El abogado Alonso Medina Roa aseguró este martes que el caso del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quedó en manos del Tribunal Supremo de Justicia leal a la administración de Nicolás Maduro. Por esto, recordó que el uniformado «falleció en el momento que iba a ser presentado en un tribunal militar».

Además, explicó que lo ocurrido también estuvo en contra de la Ley contra la Tortura. «Esperamos que se haga justicia en este caso», dijo.

«Podríamos esperar una investigación más profunda en el caso y pronunciamiento sobre cualquier punto que no ha sido expresado», añadió.

El abogado Alonso Medina Roa, en entrevista para el programa Al Día Con Sergio, manifestó que es momento de entender que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) debe ser tratada con madurez y olvidar la política para solventar los problemas que existen en una nación. Agregó que un organismo como este tiene permiso para ingresar a cualquier país sin ningún tipo de inconvenientes.

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Integrantes de la Coalición por los Derechos Humanos que agrupa a un grupo de abogados ofreció un balance acerca de la situación actual de los presos políticos en Venezuela.

«No es una cifra exacta, ya que el número de detenciones y liberaciones que se dan cada día, no permite manejar una cifra exacta de presos políticos, sin embargo, este es el registro más aproximado que podemos hacer de estas detenciones», afirmó Ana Leonora Acosta.

«No todos los detenidos son presentados ante los tribunales, es decir, hay liberaciones antes de ser presentados en tribunales por lo tanto el número tiende a variar», dijo.

«Este año tenemos 169 presos políticos, de los cuales 77 son militares, hay reporte de muchos otros que se cuentan como desaparecidos que son liberados en el curso de una supuesta investigación administrativa y otros son presentados», aseveró.

«El presidente de la república manifestaba su voluntad de liberar a los presos políticos, lo que ratifica las denuncias que hemos hecho hace más de cuatro años que estas personas no son sometidas a un juicio justo, sino que son encarceladas por la orden del gobierno o un funcionario de gobierno que no administra justicia», agregó.

«Varios organismos internacionales como la OEA, CIDH y la ONU se pronunciaron con respecto a la persecución de venezolanos por razones políticas por lo que solicitamos que se les de la libertad plena. El único que puede violar Derechos Humanos es el Estado», recordó.

«De 447 presos políticos, tenemos presos que tienen más de dos años de detención preventiva, algunos de ellos cuatro años sin contar con un juicio o una condena, estas personas que son más de 59 deben ser liberadas, hay siete menores de edad por razones políticas que deben ser liberados, ocho personas con boletas excarcelación que deben ser liberados de inmediato», cerró Acosta.

Por su parte, el abogado Alonso Medina Roa dio detalles sobre la detención de militares. «Un nuevo delito que vimos en las últimas horas, es el delito de motín, esto nos llama la atención porque en el año 2009 había un militar detenido por causas políticas y hoy llevamos aproximadamente 92 militares detenidos por causas políticas».

«Nos genera enorme preocupación la cantidad de torturas que reciben muchos de estos oficiales que han denunciado en las diferentes audiencias. Esta persecución hacia miembros de las Fuerzas Armadas genera inestabilidad dentro de la institución», sentenció Roa.

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Ante la arbitraria e ilegal expulsión de la que he sido objeto por parte del Foro Penal Venezolano (FPV), organización no gubernamental de la que soy miembro fundador y miembro directivo según acta de asamblea legítimamente registrada; quiero hacer saber que la lucha por la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos, no está condicionada a la pertenencia de una organización, sino al compromiso con la justicia, la verdad, la libertad y la democracia.

A todos los presos y perseguidos por razones políticas y sus familiares, tengan la certeza que nada ha cambiado, mi compromiso en su defensa sigue intacto, y por consiguiente, seguiré cumpliendo, hoy con más fuerza,  con los deberes inherentes a la condición de abogado defensor con la que me han honrado y he realizados por años.

A todos los miembros y colaboradores del Foro Penal Venezolano (FPV) quiero agradecerles el trabajo honesto y desinteresado que han realizado, me consta su entrega y compromiso con la libertad de los presos políticos, fueron ellos quienes me alertaron de las arbitrariedades que ocurrían con algunos Directivos en el seno de la organización.

En lo sucesivo y en lo personal, estoy evaluando las acciones judiciales tendientes a cuestionar la legalidad de esa decisión ante los tribunales competentes.

Finalmente, los profesionales del derecho, y muy especialmente quienes manifestamos trabajar en la defensa de los derechos humanos, nos debe causar repulsa  las decisiones arbitrarias, lesivas al derecho a la defensa, al debido proceso y a la dignidad de las personas, por ello, resulta inadmisible estar de acuerdo con actos de esta naturaleza.

“Unidos respetando los diferentes criterios y reconociendo el trabajo de todos, podemos llegar más lejos en la lucha por los Derechos Humanos”.

 

Alonso Medina Roa.

El director del Foro Penal Venezolano, Alonso Medina Roa, consideró que los jóvenes de la resistencia deben organizarse junto a la sociedad civil para pedir la aplicación de las normas de la Convención de Palermo.

Según Medina, se debe demostrar como «la resistencia» ha ido «madurando políticamente y organizando a los ciudadanos sin formar parte de los partidos de oposición y gobierno, para direccionar la lucha por un mejor país»

El abogado sugirió también que mediante la activación de este mecanismo, se promulgue un conjunto de normas para evitar problemas de corrupción.

«En Venezuela las alarmas están encendidas en materia política, pero el tema del narcotráfico se tiene que reflexionar también», aseguró.

Por su parte, el líder del «Movimiento Neomar Lander», Jorman Ortíz, reiteró que «más de 150 jóvenes venezolanos fueron asesinados durante las protestas», al tiempo que aseguró que a diario «la sociedad sufre violaciones de los derechos humanos».

«Quiero que el documento que suscribamos vaya a instancias penales de los propios países que forman parte de la Convención de Palermo, para que se denuncien todos los atropellos que se están viviendo en Venezuela», explicó.

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