Tribunal condenó a 30 años de cárcel a responsables del homicidio de Rafael Acosta Arévalo

A 30 años de prisión fueron condenados los dos funcionarios de seguridad venezolanos considerados responsables del homicidio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrido a mediados del año 2019 en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Así lo informó el abogado y defensor de derechos humanos, Alonso Medina Roa, quien detalló que el Tribunal 12 de Juicio tomó dicha determinación contra el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiven Zárate Soto.

Ambos militares estaban adscritos al Dgcim al momento del hecho, ocurrido a finales de junio de 2019.

El juez Pablo Vicentelli Puerta consideró que, tras los elementos de convicción presentados y los órganos de pruebas evacuados durante el juicio, estos funcionarios son responsables de cometer homicidio calificado con alevosía y torturas en perjuicio del capitán.

Por parte del Ministerio Público actuó el fiscal 94 Renny Amundaray y Xavier Urdaneta Gasperi.

El capitán venezolano Acosta Arévalo fue acusado de conspiración contra la administración de Nicolás Maduro, resultando detenido. Durante su cautiverio, diferentes organizaciones denunciaron torturas en su contra, hasta que se confirmó su deceso en un hospital militar.

 

Su caso provocó conmoción en una Venezuela que atravesaba momentos de tensión política tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de la República en detrimento de Nicolás Maduro, a quien la oposición señalaba como «usurpador» del poder en Miraflores luego de las elecciones presidenciales de 2018.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que representó a Acosta Arévalo en este juicio, informó que solicitó que se «investigue la línea de mando», como una posible hipótesis que sume a la averiguación de la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta violación de estos derechos fundamentales en Venezuela.

 

La importancia de la CPI

Después de suscitada la muerte de Acosta Arévalo, el Ministerio Público imputó a los dos militares -hoy condenados- por presuntamente haber cometido el delito de homicidio preterintencional concausal, exculpándolos de las torturas infringidas a la humanidad de la víctima. Sin embargo, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló ese proceso penal, ordenando iniciar de nuevo.

Fue así como el fiscal general, Tarek William Saab, reconoció que hubo intencionalidad en cometer el homicidio y que sí hubo torturas.

El nuevo proceso penal se aceleró debido a la inminente visita que realizaría en octubre de 2021 el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela. Uno de los días de mayor impacto en la sala de audiencias ocurrió precisamente en ese mes de octubre, cuando fueron citados seis órganos de pruebas entre ellos médicos y forenses que participaron en exámenes premortem y en la autopsia, y militares de la Dgcim, según se reseñó en nota de prensa.

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