Corte Suprema de EE. UU. da luz verde a la ley SB4 de Texas para detener y expulsar migrantes

Migrantes caminan por una carretera rumbo a la frontera norte, el 9 de marzo de 2024, en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). Foto: EFE

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio luz verde al estado de Texas para implementar una ley que permite a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país.

La ley, conocida como SB4, puede entrar en vigor mientras se discuten los argumentos de una demanda presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.

La SB4 permite a la policía arrestar a migrantes que crucen la frontera desde México de manera ilegal y establece sanciones penales. Además, otorga a los jueces estatales la facultad de ordenar la deportación de personas al país fronterizo con EE. UU.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión, calificándola de “GRAN VICTORIA” y anunció en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que la ley de inmigración SB4 ya está en vigor.

Disputa entre la administración de Biden y el estado de Texas

Esta disputa representa el último enfrentamiento entre la administración de Biden y el estado de Texas sobre la aplicación de la ley de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México.

Un juez federal había bloqueado la ley después de que la administración de Biden presentara una demanda, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, indicó que la misma podría entrar en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema se negaba a intervenir.

El 4 de marzo, el juez Samuel Alito suspendió temporalmente la legislación para dar tiempo al máximo tribunal para considerar la solicitud del gobierno federal. La procuradora general Elizabeth Prelogar argumentó en documentos judiciales que la ley de Texas es “rotundamente inconsistente” con el precedente de la Corte Suprema que se remonta a 100 años atrás.

Prelogar escribió que “esas decisiones reconocen que la autoridad para admitir y expulsar a no ciudadanos es una responsabilidad fundamental del gobierno nacional, y que cuando el Congreso ha promulgado una ley que aborda esas cuestiones, la ley estatal tiene prioridad”. Sin embargo, el tribunal de apelaciones no explicó su razonamiento para permitir que la ley entrara en vigor.

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