La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló el jueves 11 de diciembre de 2025 a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante protestas sociales registradas desde 2014.
El informe más reciente de la Misión analiza las manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024, con especial énfasis en el papel de la GNB, cuerpo militar adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El documento concluye que efectivos de la Guardia aplicaron represión y uso excesivo de la fuerza, lo que dejó decenas de muertos y múltiples abusos contra manifestantes opositores.
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Patrón sistemático de represión
La Misión atribuye a la GNB detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, tortura, tratos crueles e inhumanos, además de violencia sexual y basada en género. Sobre las protestas de 2019, convocadas en respaldo al exdiputado Juan Guaidó, se indica que la Guardia actuó junto a otros cuerpos de seguridad en operativos que incluyeron allanamientos sin orden judicial, siembra de pruebas, incomunicación prolongada y represión selectiva de líderes opositores.
En relación con las manifestaciones posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador y la oposición desconoció los resultados, el informe advierte que las violaciones cometidas reflejan la continuidad de un patrón de persecución política. “Estas conductas no fueron hechos aislados, sino acciones insertas en un plan coordinado para silenciar, intimidar y reprimir a personas opositoras o percibidas como tales”, señala el texto.
Reacciones y antecedentes
El régimen de chavista rechazó en varias ocasiones las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, asegurando que las detenciones respondieron a actos de desestabilización. Tras las elecciones de 2024, más de 2.000 personas fueron arrestadas; posteriormente, Maduro ordenó revisar algunos casos alegando fallas de procedimiento, lo que derivó en la liberación de cientos de detenidos.
El informe de la ONU también subraya que en Venezuela no existen condiciones para garantizar justicia, pues la información oficial sobre estos casos resulta parcial, contradictoria y sin parámetros uniformes, lo que impide evaluar avances en materia de rendición de cuentas.
La Misión de determinación de hechos fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar posibles abusos cometidos desde 2014. Su mandato se mantiene vigente hasta octubre de 2026.
