La Casa Blanca informó al Congreso sobre el ataque militar realizado por Estados Unidos el 2 de septiembre en el Caribe y advirtió que podrían seguir nuevas operaciones en la región.
En la comunicación, el gobierno estadounidense calificó a ciertos cárteles de la droga como “extraordinariamente violentos” y recordó que han sido designados como organizaciones terroristas. Según el documento, estas redes han causado la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses y representan una amenaza directa a la seguridad nacional y a los intereses de política exterior.
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El informe describe que estos grupos cuentan con recursos financieros y capacidades paramilitares que les permiten operar con impunidad, ejercer violencia y terrorismo, desestabilizar a otras naciones del hemisferio y poner en riesgo a Estados Unidos. Incluso aliados de la región que han intentado enfrentarlos han sufrido pérdidas humanas significativas.
Según la Casa Blanca, ante la “incapacidad o falta de voluntad” de algunos Estados para combatir la amenaza desde sus propios territorios, Washington se vio obligado a actuar en defensa propia. El documento señala que las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación en aguas internacionales, más allá del mar territorial de cualquier país, evaluada como “afiliada a una organización terrorista dedicada al narcotráfico”. No se detalló el grupo específico ni los resultados del ataque.
El gobierno estadounidense reconoció que todavía no es posible medir el alcance ni la duración de las operaciones. Sin embargo, aseguró que sus tropas permanecerán listas para continuar acciones militares si fuera necesario.
La carta subraya que la intervención se ampara en la autoridad constitucional del presidente como Comandante en Jefe y Jefe del Ejecutivo, en línea con la War Powers Resolution, y garantiza que el Congreso será mantenido informado sobre cualquier desarrollo futuro.
