Al menos 111 organizaciones sociales y de derechos humanos en Venezuela denunciaron “la campaña de criminalización y desprestigio” presuntamente aplicadas por la administración de Nicolás Maduro contra aquellos que han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la reciente investigación abierta en el país, informó Provea en un comunicado.
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La organización recordó que Venezuela es signatario del Estatuto de Roma, lo que obliga a las autoridades del país a colaborar con su funcionamiento.
“La política sistemática por parte del Estado de restringir el espacio cívico en el país, incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, ratifica que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela (…) Reitera las conclusiones del reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre las profundas irregularidades en el sistema de administración de justicia, el cual es utilizado como un instrumento de persecución a la disidencia”, detalla el texto.
Las ONG instaron al equipo de CPI a que mantenga “seguimiento de las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado con su labor, lo que refleja el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma”.
