Ambas, la elección parlamentaria y la consulta popular de comienzos de diciembre tienen un derrotado
en común: los enfoquessuma-cero. El gobierno no logró obtener la legitimización que buscaba. La
mayoría en la Asamblea Nacional obtenida no le otorga más poder que el que ejercía ya, sin
contrapesos, mediante la Asamblea Nacional Constituyente. Su aislamiento internacional persistirá y su
única posibilidad de obtener elalivio de sanciones y paliar el padecimiento de la gente, será buscar un
camino negociado. La estrategia de aquellos en la oposición que insistían en la absoluta ilegitimidad del
régimen y reclamaban para sí el gobierno interino también fracasó. A pesar de la mutación de los
escenarios, persistieron con rigidez en una ruta que se demostraba inviable. Incluso se incurrió en
estrategias insurreccionales, que generaron falsas expectativas en la gente, derivando en posterior
desapego.
Lea también: #Opinión | ¿Hasta cuándo el racismo?
En Venezuela hay hoy un vacío de representatividad y de confianza en los actores políticos partidistas.
Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para otros actores, otras voces y otras miradas, hasta
el momento demonizadas por los extremos. La sociedad civil, con la legitimidad que le otorga su trabajo
diverso por enfrentar la crisis humanitaria y por defender los derechos humanos, puede aprovechar esta
oportunidad, y hay indicios de que lo está haciendo, para hacer una propuesta de mirada a futuro. La
favorece la cercanía con la gente y sus necesidades reales, en diferentes regiones y de distintos sectores
sociales, que defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios y organizaciones laborales o
indígenas tienen. Las propuestas de este sector (diverso y en vías de articulación), que poco a poco se
vienen visibilizando, generan esperanza.
La justicia transicional constituye un aporte significativo para la elaboración de una propuesta de futuro
en Venezuela. Un país en el que quepan todos los venezolanos necesita examinar el pasado. No es
posible pensar el futuro sin entender cómo el país llegó a tanta polarización y crueldad, ni sin hacerse
cargo de sus responsabilidades y heridas. ¿Cómo responder a este desafío en Venezuela? Hay otras
sociedades que han debido enfrentar desafíos similares, aunque nunca idénticos.
En Venezuela comienza a hablarse actualmente de estos temas. Más allá de las definiciones, hay muchas
formas de entender la justicia transicional. Algunas aproximaciones enfatizan el término justicia,
haciendo hincapié en la necesidad de retribución y en los tribunales de justicia como instrumentos
ejemplarizadores para restablecer el imperio de la ley y sancionar a todos los responsables. Otras
aproximaciones enfatizan lo transicional, entendiéndola como perdón, amnistía, o comisiones de verdad
que reemplazan la justicia. Existe también el riesgo de reducir esta noción a una serie de mecanismos,
que una vez instalados, se cree resolverán todos los problemas del país.
En mi experiencia, es más útil entender la justicia transicional como un enfoque para responder a las
consecuencias de las violaciones y a sus causas; una perspectiva que contribuya a la paz y disminuya la
polarización en el futuro. Basado en la obligación de tanto proteger como garantizar los derechos
humanos, intenta hacerse cargo de aquellas violaciones cometidas en el pasado, para aprender
lecciones y garantizar su no repetición.
Un segundo elemento, pero crucial para definir cómo asumir esta tarea, es que las respuestas deben
considerar lo masivo y sistemático de las violaciones y de sus consecuencias. La masividad y
sistematicidad no se pueden enfrentar mediante los mecanismos tradicionales de investigación y
determinación de lo que es justo, que se basan en su definición caso a caso. Eso no solo es imposible,
por su volumen, sino inadecuado, por no reconocer la naturaleza diferente que implican las violaciones
cuando son masivas y sistemáticas, ni en materia penal ni en reparación. Se requiere de diseños que
permitan hacerse cargo del conjunto de violaciones, con especial atención a aquellas más graves o que
impactan más en el presente y para el futuro. En contextos en que gran parte de la población ha sido
víctima, es necesario considerar aquellas más afectadas, y garantizar que ellas sean escuchadas y sus
derechos respondidos. Esas consideraciones debieran guiar la respuesta a las preguntas cuál es la
verdad que necesitamos; cuál es la justicia que requerimos y qué alternativas hay para enfrentar otros
crímenes cometidos; qué no podemos sino reparar; y qué lecciones aprendemos y las aplicamos para que
un nuevo ciclo de violencia y exclusión no se repita.
En la Venezuela de hoy es también esencial preguntarse algo adicional: ¿Cuál es la relevancia de discutir
esto, si no están claras las condiciones ni el momento de un cambio de régimen? Es cierto que el
contexto, las condiciones institucionales y la distribución de poder son esenciales para definir una
estrategia de justicia transicional. Sin embargo, hay dos grandes motivos para tener esta discusión hoy,
algo que varios organismos de sociedad civil ya están haciendo:
El primer motivo, como le he escuchado a dos venezolanos a los que respeto mucho, es que el proceso
de transición hacia la democracia comienza cuando se cuestiona el orden establecido y se inicia el
examen de los cambios que se requieren para superar la crisis. No necesariamente cuando ocurra el
cambio político que supone la sustitución del régimen dictatorial, por un nuevo gobierno, sea transitorio
o permanente.
El segundo motivo es que definir cómo vamos a hacernos cargo del pasado para, habiendo aprendido las
lecciones, sentar las bases de un futuro en el que quepan todos, ayuda hoy a tender puentes. Da certeza
a aquellos que apoyan el régimen que una negociación no implicará purgas masivas arbitrarias ni
venganza. Permite a aquellos que desconfían de una democracia pluripartidista y de la alternancia en el
poder saber que sus experiencias y agravios por formas de exclusión anteriores a 1999 también serán
consideradas entre las lecciones a aprender. Y da claridad a quienes han sufrido violaciones a los
derechos humanos, en el pasado y en forma más reciente, que ellas van a ser esclarecidas y
reconocidas, para evitar que se repitan.
Todo ello, permite acercar a quienes se ven como opuestos y crear un clima favorable a una
negociación, pero a una que no se funde en el negacionismo. Ofrece un espacio de encuentro a aquellos
divididos por una justificada desconfianza y resentimiento. Permite, en fin, crear puentes para edificar
una Venezuela en el que quepan todos.