Distintas organizaciones sociales, políticas, no gubernamentales (ONG) y personalidades venezolanas, emitieron un comunicado en el que rechazan la escalada de violencia de los últimos días en el oeste de Caracas y exigen atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos, además de puntualizar que cualquier operativo que desee garantizar la seguridad ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho a la vida.
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También urgieron a que se realice un acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población tras los enfrentamientos continuados del pasado miércoles en el oeste de Caracas.
En el comunicado se expresa que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo.
Casi 300 organizaciones, activistas, académicos e intelectuales exigen "poner como prioridad la vida de la gente y evitar una masacre en las comunidades afectadas por la violencia" en Caracas. La recolección de firmas sigue abierta en este enlace: https://t.co/SNp6QpTnJx pic.twitter.com/LjT9G2Z5t6
— Keymer Ávila (@Keymer_Avila) July 10, 2021
En la misiva se hace una crítica a las “políticas de mano dura” implementadas por el estado, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP).
Esta comunicación fue firmada por personas como Alfonso Marmol, César Miguel Rondón, Eugenio Martínez, Feliciano Reyna, Gabriela Buada, Ignacio Ávalos, Maritza Landaeta, Rafael Uzcátegui y organizaciones como Acceso a la Justicia, Cecodap, Centro de Justicia y Paz, Fundación Bengoa, Espacio Público, entre muchas otras.
El partido político Convergencia también comunicó a través de su coordinador estadal para Caracas y Miranda, Yimi Longa, el rechazo a la violencia en todas sus expresiones.
‘’La violencia no puede seguir siendo la respuesta a las demandas sociales, extendemos nuestra solidaridad con todas las comunidades que han estado sufriendo este gran problema de las bandas criminales en el suroeste de la capital’’, dijo.
Después de tres días de enfrentamientos entre miembros de seguridad del Estado y bandas delictivas de la Cota 905, más de 800 funcionarios intentan retomar el control de la zona, en la que hay varios fallecidos y heridos, pero que de momento no existe un balance oficial por parte de las autoridades.