La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado venezolano en la ejecución extrajudicial de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez (26 años) y Ramón Antonio Molina Pérez (42 años) en el año 2003 por motivos discriminatorios, basados en la edad y condiciones socioeconómicas.
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La sentencia del organismo internacional fue firmada el pasado 3 de junio y se hizo pública el 19 de julio del año 2021, 18 años después del crimen.
Las víctimas de este hecho fueron ajusticiadas por funcionarios de la policía del estado Falcón (Polifalcón) el 29 de marzo de 2003, pese a que días anteriores, Guerrero había denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo del estado Falcón, actos de hostigamiento, detención y agresiones por parte de funcionarios policiales, denuncias que fueron publicadas en los medios de comunicación local.
La CIDH ordenó al Estado venezolano realizar las investigaciones pertinentes; además de procesos penales del caso que permitan identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de estas muertes.
Antes del ajusticiamiento
Nieves Ramon Guerrero, padre de Jimmy, narró en una entrevista a VPItv que su hijo fue detenido arbitrariamente en tres oportunidades en el año 2002 y una vez en febrero de 2003. En esa última ocasión, fue agredido por los efectivos policiales.
“Se lo llevaron detenido, lo golpearon y le dejaron sangrando un ojo, los policías alegaron que era un antisocial de alta peligrosidad”, dijo.
Contó que la madrugada del 29 de marzo de ese año, Jimmy Guerrero, Ramón Molina y otra persona se encontraban a bordo de un vehículo en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, camino a una licorería, ubicada en la urbanización Santa Irene.
Mientras que los dos acompañantes esperaban en el carro, dos personas armadas vestidas con uniforme policial llegaron a bordo de otro vehículo, uno de ellos disparó a Guerrero mientras se encontraba en la puerta del comercio. El otro sujeto armado disparó contra Molina y el hombre que estaba en el vehículo. La tercera persona, que no quiso identificar y que sobrevivió al ataque, resultó herida, pudo ver cómo le daban patadas y dos disparos más al cuerpo de Guerrero, a quien además arrastraron en una moto unos 200 metros. Ambos fallecieron en el acto.
El mismo día del suceso, la Fiscalía 6 del estado Falcón ordenó la apertura de la investigación; sin embargo, no hubo avances significativos hasta el año 2007, cuando asignaron el caso a otra Fiscalía.
El 10 de marzo de 2008, el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y la familia Guerrero enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alegaba la responsabilidad del Estado venezolano en la muerte de Jimmy Guerrero y Ramón Molina. El 19 de febrero de 2011, la CIDH aprobó el informe de admisibilidad y el 4 de abril se celebró la audiencia pública de fondo.
El Estado venezolano negó los señalamientos de responsabilidad y aseguró que las investigaciones internas fueron diligentes en torno al caso. Además, alegó que la víctima (Guerrero) tenía antecedentes penales y que las denuncias que realizó tenían la supuesta intención de evadir a las autoridades. Precisó que se emitió una orden de captura contra un comisario de las Fuerzas Armadas del estado Falcón, señalado como presunto responsable.
Dicha orden de aprehensión se emitió el 1º de abril de 2016, pero no se hizo efectiva hasta el 14 de agosto de 2017. En esa fecha el presunto responsable se presentó de forma espontánea. Al día siguiente se celebró la audiencia donde se le imputó el delito de homicidio. Sin embargo, el juez dictó sobreseimiento de la causa de manera definitiva.
Años más tarde, en mayo del 2019 el caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pasados 18 años se hizo justicia. Por primera vez tienen una respuesta de este hecho. La CIDH responsabilizó al Estado venezolano de la ejecución extrajudicial que causó la muerte de Jimmy Guerrero y su tío Ramón Molina en el estado Falcón.
La sentencia de la CIDH determinó la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de derechos fundamentales de Jimmy Guerrero y Ramón Molina.
Sus familiares no cedieron ante intimidaciones y amenazas de las fuerzas estatales para inhibir su denuncia ni ante la obstaculización del Estado. Esta sentencia es un “gran logro” para las familias Guerrero y Molina, pero también para tantas madres venezolanas que siguen buscando justicia por denuncias de violaciones de derechos humanos sufridas por sus seres queridos.
