Arresto domiciliario contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuestos reiterados incumplimientos a medidas cautelares

Expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE.
Expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE.

La Corte Suprema de Justicia de Brasil dictó una medida de prisión domiciliaria contra el expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que incumplió restricciones impuestas en el marco del proceso judicial que enfrenta por su presunta implicación en una supuesta «trama golpista» tras las elecciones de 2022 en las que resultó ganador Luiz Inacio Lula da Silva.

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable del caso en el Supremo Tribunal Federal, afirmó este lunes que la decisión responde a “reiterados incumplimientos” de las medidas cautelares previamente establecidas. Además del arresto domiciliario, se le prohibió recibir visitas que no sean de sus familiares directos.

El proceso penal contra el exmandatario está vinculado con su presunta participación en el intento de desconocer el resultado electoral que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Según la investigación, Bolsonaro y otros siete acusados integraban un núcleo que promovió el desconocimiento del orden constitucional brasileño.

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En paralelo a este juicio, la Policía Federal registró su vivienda en Brasilia por un caso separado: su supuesta financiación de una campaña desde Estados Unidos para promover sanciones contra jueces del Tribunal Supremo brasileño, algunos de los cuales ya han visto revocados sus visados por parte del gobierno estadounidense.

Las autoridades sostienen que Bolsonaro destinó al menos dos millones de reales (más de 360.000 dólares) a estas acciones, a través de su hijo Eduardo Bolsonaro, con apoyo de figuras políticas estadounidenses, entre ellas el presidente Donald Trump, quien ha mostrado interés por el curso del proceso.

Hace dos semanas, la Fiscalía brasileña pidió que Bolsonaro sea declarado culpable de los delitos de asociación criminal, tentativa de golpe de Estado, atentado contra el Estado de derecho y destrucción del patrimonio público. De ser condenado, podría enfrentar hasta 40 años de prisión y la pérdida indefinida de sus derechos políticos.

Los cargos están vinculados con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del exmandatario invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en un intento por revertir los resultados electorales mediante la violencia.

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