El establecimiento de una oficina de la fiscalía la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela le brindaría a esta instancia judicial supranacional información directa sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en el territorio, a juicio del internacionalista Mariano de Alba.
Parte de la obtención de esta información por parte de la oficina de la fiscalía de la CPI, detalla el experto en su cuenta de Twitter, comprendería establecer comunicación directa entre este cuerpo y los funcionarios, víctimas y familiares afines a cada caso que investigue.
“Si decidiera avanzar con su propia investigación, su información y argumentos tendrán más peso”, subraya el internacionalista.
#Venezuela: La decisión de las autoridades venezolanas de permitir el establecimiento de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y comprometerse a recibir asistencia técnica, tiene sus riesgos en el mediano y largo plazo.
— Mariano de Alba (@marianodealba) March 31, 2022
Pese a esto, para de Alba, la decisión acordada entre la fiscalía de la CPI y la administración de Maduro se traduciría para este último en una serie de riesgos “en el mediano y largo plazo”.
“Hay que recordar que, en general, la fiscalía de la Corte está muy presionada por presentar casos sólidos donde sea muy probable que pueda obtener una condena del acusado. Con su presencia en Venezuela, podría obtener pruebas más contundentes que le sean útiles en el futuro”, explica el experto.
Hay que recordar que, en general, la Fiscalía de la Corte está muy presionada por presentar casos sólidos donde sea muy probable que pueda obtener una condena del acusado. Con su presencia en #Venezuela, podría obtener pruebas más contundentes que le sean útiles en el futuro.
— Mariano de Alba (@marianodealba) March 31, 2022
El establecimiento de esta oficina de trabajo y asistencia técnica, explicó Maduro este jueves, buscará “mejorar los procesos de diálogo, cooperación y complementariedad” con relación a la investigación de la CPI, anunciada el pasado mes de noviembre.
Maduro también aseveró que tanto él como su administración son “los primeros interesados en la prevalencia plena y goce de los derechos humanos, sociales y políticos” en Venezuela.
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