La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú acusó al presidente Pedro Castillo de presuntamente dirigir una organización criminal valiéndose de su investidura. La decisión fue resultado de un escrutinio, con nueve votos a favor, tres encontra y una (1) abstención.
Mediante un documento de al menos 360 páginas, la comitiva parlamentaria plantea acusar constitucionalmente a Castillo por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
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Según las investigaciones legislativas, “está comprobado” que el jefe de Estado y otros personajes vinculados a su despacho “estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección” en beneficio de diversas empresas.
“Está comprobado que los empresarios, dueños de las empresas que conformaron el Consorcio Puente Tarata, entregaron beneficios económicos al presidente de la República por intermedio de (la empresaria) Karelim López”, reza el oficio.
A Castillo también se le señaló de una presunta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas. Esta red criminal, según el documento, habría cometido actos ilícitos desde julio de 2021 hasta fines de ese año, cuando Castillo asumió la Presidencia.
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