La organización Bloque Constitucional de Venezuela rechazó de manera categórica la decisión de la Asamblea Nacional del régimen de Nicolás Maduro de derogar la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), vigente desde el año 2000.
La organización calificó la medida como un retroceso grave en materia de derechos humanos, al recordar que el Estatuto de Roma tiene rango constitucional según el artículo 23 de la Carta Magna de 1999 y, por tanto, no puede ser derogado ni denunciado.
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“El Estatuto de Roma es un tratado de derechos humanos que garantiza justicia frente a crímenes de lesa humanidad. Su derogatoria vulnera el principio de progresividad y afecta directamente a las víctimas que esperan verdad, justicia y reparación”, señaló la organización en un comunicado.
El Bloque advirtió que esta decisión no solo desconoce compromisos internacionales asumidos por Venezuela, sino que envía un mensaje de impunidad frente a delitos de lesa humanidad que ya están siendo investigados por la CPI.
“El Estado venezolano estaría reconociendo que no cumplirá con su obligación de investigar y sancionar estos crímenes, lo que refuerza la urgencia de la actuación de la Corte”, enfatizó.
La organización recordó además que, mientras la denuncia no surta efecto, el país sigue obligado a cooperar en las investigaciones ya abiertas, como el caso Venezuela I.
El Bloque Constitucional, integrado por juristas, magistrados, académicos y representantes de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, instó a los órganos del Poder Público a cumplir con sus obligaciones internacionales y advirtió que la decisión de la Asamblea Nacional representa un golpe directo al derecho a la justicia de miles de víctimas.
Por su parte, la Asamblea Nacional del régimen chavista justificó la derogatoria como un acto de “defensa de la soberanía” y acusó a la CPI de actuar con “vasallaje” y “hipocresía” al investigar crímenes en Venezuela mientras, según el oficialismo, guarda silencio frente al conflicto en Gaza.
