La organización de Madres y Familiares de Detenidos en Uruguay (Famidesa), develó que un militar detenido admitió que asesinó, secuestró y torturó a «numerosas» personas en diferentes naciones.

“He ejecutado a numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército, durante el proceso y en democracia, hasta el año pasado inclusive”, redactó el coronel retirado Gilberto Vázquez en los documentos que firmó en 2006.

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Por su parte, el miembro de la institución Ignacio Errandonea manifestó que según en las notas obtenidas, el tribunal remitió las cartas al comandante en jefe del Ejército de aquel entonces, Carlos Díaz, para que fuese analizada.

“Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé”, expresó Vázquez, quien fue condenado a 25 años de prisión.

El pasado viernes, Femidesa mostró por primera vez los documentos que datan desde hace más de 10 años.

El enviado especial de los Estados Unidos a Irán, Brian Hook, estimó que el gobierno iraní “pudo haber matado a más de 1.000 personas” desde el inicio de las protestas por la crisis social que vive el país árabe, al tiempo resaltó que otros miles han sido heridos y arrestados por las fuerzas de seguridad de Hasán Rohaní.

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«No podemos tener certezas, porque el régimen bloquea la información (…) varios miles de iraníes han sido heridos y al menos 7.000 manifestantes han sido detenidos, esta es la peor crisis política que el régimen ha tenido que enfrentar en sus 40 años», expresó Hook en sus declaraciones.

Las protestas sociales iniciaron el pasado 15 de noviembre en las principales ciudades iraníes, luego de que el régimen de ese país aumentara abruptamente la gasolina por las sanciones aplicadas por Estados Unidos.

El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) señaló que desde el mes de enero hasta octubre ocurrieron 31 asesinatos en la zona norte de Nicaragua debido a la crisis política y social que vive ese país, así lo dieron a conocer a través de un comunicado.

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«A nivel periodístico hay información de más de 50,60 asesinatos;nosotros tenemos información directa de más o menos 31. Hay una valoración y estimación de las pruebas y evidencias de que no se trata de delincuentes comunes, sino que tienen la forma de ejecuciones sumarias, como las que históricamente el gobierno de Daniel Ortega empezó a usar en el norte del país contra los desmovilizados», dijo la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez.

El informe también detalló que en los últimos dos meses se han reportado 139 personas detenidas por protestar en contra del presidente Daniel Ortega.

FundaRedes consignó un documento ante la Defensoría del Pueblo, donde se denunció el incremento de la violencia en la frontera de Táchira que ha dejado un saldo de 33 personas asesinadas en el mes de octubre, en medio de enfrentamientos de los sectores limítrofes entre Colombia y Venezuela.

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“Hoy nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo, y luego a la Fiscalía del Ministerio Público, para exigir que se atienda incluso a los muertos, porque es tan dantesco lo que ocurre que  el Estado abandonó hasta a sus muertos, no son capaces ni de recoger a las personas que caen en medio de estos enfrentamientos» expresó el director general de FundaRedes, Javier Tarazona.

Un total de 113 trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en 2018, un 14% más que en el año anterior, según la lista anual de la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC), donde México y Afganistán figuran como los países más peligrosos para informar.

En México, que ya encabezó la lista de periodistas asesinados en 2017, murieron este año 17 informadores, los mismos que en Afganistán (que duplicó sus cifras de 2017), mientras que Siria se colocó en tercer lugar con 11 fallecidos de forma violenta y le siguieron Yemen y la India con 8 muertos cada uno.

Entre los 17 periodistas mexicanos que murieron en 2018 -tres más que en 2017- hay nombres como Diego García Corona, del semanario Morelos, o Jesús Alejandro Márquez Jiménez, fundador del portal de noticias Orion Informativo, asesinados a principios de este mes en dos ataques separados.

Estados Unidos ocupa un destacado sexto lugar en la lista anual con seis periodistas muertos: cinco de ellos fallecieron en un mismo ataque, de un hombre armado contra la redacción del Capital Gazette de Annapolis, el pasado mes de junio.

«Después de un comienzo desastroso en el año, el final de 2018 fue más tranquilo pero estamos lejos de la meta», destacó Blaise Lempen, secretario general de la PEC, organización que pide la implicación de actores como el Consejo de Europa o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para buscar medidas preventivas.

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Organizaciones de periodistas de siete países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, lanzarán un proyecto conjunto para hacer un seguimiento de las amenazas a la libertad de expresión y elaborar informes anuales con las amenazas recibidas a periodistas, así como asesinatos y encarcelamientos injustificados.

El proyecto está conformado por organizaciones de Uruguay, Argentina, Venezuela, Perú, Honduras, Bolivia y Ecuador que ya vienen realizando informes sobre amenazas a la prensa, aunque por separado y sin una metodología común.

Se dio a conocer que como parte del proyecto, existirá  una plataforma en Internet donde se podrán ver las amenazas en forma geolocalizada y con detalles de cada caso. Asimismo, se contabilizarán casos en trece categorías, incluyendo las más graves, como el asesinato, el secuestro, la detención forzada y el hostigamiento judicial a periodistas.

Las organizaciones planean tener listo el primer informe anual para mediados del próximo año, cuando las Naciones Unidas realice la evaluación del objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se refiere a la libertad de expresión.

 

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Este lunes, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) emitieron un comunicado en el que repudian totalmente la información emitida por los medios del Gobierno ya que aseguran “que de principio a fin han mentido, calumniado y difamado a los estudiantes atrincherados con su información tergiversada”.

Los universitarios condenan y lamentan las muertes de los jóvenes Gerald Velázquez y Francisco Flores, asesinados el fin de semana pasado en la UNAN-Managua por paramilitares orteguistas.

Asimismo, hacen responsables a las autoridades universitarias, UNEN, Policía Nacional, turbas del Gobierno, y a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo por las atrocidades cometidas en esta alma mater.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Médicas de esta universidad también denunció que las autoridades universitarias han permitido la violación de la Ley 89, Ley de Autonomía Universitaria.

 

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Este domingo al menos 14 muertos dejó un enfrentamiento entre antimotines y paramilitares con manifestantes en el suroeste de Nicaragua, en un agravamiento de la violencia que amenaza un diálogo nacional, un día después de que el presidente Daniel Ortega descartara adelantar elecciones.

Hombres de civil, con capuchas negras y fuertemente armados, entraron con la policía a las seis de la mañana en Jinotepe y Diriamba, en el departamento de Carazo, derribando barricadas que habían levantado opositores, produciéndose un fuerte tiroteo, denunciaron testigos y grupos de derechos humanos.

«Esto ha sido un horror. Tenemos mínimo 14 muertos, pero pueden ser más. Se incluyen al menos un antimotín, un paramilitar y dos policías. La peor parte la llevó la resistencia (oposición)», aseguró la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

Ante la agudización de la violencia, que deja unos 250 muertes en casi tres meses de protestas contra el gobierno, la Conferencia Episcopal anunció que valora «seriamente la continuación en el diálogo», del que es mediador. «No podemos seguir sentándonos con los representantes de un gobierno que miente, que no acepta su responsabilidad y continúa atacando y masacrando a la población», dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en la homilía de la misa dominical.

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En Nicaragua, las protestas no han cesado, así como tampoco la represión por parte de los cuerpos oficiales del Estado y grupos irregulares de civiles armados, quienes han evidenciado su complicidad para asediar y atacar juntos a los manifestantes.

El pasado jueves, Nicaragua se realizó un paro general convocado por la oposición para exigir el cese de la represión y la salida del presidente Daniel Ortega, en medio de nuevos ataques contra manifestantes en varias ciudades que aumentaron a 162 el número de muertos en casi dos meses de protestas.

En esta jornada de protesta, cuatro personas fallecieron en ataques armados de paramilitares y agrupaciones progubernamentales contra las barricadas de manifestantes en León y Nagarote (noroeste), Managua, y Masatepe (sur), indicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

«Ortega continúa con su política criminal contra el pueblo de Nicaragua porque no quiere dejar el poder, pese a que el pueblo le dice que se vaya», declaró a la AFP Azhalea Solís, representante de la alianza opositora.

 

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La injusticia, el dolor y las ganas de limpiar el nombre de sus familiares hacen que Eubardis Herrera, Aracelis Sánchez y Glory Tovar no decaigan en su labor. Todas, unidas en una sola voz, piden a las madres que exijan a las autoridades que investiguen las ejecuciones extrajudiciales, que lleven ante los tribunales a los responsables y cesen, de una vez por todas, los asesinatos en el país

“Escuchamos unos disparos y empezamos a correr, toda la gente subía al barrio. Yo creía que tenía a mi hija detrás de mí, pero cuando volteo me dicen que estaba más abajo, en el piso”. Así comenzó el último día del 2017 para Eubardis Herrera, madre de Alexandra Conopoy y abuela de una bebé que todavía estaba en gestación, ambas asesinadas ese día por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Cada 31 de diciembre las familias deberían estar esperando el conteo regresivo para recibir el año nuevo. En Venezuela, el deseo de que la situación del país mejore va de la mano con las metas personales que se tienen y que, en circunstancias normales, podrían cumplirse; pero para Eubardis apenas comenzaba un largo y doloroso camino para exigir justicia.

Los venezolanos vivían el peor diciembre que haya podido registrarse en el país, debido al recrudecimiento de la emergencia humanitaria. Esta situación obligó a las familias de los sectores populares de Antímano, en Caracas, a protestar esa madrugada para exigir que se cumpla la promesa de las autoridades de distribuir y vender el tradicional pernil navideño, un alimento que pasó de ser festivo a un paliativo al hambre que sufren las personas.

Tras este fatídico hecho, Aracelis Sánchez consiguió contactar a Herrera, llegando a visitar su vivienda para transmitir no solo un mensaje de aliento, de madre a madre, sino también para asegurarle que juntas harán hasta lo imposible para obtener justicia. La misión es no permitir la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales.

“Yo fui a la casa de Eubardis después de leer la nota de prensa en la que decían que su hija y nieta habían sido asesinadas”, relató Sánchez, fundadora de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh).

Sánchez siente en carne propia el dolor de Eubardis Herrera, porque ambas perdieron a sus hijos a manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, en ejecuciones extrajudiciales aún sin justicia.

Ese mismo dolor es el que mueve a ambas a seguir en pie frente a los atropellos y abusos de las autoridades, quienes con subterfugios tratan de frenar el avance de las investigaciones y así, como meta final, dejar impune la muerte de jóvenes inocentes.

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