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Argentina y Chile ofrecen ciudadanía a personas expulsadas de Nicaragua

AME8625. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24/01/2023.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, posa hoy junto a su similar chileno Gabriel Boric (i), durante la jornada inaugural de la VII Cumbre de la Celac en Buenos Aires (Argentina). La VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) comenzó este martes en Buenos Aires con la cancelación, en la víspera, del viaje del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la vuelta al foro multilateral del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/Enrique García Medina

Los gobiernos de Chile y Argentina anunciaron que ofrecerán la residencia y la nacionalidad a las más de 300 personas opositoras expulsadas en Nicaragua, entre las que se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

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Al igual que España, las autoridades de ambos países buscan abrir sus puertas y ofrecer protección internacional a los nicaragüenses, que han sido acusados de «traidores a la patria» y sentenciados «a la pérdida de sus derechos de ciudadanos de forma perpetua».

https://twitter.com/Minrel_Chile/status/1628129725976612884/photo/1

La Cancillería chilena fue la primera en anunciar su intención a través de un comunicado: “(Se) arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena, según las normas constitucionales y legales que la regulan».

https://twitter.com/gabicerru/status/1628031838248660994

Por su parte, la portavoz de la presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Alberto Fernández también está dispuesto a otorgar la ciudadanía tanto a Ramírez como Belli, así como a «todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua».

El pasado 9 de febrero, el régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos por “traidores a la patria”, incluidos cinco sacerdotes, a quienes inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección.

Días después, despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes.

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