El sector estudiantil se manifestó este lunes tras las constantes agresiones contra la universidad venezolana.

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«El régimen vuelve arremeter contra la Universidad venezolana», expresó Carlos Fernández, Secretario General del centro de estudiantes en la Escuela de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, asegurando que la administración de Maduro tiene como fin «acabar con la academia y el libre pensamiento».

Asimismo, aseguró que buscan «humillar» a los estudiantes, que buscan optar por una beca ya que los obligan a sacarse el carnet de la patria, considerando esto como un «acto miserable».

Por último, Fernández indicó que tanto ellos como la población venezolana, están padeciendo la falta de los servicios básicos en medio de una crisis pandémica que ha azotado al país y al mundo.

«Juegan con el hambre de los estudiantes y de todo un país», expresó.

El secretario general de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruíz, informó que al menos 57 periodistas han sido agredidos, censurados, detenidos y robados en lo que va del año 2020. Asimismo, la representante del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Carabobo, Ruth Lara, pidió a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de las leyes.

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Este domingo, 16 de febrero, el SNTP junto al CNP, realizaron un conversatorio en el que plantearon mecanismos de protección para el gremio. «Creemos que estas medidas de seguridad son importantes y que las tomen en cuenta», dijo Ruth Lara.

Carabobo - Al menos 57 periodistas han sido agredidos durante el 2020, según Marco Ruíz - VPItv

«Si la persona es maltratada puede pedir la ‘visa U’ que es para víctimas de agresiones», así lo informó la abogada de inmigración, María Trina Burgos, durante nuestro programa matutino Al Día Con Sergio. Explicó que este documento es una visa para aquellas personas que han sido agredidas física o mentalmente durante su estadía en los Estados Unidos. «Me pueden contactar por [email protected]», dijo.

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El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio indicó que lo sucedido hoy en la Asamblea Nacional fue un intento de «magnicidio» contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

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«Yo me atrevería a afirmar con todos los vídeos que hemos visto, los disparos y agresiones contra los diputados, que aquí estaba montado una emboscada para agredir y posiblemente asesinar a Juan Guaidó«, señaló.

Asimismo, alertó a la comunidad internacional sobre los sucedido y pidió también que tomen acciones para «eliminar» al régimen de Nicolás Maduro.

«No solo deben condenar a este régimen, sino también implementar acciones para terminar con esta dictadura», argumentó.

A pesar que en horas de la mañana, cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro y grupos civiles armados impidieron a los diputadas a la Asamblea Nacional ingresar a Parlamento, la sesión ordinaria de este 15 de enero se llevó a cabo el anfiteatro de El Hatillo, en que los puntos a tratar fueron la crisis que afrontan los maestros y la crisis salarial en Venezuela

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Como protocolo de la sesión, el secretario Angelo Palmeri procedió a verificar la asistencia de los legisladores y anunció la aprobación por unanimidad de la designación del periodista Leopoldo Castillo -mejor conocido por trabajar en programas de televisión de Globovisión antes de su venta al empresario Raúl Gorrín- será quien encabece la comisión para la reestructurar el canal Telesur. Asimismo, quien acompañará al comunicador en la recuperación del medio será Larissa Patiño, exgerente de opinión de Radio Caracas Televisión (RCTV).

La primera parlamentaria en hablar fue Delsa Solórzano, quien exigió un minuto de silencio por los dos años del asesinato del militar Óscar Pérez por parte de funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. «Hace dos años, un 15 de enero siete venezolanos liderados por Óscar Pérez fueron masacrados por el régimen de Nicolás Maduro, y esto lo pudimos demostrar ante la Corte Penal Internacional», señaló.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) registró mil 100 casos de agresión contra la prensa durante 2019, entre ellos 20 programas de radio cerrados. Así lo informó el secretario de este organismo, Edgar Cárdenas, quien se refirió al caso del reportero Jesús Medina Ezaine, el cual tiene más de 16 meses encarcelado dentro de la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

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“El año 2019 ha sido un año bastante difícil en comparación al 2018 en el que se registraron 400 violaciones. En lo que va de este año hablamos de más de 1100 agresiones. Hay 20 programas de radio cerrados, la relación de causas en tribunales asciende a 14 y está el caso de Jesús Medina, que tiene 16 meses presos en la cárcel de Ramo Verde y la reciente detención de Ana Belén Tovar de entorno inteligente que tienen tres semanas detenida”, dijo el comunicador.

“Cada día las condiciones para ejercer el periodismo son aún más difíciles. Los cálculos económicos y políticos vislumbran un 2020 difícil. Estamos en presencia de un gobierno que intenta silenciar a la opinión pública, libre y plural. Evidentemente lo que buscan es que la gente vea la versión de los hechos a través de los medios oficiales”, agregó.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas, denunció las agresiones y violaciones contra los profesionales de la comunicación durante este 2019. Contabilizan 165 agresiones a la prensa y 915 violaciones a la libertad de expresión.

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«Cada día incrementan las agresiones a los periodistas, las persecuciones, el cierre de emisoras de radio. Agresiones permanente por parte de funcionarios de seguridad del Estado», detalló el secretario del órgano en Caracas, Édgar Cárdenas.

El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo acordó acudir a organismos internacionales para solicitar sanciones por agresiones a sus autoridades, estudiantes y toda su comunidad.

La autoridad Universitaria destacó que con la interposición de estas acciones y evidenciando todos los derechos humanos que han sido violados de miembros del  personal docente, como el profesor Santiago Guevara,  el profesor Julio García, la profesora Rosmary;  y  el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UC bachilleres Iván Uzcategui, el director del comedor Ramón Bravo, quienes a su juicio se les violentó el debido proceso.

“Hoy la UC se pronuncia y aprueba unánimemente ejercer una serie de acciones ante las diferentes instancias y organismos  internacionales, algunos de ellos con sede en el territorio nacional, para alertar sobre  la amenaza que  cierne sobre el secretario de la universidad y mi persona,  no solamente se me obligó a bajar de una avión sin que hasta hoy haya sido notificada de la prohibición de salida del país, sino que efectivamente se me ha impedido el libre tránsito dentro y fuera de mi país”, detalló Divo.

Ratificó su compromiso con el Alma mater a la cual  ha prestado servicios  durante 40 años. “Estas acciones  no me animan  para nada retirarme y dejar abandonada la universidad, porque cobarde no soy (…)  No le debo nada a la justicia de este país,  si efectivamente tienen pruebas en mi contra que las presenten y yo sabré defenderme, aquí nadie nos arrodilla cuando se trata de principios y libertad”.

Este martes, el partido Voluntad Popular rechazó las agresiones contra la activista por los derechos humanos y esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, y familiares de los presos políticos; tanto civiles como militares, que se encontraban protestando frente a la sede de la Fiscalía General de la República para exigir el cese de las violaciones a los DDHH y la libertad plena de los 387 detenidos por razones políticas en Venezuela.

Voluntad Popular condenó la acción ejecutada por grupos adeptos al Gobierno nacional, quienes agredieron a los familiares de los presos, a Tintori y a su equipo, y a los trabajadores de la prensa que se encontraban en el  lugar.

«Todo esto, bajo la mirada complaciente de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes se retiraron del lugar cuando los colectivos oficialistas rodearon y amenazaron a los manifestantes, esta agresión demuestra el desprecio y la persecución del régimen contra los 387 presos políticos y los más de 150 militares de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se encuentran tras las mazamorras de la dictadura» afirma el comunicado de la tolda naranja.

 

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