamento.
Entre las asociaciones voluntarias han destacado: Escuelas Católicas, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid (FSIE) y la Federación de Enseñanza (FeUSO).
