La Fracción 16J aseguró que el diputado José Luis Pirela no tiene responsabilidad sobre el caso denunciado por el portal ArmandoInfo ya que este no es miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).

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Su compañero de fórmula, el parlamentario Omar González Moreno, destacó que Pirela rindió declaraciones a este medio al ser consultado, lo que demostraría su disposición para esclarecer lo sucedido.

«El diputado Pirela no aparece en el reportaje como miembro de la Comisión de Contraloría sino como una persona que estuvo en el momento equivocado. El fue el único que dio una explicación cuando fue consultado por el equipo de ArmandoInfo», dijo González.

Subrayó que el parlamento debe continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que señale la justicia nacional.

El diputado a la Asamblea Nacional por la fracción 16J, Omar González, aseguró que es necesario que Latinoamérica conforme una coalición internacional como mecanismo de solución a la crisis que atraviesa Venezuela y responder ante la ola de protestas devenidas en varios países de la región, cuya autoría atribuyó al crimen organizado internacional.

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«Esto es un conflicto transnacional. El crimen organizado actúa en Bolivia, así como lo hizo en Chile, Ecuador y Perú. Por eso nuestra fracción planteó con antelación la conformación de una coalición internacional para evitar que estos países cayeran en estos focos de violencia», expresó el parlamentario, quien agregó que Brasil y Colombia no estarían exentos de estos conflictos.

También extendió un llamado al parlamento venezolano para que este recurra al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la Responsabilidad para Proteger (R2P por sus siglas en inglés) y el numeral 11 del artículo 187 de la Carta Magna como medida de solución y prevención.

Este lunes, se cumplió un año del llamado «plebiscito», una consulta popular convocada por diversos sectores de la oposición venezolana para el 16 de Julio de 2017, en el que se realizaban tres preguntas en las cuales, los venezolanos podían votar «SI» o «No»según consideraran.

El evento fue planteado en dos partes; en la primera los ciudadanos manifestaban su decisión ante las tres preguntas planteadas y en el segundo firmaban un acta en la que se comprometían con adherirse a los artículos 333 y 350 de la Constitución.

Con un total de 1.766 puntos y 14.800 mesas, se realizó la manifestación pacifica, considerada por muchos como la «más grande» de la historia contemporánea, sin embargo, hoy muchos venezolanos y líderes de sectores de la oposición, ven con desprecio el hecho de que, a un año de realizado, no se haya «cumplido con el mandato» de 7.500.000 ciudadanos.

Antonio Ledezma, líder político venezolano y representante en el exterior de la plataforma Soy Venezuela, envió un mensaje a través de su cuenta de facebook en el que pidió reconocer el trabajo y la lucha de los venezolanos durante los tres meses de protestas en el 2017. Además exigió el cumplimiento del resultado arrojado tras la consulta popular.

Por su parte, Maria Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y líder de la plataforma opositora Soy Venezuela, se pronunció en su cuenta de twitter, indicando que el 16 de julio de 2017 se realizó «el acto de desobediencia y rebeldía cívica más grande de la historia».

 

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Patrizia Aymerich.– La Mesa de la Unidad Democrática se ha apresurado en la puesta en marcha de una consulta popular que defina el pulso de la política venezolana en los próximos días, según los deseos de sus ciudadanos. No ha sido tan rápida, en cambio, la difusión de la información. En esta oportunidad, ha dado un nuevo paso para informar acerca del proceso que tendrá lugar este domingo: “Ya todo el material está distribuido en todos los estados», sentenció el diputado Stalin González.

Parecen estar listos. Así lo ha dicho el opositor, y que “será un acto más de rebeldía pacífica y contundente”. Afirmó que ya están dispuestos 2023 puntos soberanos de votación en todo el territorio nacional, donde podrá participar cualquier venezolano que cumpla 18 años hasta el domingo, con su cédula de identidad, aun y cuando no se haya registrado en el Consejo Nacional Electoral.

Sobre la seguridad de los electores, dijo que los cuadernos quedarán en resguardo la noche del 16 de julio y los destruirán, tal y como hicieron en las primarias de la oposición de 2012, cuando “el CNE nunca tuvo acceso” a estos.

El proceso no lo llevan a cabo solos. Han tenido aliados que permitirán la consulta, aunque el Poder Electoral y el gobierno del presidente Nicolás Maduro hayan dicho que es inválido. González afirmó que la auditoria estará a cargo de los rectores de las universidades nacionales y de los veedores internacionales.

«Confiamos en los venezolanos, honestidad, buscamos a los rectores universidades por transparencia. Los garantes que son los rectores universitarios tendrán un equipo de observadores nacionales y también internacionales”.

Las auditorías serán tres: La que hagan los garantes del proceso, la que se realice al finalizar la votación y la que hagan los equipos internacionales y ONG, señaló. Afirmó también que habrá monitores en cada punto para que informen del proceso y de la participación. Del total de ciudadanos que hayan ejercido su derecho a manifestarse se sabrá al finalizar la tarde. «Esa misma noche sabremos cuantas personas participaron».

González reiteró que luego del 16 de julio, la oposición mantendrá “la resistencia pacífica” en las calles, y que si el gobierno no acata el deseo popular, la Unidad llamará a la “hora cero”, de la que no han dado detalles hasta el momento.

Proceso ciudadano

González señaló que «este es un proceso ciudadano. El artículo 70 de la Constitución es bastante claro», en referencia a la Carta Magna, que indica:

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros (…)”.

El gobierno nacional ha defendido que no es válida esta consulta porque las Actas de la Sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 señalan que «no habrá en la Constitución de Venezuela el plebiscito como medio de participación para legitimar alguno de los poderes», según escribió el articulista Juan Eduardo Romero para Telesur. Aunque este no es el objetivo de la Unidad.

El grupo ha dejado claro cuáles son las tres preguntas en torno a la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro, la actuación de las Fuerzas Armadas y al llamado a elecciones generales, que se someterían a un referendo, ejecutado bajo la premisa del artículo 350 de la Constitución.

“Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Ante las dudas, la MUD ha tenido mucho cuidado en los últimos días de no llamarlo plebiscito, que también es un modo de consulta, pero no establecida bajo ese concepto en la Constitución venezolana.