Un tribunal federal de Argentina resolvió mantener abierta la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas, al desestimar una apelación presentada por uno de los 14 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) imputados en la causa.
De acuerdo con la organización InterJust, que representa a los familiares de las víctimas, el fallo ratifica la aplicación del principio de jurisdicción universal, que faculta a la justicia argentina a investigar delitos internacionales graves sin importar dónde ocurrieron. La decisión judicial se conoce en un escenario político complejo para Venezuela, marcado por la captura de Nicolás Maduro y un eventual proceso de transición.
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Ante este panorama, la organización de derechos humanos alertó sobre el riesgo de que las exigencias de justicia queden “relegadas por consideraciones políticas”, en un contexto en el que Delcy Rodríguez figura como presidenta interina. “La justicia para las víctimas y sobrevivientes de crímenes internacionales debe seguir siendo central. Años de represión no pueden tratarse como ruido de fondo”, afirmó Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust y abogado principal del caso.
Jovtis subrayó la relevancia del proceso para los familiares de las víctimas y sostuvo que, desde su visión, “a esta altura, la causa en Argentina es la única oportunidad para que las familias vean rendir cuentas a los responsables de la muerte de sus seres queridos”. La denuncia fue introducida en junio de 2023 y se enfoca en los hechos ocurridos durante las protestas sociales de 2014 en Venezuela.
El expediente, que según InterJust reúne más de 15.000 páginas de pruebas, permitió que en septiembre de 2024 un juez argentino emitiera órdenes de detención internacional contra los 14 funcionarios de la GNB. A estas medidas se sumaron solicitudes similares contra Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, dentro de una causa acumulada.
La más reciente resolución de la Cámara Federal argentina rechazó de forma puntual los “cuestionamientos de jurisdicción planteados por la defensa” del imputado de mayor rango, quien —según InterJust— intentó durante más de un año frenar el avance del expediente y dejar sin efecto su orden de captura.
