Una investigación de la Fiscalía General de Bulgaria determinó que fondos vinculados al para entonces régimen conducido por Nicolás Maduro, circularon por el banco búlgaro Investbank mediante un esquema de blanqueo de capitales que alcanzó casi 500 millones de euros entre 2017 y febrero de 2019.
De acuerdo con la resolución del expediente 16709/2022, las transferencias se realizaron a través de 101 cuentas especiales administradas por un único titular, el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev, quien figuró como intermediario legal de las operaciones. La fiscalía estableció que dichas cuentas no correspondían a distintos clientes, sino que eran instrumentos financieros utilizados para canalizar grandes volúmenes de dinero. Existen además indicios de que Tsanev habría sido accionista encubierto de Investbank, lo que agravó las sospechas sobre el rol de la entidad financiera, según información de Armando.Info.
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Los documentos oficiales señalaron que, del total transferido, más de 450 millones de euros fueron redirigidos a estructuras offshore vinculadas al régimen chavista, mientras que solo unos 46 millones de dólares permanecían disponibles y embargados al momento de aplicarse las medidas cautelares, a solicitud de las autoridades de Estados Unidos. La resolución distinguió expresamente entre el volumen total de fondos transferidos y los activos efectivamente localizados.
El caso comenzó a tomar notoriedad pública en febrero de 2019, cuando servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido revelaron información inicial sobre al menos 150 millones de dólares relacionados con el régimen oficialista en cuentas de Investbank. Ese mes se realizó una rueda de prensa en Sofía con la participación del entonces fiscal general de Bulgaria, autoridades del Ministerio del Interior y de la Agencia Nacional de Seguridad, además del embajador de Estados Unidos, Eric Rubin, quien afirmó que Washington trabajaba con países europeos para evitar el despojo de la riqueza del pueblo venezolano.
Dos semanas después, el 26 de febrero de 2019, la Fiscalía Especializada búlgara inició una investigación preliminar que fue archivada el 4 de junio de 2024, no por ausencia de indicios delictivos, sino por el traslado del proceso penal a Estados Unidos, bajo el argumento de que las autoridades estadounidenses se encontraban en mejor posición para continuar la investigación. No obstante, el fiscal ordenó mantener la vigilancia sobre las cuentas involucradas.
La resolución de 2024 confirmó que los fondos provenían de empresas estatales venezolanas, entre ellas Pdvsa, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). El banco búlgaro fue utilizado como un eslabón intermedio clave dentro de una compleja red financiera que incluyó jurisdicciones como Portugal, Suiza, Liechtenstein, Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
La investigación estableció que los fondos fueron transferidos a empresas offshore y que el acceso a la banca electrónica se realizó desde múltiples direcciones IP ubicadas en Estados Unidos y Venezuela, incluso en momentos en los que los apoderados legales no se encontraban en esos países. Este patrón fue considerado un indicio de que los operadores de las cuentas estaban vinculados a estructuras estatales y cuasi estatales del régimen de Maduro.
Entre las empresas señaladas figuró la suiza Swiss Latam AG, posteriormente renombrada Acantos Advisors AG, identificada como uno de los organizadores centrales del esquema. Según los expedientes, esta firma reclutó clientes, coordinó la apertura de cuentas, impartió instrucciones para la disposición de fondos y recibió comisiones por las transacciones. Parte del dinero fue devuelto a empresas relacionadas bajo la figura de pagos por servicios de asesoría, lo que fue descrito como un probable mecanismo de corrupción que afectó las finanzas públicas venezolanas.
La investigación también reveló un conflicto de intereses en la figura de Dimitriyka Andreeva, representante de Tsanev en la apertura de las cuentas, quien al mismo tiempo integraba el Consejo de Supervisión de Investbank. Reportes previos habían señalado además que Tsanev era un accionista oculto del banco, con Andreeva como su apoderada.
Aunque Investbank aseguró en 2019 que todas las transferencias eran legales y estaban vinculadas al suministro de alimentos a Venezuela, los documentos fiscales concluyeron que el dinero formó parte de un flujo monetario transnacional a gran escala, con desvíos sistemáticos hacia entidades vinculadas al régimen chavista.
Hasta el cierre de la investigación en Bulgaria, más de 450 millones de euros permanecían sin localizar, mientras que el Banco Nacional de Bulgaria no ofreció explicaciones públicas pese a la documentación existente. El caso quedó en manos de la justicia estadounidense, que continuó las pesquisas sobre uno de los esquemas de lavado de capitales más graves con ramificaciones internacionales vinculadas a la administración chavista.
