Los países que conforman el Grupo de Lima se reunieron, este martes, para discutir una declaración conjunta sobre el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Claudia Blum, canciller de Colombia, fue quien convocó (junto a Perú) la reunión de los 16 países del bloque, para determinar una declaración conjunta para criticar al régimen de Nicolás Maduro.

Al término de la reunión, se adoptó una declaración en la que se incluyen, entre otros temas, la renovación del respaldo al presidente interino, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional (AN).

También, el grupo expresó su «fuerte rechazo» a las pretensiones, que tiene la administración de Nicolás Maduro, de celebrar «elecciones parlamentarias sin garantías democráticas» en diciembre.

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El bloque también condenó las «sistemáticas violaciones de derechos humanos y los presuntos crímenes de lesa humanidad documentados por la Misión Internacional Independiente de la ONU», por lo que recomendó que «el Informe sea materia del examen preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional».

El Grupo de Lima hizo un llamado a las autoridades internacionales para que investiguen a fondo las relaciones del régimen de Maduro con el crimen organizado.

Estados Unidos, Brasil, Chile, Bolivia, Panamá, Colombia, Canadá, Perú, Uruguay y Colombia, abordaron el informe que concluyó que Nicolás Maduro y altos funcionarios de su régimen son responsables de crímenes de lesa humanidad.

Mediante un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de haberse convertido en «el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo».

Ortega es uno de los líderes más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esa organización encabezó la Revolución Sandinista, que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, en la década de los 80.

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Pompeo señaló que, con sus prácticas actuales, Ortega está redoblando la represión y negándose a honrar las aspiraciones democráticas de sus conciudadanos.

El secretario de Estado también se refirió a los recientes «ataques contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua».

Según Pompeo, estas arremetidas «demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, sólo están interesados ​​en prolongar su gobierno».

Embargo al Canal 12

En las últimas semanas, canales de televisión nicaragüenses, así como empresarios opositores, han denunciado cobros arbitrarios y el embargo de equipos.

El caso más reciente es el del Canal 12, un medio privado, crítico al gobierno de Ortega, que documentó las protestas de 2018, contra el Ejecutivo.

Marcos Medina, jefe de prensa del medio, dijo a la Voz de América (VOA) que, hasta el momento, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con la empresa.

El Juez Tercero de Ejecución y Embargos de Managua, Luden Martín Quiroz, notificó a los propietarios que, en tres días, se tomarían las medidas correspondientes, a menos que éstos recurran a una última instancia legal de apelación.

Martín Quiroz también ordenó el embargo de «la totalidad de los bienes personales» del administrador del canal, Mariano Valle.

José Pereira, expresidente de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en EEUU, Citgo, quien se encuentra detenido junto a otro cinco miembros de la directiva desde noviembre de 2017 por una presunta gestión irregular de una deuda, manifestó que «dentro de las condiciones que tenemos (pandemia), las condiciones han sido buenas».

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«Las condiciones han sido buenas, con trato respetuoso de los derechos humanos por parte de los custodios. Nuestra alimentación, medicinas y contacto con nuestros familiares han sido respetadas, y queríamos dar fe sobre esto», informó Pereira mediante un video compartido en Twitter por el miembro de la administración chavista, Jorge Arreaza.

«Mientras en EEUU cientos de detenidos han perdido la vida por contagio de Covid-19, en Venezuela tomamos medidas para evitarlo. EEUU pretende seguir justificando sus agresiones con mentiras sobre los 6 venezolanos «exCitgo», hoy siendo procesados por la justicia venezolana», escribió Arreaza junto al video.

El periodista, Jusquifabio Flores, informó que funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro se mantienen expedientes judiciales en EEUU.

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Esto luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculara al diputado del partido oficialista, Adel El Zabayar, con el presunto «Cártel de los Soles». Aún así, el periodista venezolano radicado en EEUU, expresó que hasta los momentos se desconocen acusaciones contra Cilia Flores.

En una alocución de este martes, el miembro del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, presentó pruebas y nombres relacionados con el desembarco de dos lanchas rápidas en las costas de Vargas y Chuao, este domingo y este lunes, respectivamente.

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Rodríguez aseguró que la administración de Maduro ya tenía conocimiento de la operación desde el 25 de marzo, «cuando señalamos varios elementos relacionados con el entrenamiento de paramilitares en territorio colombiano, donde habían desertores venezolanos y entrenadores norteamericanos. En la tarde del 1 de mayo salen dos lanchas desde la finca del narcotraficante Elkin Javier Lopez Torres Alias «Doble Rueda», ubicada en el departamento de Riohacha, Colombia. Una de ellas, con 12 personas, se dirigió hacia la Guaira para atacar Miraflores. La segunda lancha, que llegó con 47 personas, presentó problemas en uno de sus motores y no pudieron llegar a la Guaira, que es cuando le quitan el techo para despistar a las fuerzas de seguridad venezolanas y se dirigen a Chuao, dejando a varios mercenarios en varias zonas de la costa».

El vicepresidente de comunicación del régimen, también brindó detalles sobre el presunto plan de invasión: «El comandante de la primera lancha, Robert Colina Ibarra, alias «Pantera», fue abatido en el enfrentamiento en La Guaira. Los jefes de esta operación son Juvenal Sequea Torres, un hombre de apellidos Mata Sanguineti, Antonio José Sequea Torres (Jefe operativo y Cliver Alcalá Cordones (Jefe de toda la operación)»

Mediante un comunicado, la Cancillería del Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, rechazó las acusaciones de los miembros de la administración de Maduro sobre el presunto intento de invasión de la madrugada de este domingo, que según fue proveniente de Colombia.

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«Colombia rechaza las declaraciones del vocero del régimen, Néstor Reverol, sobre un supuesto intento de ´invasión por vía marítima de un grupo de mercenarios terroristas procedente de Colombia, que intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del Estado La Guaira´, en un punto ubicado a más de 490 kilómetros del punto de costa más cercana de Colombia» reza parte del comunicado.

«La Cancillería, en nombre del Gobierno Nacional, rechaza las afirmaciones que desde el régimen de Nicolás Maduro se han realizado intentando culpar a nuestro país de supuestos hechos de desestabilización, que más bien se constituyen en intentos por desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela» concluye la misiva.

De acuerdo con información en su Instagram, el ministro de relaciones interiores de la administración de Maduro, Nestor Reverol, informó que la madrugada de este 3 de mayo «pretendieron realizar una invasión por vía marítima, en el estado Vargas, un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia».

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Reverol aseguró que esta «invasión» tenía la finalidad de «cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del Gobierno Revolucionario, incrementar el espiral de violencia,generar caos y crear confusión en la población e intento de golpe de Estado»⁣.

Según Reverol, los supuestos mercenarios quisieron entrar en lanchas rápidas «Con las acciones FANB y las FAES, fueron abatidos unos y detenidos otros (…) Se realizó la incautación de fusiles de asalto que más adelante se dará información, ya que la operación continúa y no se descartan otras detenciones».

 

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La madrugada de este #3May pretendieron realizar una invasión por vía marítima un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del Gobierno Revolucionario, incrementar la espiral de violencia,generar caos y crear confusión en la población e intento de golpe de Estado.⁣ ⁣ Estos terroristas quisieron entran en lanchas rápidas por las costas del estado La Guaira, pero gracias a las acciones oportunas y efectivas de la #FANB y las #FAES del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, fueron abatidos unos y detenidos otros.⁣ ⁣ Se realizó la incautación de fusiles de asalto que más adelante se dará información, ya que la operación continúa y no se descartan otras detenciones, se está haciendo un rastreo minucioso por mar, aire y tierra⁣ ⁣ Nos mantenemos en alerta y resistente permanente ante cualquier amenaza a nuestra Patria y responderemos de manera contundente contra estos grupos terroristas que atentan contra nuestra paz que es y será nuestra principal victoria. . . #MPPRIJP #VPSOPS #néstorreverol #justiciaypaz #NicolásMaduro #VicepresidenciaDeServicios #VenezolanosEnElMundo #venezuela #faes #ministeriodeinterioryjusticia #covid19 #coronavirus #prevención #quédateencasa #cuarentena #pandemic #covid19venezuela #coronateconlaprevención #americalatina #distanciamientosocial #cuarentenaencasa #cuidatufamilia

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Luego de que Delcy Rodríguez anunciara el pasado viernes 25 de abril la ocupación por 180 días de cuatro empresas de alimentos, entre ellas el Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), este martes se conoció sobre la toma de una sucursal de la empresa en el estado Táchira.

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Representantes de la administración de Nicolas Maduro en Táchira, por orden de Freddy Bernal realizaron la ocupación de la empresa Coposa por 180 días, ubicada en el sector Riberas del Torbes.

Al anunciar la medida, Delcy Rodríguez dijo que con la ocupación de Coposa se busca “garantizar la producción” y asegurar que “no se convierta este factor de distorsión en un precio marcador especulativo”.

El periodista Sergio Novelli denunció que funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su casa ubicada en Venezuela, en la que se encuentra viviendo una familia de corte religioso pastoral a los cuales les tiene rentado el domicilio.

A través de un vídeo que publicó en sus redes sociales, Novelli explicó que tiene más de dos años viviendo en el estado de Florida, Estados Unidos, y la única propiedad que conserva en Venezuela es dicho domicilio, en el cual no hay bienes de su pertenencia.

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Agregó que los funcionarios de Inteligencia al servicio del régimen se presentaron con una orden de una presunta investigación en su contra. «Se llevaron cuatro computadoras y cinco teléfonos que le pertenecen a esa familia. Nada de lo que está ahí es mío», dijo.

 

Irían por los padres de Novelli

En ese sentido, alertó que los activos policiales amenazaron con ir a casa de sus padres, los cuales son personas de avanzada edad y «no tienen nada que ver» con su trabajo.

Por último, remarcó su compromiso con la información y la libertad. «Mi función es dar información de lo que pasa en Venezuela (…) mi compromiso sigue intacto con la verdad, hoy y siempre. Dios es mi escudo y mi fortaleza», enfatizó.

Trabajadores públicos denunciaron la violación a sus derechos humanos ante la medida de restricción implantada por el nuevo coronavirus.

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El Coordinador de la Coalición Sindical, Carlos Salazar, aseguró que los trabajadores «se mueren de hambre» al no poder llevar a cabo sus actividdes rutinarias para obtener algo de ingreso.

«Para que una familia pueda tener proteínas en su mesa necesita 19 salarios mínimos» , expresó.

Por otro lado el Coordinador de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, mencionó que en Venezuela se practica una especie de «extorsión» hacia el pueblo, al no permitirle movilizarse e imponerles pagos en divisas.

Asimismo repudió el hecho que funcionarios impidan a los ciudadanos protestar por la ausencia de los servicios básicos e instó al régimen a actuar de forma inmediata.

«¿Cómo le vas a impedir al pueblo exigir el servicio de agua?», preguntó Rojas.