En el segundo día de la audiencia de apelaciones en la Corte Penal Internacional (CPI), el Estado venezolano admitió que algunos casos presentados desde La Haya siguen impunes.
“Evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, indicó el abogado defensor del oficialismo, Ben Emmerson.
Asimismo, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que “los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”.
“No es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”, expresó Emmerson.
Ante estos argumentos, miembros de la CPI resaltaron que en 47 de los 62 casos que fueron presentados por el oficialismo, “no se identificaron a los perpetradores” y 57 de ellos no tienen acusación formal.
“57 estaban apenas en fase preparatoria y en 21 la caracterización jurídica era inadecuada”, comentó la abogada, mientras subrayaba que los resúmenes presentados no eran documentos judiciales válidos para la Corte.
“Estos contenían recortes de prensa, tuits y otros materiales no relacionados con la solicitud”, agregó.
Por parte de la Defensoría de las Víctimas, la CPI reiteró que en Venezuela no se establecen penas para ataques sistemáticos a la población y crímenes de lesa humanidad.
“En este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes”, subrayaron.
También advirtió que los códigos penales mencionan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, pero no los vincula con el Estatuto de Roma ni establecen sanciones y penas que se aplicarían.
