El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este jueves a la Corte Suprema que se revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficia a unos 350.000 venezolanos.
De ser aceptada la petición, decenas de miles de personas podrían quedar en situación migratoria irregular, con riesgo de ser deportadas.
La solicitud, enviada por el Departamento de Justicia, pide al máximo tribunal suspender un fallo de un juez federal en San Francisco que había extendido temporalmente el TPS, el cual debía expirar el mes pasado. La Casa Blanca busca revertir ese fallo y cerrar definitivamente la vía legal que permitió la permanencia de miles de migrantes venezolanos.
Un tribunal de apelaciones ya había rechazado previamente la misma solicitud, pero ahora la administración Trump intenta que sea la Corte Suprema quien emita una sentencia definitiva. La iniciativa se enmarca en una línea política que apunta a reducir protecciones migratorias, incluso para quienes provienen de contextos de crisis humanitaria.
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El TPS es una figura migratoria que se otorga a personas cuyos países de origen se consideran inseguros para retornar debido a conflictos armados, desastres naturales o violaciones masivas de derechos humanos. En el caso de Venezuela, su aplicación ha estado sustentada por la emergencia humanitaria compleja y los informes de organismos internacionales.
Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha impulsado medidas más restrictivas en materia migratoria. Además de intentar eliminar el TPS para venezolanos, su administración busca poner fin a este mecanismo para cientos de miles de haitianos, nicaragüenses y centroamericanos. En total, la cifra de personas afectadas podría superar el millón.
El gobierno de Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que retire las protecciones legales temporales a 350.000 venezolanos, exponiéndolos potencialmente a ser deportados.
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— VPItv (@VPITV) May 1, 2025
Organizaciones de derechos humanos han alertado que, si la Corte Suprema da luz verde a la eliminación del TPS, miles de personas perderían su autorización de empleo, quedarían fuera del sistema de salud, educación y vivienda, y enfrentarían procesos de deportación.
Muchos de ellos tienen años viviendo y trabajando en Estados Unidos, incluso con hijos nacidos en el país.
Hasta ahora, la Corte Suprema no ha anunciado si tomará el caso. Mientras tanto, crece la incertidumbre entre la comunidad venezolana en EE.UU., que ve en esta acción una señal de endurecimiento de la política migratoria en un año marcado por la campaña presidencial y el resurgir del discurso nacionalista.
