Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran frente a Venezuela, lanzan ataques contra presuntos narcotraficantes y confiscan petroleros, el régimen de Nicolás Maduro moviliza al ejército, pide apoyo a sus aliados y apela a las Naciones Unidas.
Según The Washington Post, el chavismo aprovecha las amenazas de Washington para intensificar la represión interna y sofocar cualquier disidencia. La investigadora Martina Rapido Ragozzino, de Human Rights Watch, denunció que el régimen chavista “ha utilizado la presión estadounidense como excusa para desplegar al ejército, tildar de traidores a sus críticos y arrestar a decenas de disidentes”. La organización documentó 19 casos de presos en régimen de incomunicación. Entre ellos, Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, quien murió este mes en El Helicoide tras un año de detención sin acceso a atención médica.
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La Asamblea Nacional del régimen endureció aún más el marco legal: aprobó una ley que castiga con hasta 20 años de prisión a quienes apoyen la campaña estadounidense para confiscar barcos con petróleo venezolano. “La represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas”, advirtió Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El trasfondo político es aún más explosivo: el régimen de Maduro se proclamó vencedor en las elecciones de julio de 2024 pese a que auditorías independientes —incluyendo las de The Washington Post— mostraron que perdió frente a Edmundo González por un margen de 2 a 1. Las protestas posteriores fueron respondidas con miles de arrestos. Foro Penal contabiliza 905 presos políticos.
En paralelo, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe y lanzado ataques contra al menos 29 embarcaciones en aguas de Sudamérica y Centroamérica, con un saldo de más de 100 muertos. La Guardia Costera incautó dos petroleros este mes e intentó capturar un tercero. Trump insiste en que “Maduro tiene los días contados” y lo acusa de narcoterrorismo, con una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El régimen chavista ha intentado responder mediante la diplomacia: Maduro calificó las incautaciones de “piratería” y envió un llamamiento a los 193 Estados miembros de la ONU denunciando una “escalada de agresión extremadamente grave”. En el Consejo de Seguridad, Samuel Moncada acusó a Washington de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, mientras el representante estadounidense Mike Waltz replicó que Maduro es “un fugitivo de la justicia y jefe del Cártel de Los Soles”.
Las historias humanas revelan la dimensión del drama: adolescentes condenados por terrorismo, médicos sentenciados a 30 años por mensajes críticos, hermanas detenidas en operativos violentos y familias que, en Navidad, llevan hallacas y pequeños regalos a El Helicoide, la prisión que opositores describen como “la cámara de tortura más grande de Latinoamérica”.
El contraste es brutal: mientras el régimen de Maduro habla de soberanía y resistencia, cientos de familias solo piden la liberación de sus hijos, padres o esposos. En palabras de una esposa de preso político: “Esto es lo más parecido al infierno que tengo”.
