La cifra de periodistas presos, por motivaciones relacionadas al cumplimiento de su trabajo, cierra el año 2020 en 274 en todo el mundo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), ofreció este balance récord, el más alto desde que el órgano, con sede en Nueva York (EEUU), empezó a recopilar estas estadísticas a principios de los 90′.

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«Es alarmante e indignante ver una cifra récord de periodistas encarcelados, en medio de una pandemia global (…) esta oleada represiva es una forma de censura que interrumpe la libre circulación de la información y alimenta la infodemia», alertó, a través de un comunicado, el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon.

El grueso de los comunicadores detenidos se concentran en Oriente Medio, África y Asia. No aparece ningún arrestado en el continente americano ni en Europa Occidental ni en Oceanía.

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Las naciones con más profesionales de la comunicación tras las rejas, son: China (47), Turquía (37) y Arabia Saudita (24).

La cifra refleja solamente los que siguen detenidos y deja por fuera a aquellos periodistas que fueron encarcelados y luego puestos en libertad.

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) resultó herido producto de un enfrentamiento entre la división policial y miembros de la comunidad indígena Yukpa, quienes se encuentran en Caracas protestando debido a la aguda crisis que padecen en su natal estado Zulia.

Los hechos se suscitaron en Puente Llaguno, a tan solo una cuadra del Palacio de Miraflores. La PNB llegó al lugar para desarticular la protesta, lo que ocasionó un enfrentamiento violento y un funcionario resultó herido por una flecha.

Los Yukpa padecen de escasez de medicamentos y otros servicios básicos, lo cual califican como «abandono estatal».

El Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales (OVC Social) detalló que los policías buscaron desmovilizar a la comunidad indígena, quienes protestaban de forma pacífica.

La comisión permanente de Interior de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Freddy Valera, denunció este sábado, durante la sesión extraordinaria, que los cuerpos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro han incrementado la represión en las protestas locales que surgen por el colapso de los servicios públicos.

A través de un comunicado, dejaron plasmado que esto ocurrió en Guayana, en el estado Bolívar, y en el municipio La Guajira, en el estado Zulia. Además, no dejaron por alto el secuestro de producto agropecuario, Ricardo Campo, en El Socorro, del estado Guárico.

El bloque parlamentario de Bolívar aseguró que mientras se desarrollan varias protestas por la falta de gasolina, el Arco Minero cuenta con el suministro de esta, ya que es comercializada por gramos de oro. Por está razón, Valera se comprometió en recolectar todas estas denuncias para documentarlas y así enviarlas a las instancias internacionales con materia en Derecho Humanos

Las protestas en los municipios Independencia y Cocorote, en el estado Yaracuy, continúan a pesar de la fuerte represión de los efectivos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro.

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«Para este día se tenía convocada una concentración en conjunto con habitantes del municipio Cocorote e Independencia, la cual no logró llegar a feliz término producto de la presencia de las autoridades», reportó Ricardo Tarazona.

Las nubes de humo que se presentan en el estado Yaracuy son han sido generadas por los gases lacrimógenos y la quema de cauchos.

Por cuarto día consecutivo los ciudadanos del estado Yaracuy salieron a las calles a manifestar por las constantes fallas de los servicios públicos y la falta de combustible en la localidad.

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Los efectivos de seguridad leales a la administración de Nicolás Maduro han reprimido fuertemente a los manifestantes con perdigones y bombas lacrimógenas

A continuación vea las imágenes: 

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Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon a civiles wayuu quienes protestan por alimentos, medicamentos y agua potable en la región de la Guajira del estado Zulia, por segundo día consecutivo.

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Los hechos se registraron aproximadamente a las 12:00 PM de este 12 de marzo, en el sector de Guarero, municipio Guajira, cerca del peaje de Paraguachón.

Se desconoce la cifra de heridos hasta el momento, pero fueron trasladados hasta centros asistenciales en Maicao, Colombia. Una de ellas, la identificaron como Lisbeth Palmar, mujer wayuu.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, denunció que la administración de Nicolás Maduro para «incrementar la persecución» contra diputados y periodistas «usando como excusa» la emergencia que se encuentra el país por el coronavirus COVID-19.

«Maduro decidió como quiere que lo vea la historia, como un dictador criminal (…) ha utilizado la pandemia del coronavirus para incrementar la persecución«, aseguró el parlamentario a través de un vídeo colgado en sus redes sociales.

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Guanipa también mencionó a periodistas

Mencionó que además de usar las fuerzas de Seguridad del Estado y grupos irregulares en Venezuela para perseguir a los diputados, también ha censurado la labor de periodistas, mencionando el arresto de Darvinson Rojas, quien cumple más de una semana detenido.

«El caso de los periodistas, de Darvinson Rojas (…) no hay razón para estar detenido. Los números son los que ellos dicen, la información es la que ellos dan», explicó.

Nuevamente calificó de mentiras los números otorgados por la administración socialista y alertó que el sistema de Salud venezolano se encuentra en crisis para atender la pandemia.

La movilización pautada para este martes, 10 de marzo, en apoyo a la Asamblea Nacional, fue reprimida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

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Asimismo, una ciudadana que se encontraba en la movilización convocada por el presidente (E), Juan Guaidó, se desmayó debido a la detonación de bombas lacrimógenas por parte de la PNB.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, anunció el estado actual de los presos políticos en Venezuela.

Romero informó que un total de 328 presos políticos existen en el país quienes algunos de ellos ya tienen boleta de excarcelación y aún las fuerzar armadas hacen nada por su liberación.

Asimismo, recordó a la Comisionada de la ONU, Michell Bachelet que sea «mas fuerte» y preste mas atención a lo que cada día sufren los presos políticos en el país.

La fundación Cáritas envió un comunicado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el que rechazó los hechos de persecución a los representantes de la fe católica en ese país y exhortó que sean respetados sus derechos en el marco de la Carta Magna nicaragüense.

«Nos resultan dolorosos e inadmisibles los hechos de persecución, hostigamiento y limitación de libertades a la Iglesia Católica nicaragüense. Nos preocupa la situación del cura párroco, presbítero Edwin Román, y algunos fieles de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, que ha incluido su privación del derecho de celebrar libremente el culto y de recibir los servicios de agua y luz, así como el acceso de personas para aprovisionarlos de agua, alimentos y medicinas», dice parte de la carta.

Cáritas aseveró que estos hechos violan los Derechos Humanos y del estamento jurídico del país centroamericano.

«Le solicitamos que se garantice a los ciudadanos nicaragüenses católicos en general y, particularmente, a los de la parroquia de San Miguel de Masaya, la seguridad jurídica que les brindan los artículos 27 y 29 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.