Influyentes organizaciones internacionales que promueven Derechos Humanos en el mundo como Human Right Watch, Amnistía Internacional, WOLA, Conectas, y la Comisión Internacional de Juristas, realizaron una declaración conjunta condenando la incautación de equipos a nuestro canal digital VPITV asegurando que esta acción, junto a otras medidas ejecutadas contra medios como Panorama, Radio Fe y Alegría, Tal Cual, Efecto Cocuyo entre otros constituyen un claro ataque a la libertad de expresión y al acceso a la información.
A continuación el texto de completo de la declaración conjunta:
Venezuela: Ataques contra la Libertad de Expresión deben cesar inmediatamente
Las recientes campañas de estigmatización, hostigamiento y represión contra los medios de comunicación en Venezuela constituyen un claro ataque a las libertades de expresión y de acceso a la información y vulneran las importantes contribuciones de estas organizaciones para exponer las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas. Estos ataques se combinan con incidentes de acoso a otras organizaciones y puede ser parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, a través de la cual las autoridades atentan contra la labor que estos grupos realizan en defensa de los derechos humanos.
El medio de comunicación Efecto Cocuyo, la radio comunitaria Fe y Alegría, así como la el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa SNTP, VPI TV y el periódico Panorama, entre otros medios, se han convertido en blanco de campañas de estigmatización y escrutinio legal por parte de las autoridades que responden a Nicolás Maduro.
Según la organización venezolana de derechos humanos PROVEA, durante los primeros 8 meses del estado de emergencia declarada en respuesta a la pandemia, 66 periodistas y personal de los medios de comunicación han sido detenidos en Venezuela.
Desde el 6 de enero de 2021, organizaciones de medios independientes como Efecto Cocuyo y El Pitazo ha sido acusado, primero por los medios progubernamentales y luego por las autoridades venezolanas, incluido e propio Maduro – de promover los esfuerzos de “interferencia” extranjera a cambio de cooperación internacional. Al mismo tiempo, el canal de noticias digital VPI TV fue objeto de una ardua auditoría y la incautación de su equipos de su oficina en Caracas, lo que provocó el cierre “temporal” de sus operaciones. El 8 de enero, el diario Panorama anunció en las redes sociales que sus operaciones habían sido cerradas por cinco días por el Servicio Nacional Integrado de Administración de Derechos y Tasas Aduaneras (SENIAT), por “incumplimiento de deberes formales y obligaciones tributarias”.
Otros grupos de medios se han enfrentado a ataques de actores desconocidos durante este mismo período. Un ejemplo es el diario digital Tal Cual, que el 8 de enero informó que había sido blanco de una ataque digital, durante el cual el personal experimentó dificultades para acceder a su propia página web.
El gobierno de Nicolás Maduro utiliza frecuentemente acusaciones públicas y otras formas de hostigamiento para intimidar e intentar silenciar a quienes critican al gobierno, expresan ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de derechos humanos, incluso contra actores humanitarios, todas las cuales menoscaban el derecho a la libertad de expresión.
Estos patrones de acoso se convierten en graves ataques contra la integridad, la libertad la justicia y las garantías a defensores de derechos humanos y periodistas. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en Venezuela “periodistas y defensores de derechos humanos críticos con la gobierno continúan enfrentándose a intimidación y difamación pública ”, y existen claras “restricciones sobre la libertad de expresión”. Las violaciones de derechos humanos ocurren de forma sistemática y generalizada en Venezuela, y la Misión de Investigación de las Naciones Unidas encontró “Motivos razonables para creer” que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela entre 2014 y 2020.
Las autoridades venezolanas tienen la responsabilidad de prevenir este tipo de hostigamientos y ataques, y de abstenerse de alentarlos o comprometerlos. La ocurrencia y recurrencia de este tipo de acciones, incluyendo la persecución de defensores de derechos humanos y periodistas, la violación de su libertad de expresión o detención ilegal o arbitraria, o la eventual criminalización del apoyo internacional a defensores de los derechos humanos, pueden constituir graves violaciones de derechos humanos o crímenes ley.
Las siguientes organizaciones condenan estos incidentes y exigen firmemente que las autoridades bajo el El mando de Nicolás Maduro puso fin al hostigamiento y ataques contra los medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos. También solicitamos que las autoridades garanticen el respeto a la labor informativa de estos grupos y su libertad de expresión, así como sus aportes a la exponer abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela.
Amnesty International
Conectas
International Commission of Jurists
Human Rights Watch
Washington Office on Latin America (WOLA)