Mediante un rueda de prensa virtual, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ofreció una actualización sobre las muertes en los centros de reclusión del país.

En el período entre enero y septiembre de 2020, «se duplicaron la cantidad de muertos en comparación con el año pasado», con un total de 314 fallecidos en las cáceles de Venezuela.

Según Girón, de este número, 168 murieron por problemas de salud, específicamente por complicaciones derivadas de la desnutrición, enfermedad que «está haciendo estragos en la población penitenciaria».

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«Al encontrarse en cuadros de desnutrición, es normal que los presos se contagien de tuberculosis, por ejemplo, enfermedad que se agrava por la falta de atención», aseguró la presidenta.

En 2019, el OVP registró 223 muertes entre calabozos y prisiones, 111 de ellas por problemas de salud.

Con respecto a las ubicaciones de los fallecidos, 218 presos perecieron en cárceles (121 de ellos por problemas de salud), mientras que 96 fallecieron en calabozos policiales (47 por salud).

«A los centros penitenciaros no están llegando los alimentos en cantidades adecuadas (…)Los familiares se tienen que hacer cargo de la alimentación y cuidado de sus presos, siendo ésta una tarea que le corresponde al Estado», indicó Girón.

La Asamblea Nacional (AN) prepara un plan que, al ser ejecutado, permitirá mejorar la infraestructura del sistema penitenciario venezolano. 

La iniciativa se dio a conocer durante el foro que, este viernes, realizó la AN, el Comité de Justicia y Paz del Parlamento y el Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. 

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En ese espacio, se denunció el hacinamiento que se vive en los centros de detención preventiva, a causa de los retardos procesales.

«Este hacinamiento hace que los reclusos caigan en violencia y motines (…) estos centros son focos de enfermedades como la tuberculosis y del coronavirus», expresó la diputada Yajaira Forero, miembro de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la AN. 

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declaraciones | cortesía

Por su parte, Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a la Víctima, recordó que el Estado se encuentra en la obligación de cumplir el artículo 272 de la Constitución. Según ese apartado, las autoridades venezolanas están en la obligación de garantizar “un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.

En una intervención adicional, la diputada Adriana Pichardo, presidente del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, precisó que, hasta la fecha, Venezuela cuenta con 430 presos políticos y que, de ese total, 241 son militares y 35 son mujeres.

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Cárceles en Venezuela

Mediante una rueda de prensa, la ONG Una Ventana a la Libertad presentó, este viernes, un informe sobre la situación de salubridad en los Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela.

El documento, que cuenta con datos referentes al primer semestre de 2020, resalta el alto riesgo de contagio de Covid-19, entre los privados de libertad y trabajadores de los 273 CDP estudiados.

Magaly Huggins, directora del equipo de 21 investigadores que participó en el informe, destacó la existencia de al menos 2.091 prisioneros enfermos en los calabozos.

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De ese total, 1.177 individuos tienen enfermedades de la piel y respiratorias, 517 presentan cuadros de desnutrición, 397 padecen tuberculosis y 185 muestran síntomas de enfermedades infecto-contagiosas.

Más de 90% de los calabozos que conformaron la muestra estudiada presentan condiciones de hacinamiento, que han obligado a las autoridades a «usar oficinas, depósitos y containers como celdas de reclusión».

En esas prisiones, localizadas en 19 estados del país, se encuentran recluidos 22.664 presuntos delincuentes, a pesar de que los recintos tienen una capacidad para 7.191 personas.

El dato evidencia que, en 87,5% de los calabozos policiales estudiados, existe una convivencia forzosa de reclusos sanos con reclusos enfermos.

Una Ventana a la Libertado también informó que un total de 936 personas han sido sentenciadas durante la pandemia, que 395 fueron trasladadas a otros centros y que 186 presos recibieron libertado condicional.

La legislación venezolana establece que los detenidos deben permanecer en los CDP por un máximo 48 horas, antes de la audiencia de presentación, en la que, teóricamente, se imputan los supuestos delitos y se determina un centro de reclusión.

El doctor venezolano, Julio Castro, indicó, este sábado, que en la cárcel de Ramo Verde y El Helicoide no cuentan con camillas ni un área de una de Cuidados Intensivos para atender a presos políticos que presuntamente padecen de Covid-19.

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A través del foro virtual El Covid-19 Tras Las Rejas, el padre del diputado Juan Requesens también expresó que el Estado venezolano es garante de la salud de todos los ciudadanos, incluyendo a los presos políticos y comunes.

Sin embargo, ninguno de estos recintos cuentan con el servicio de agua potable, cuando la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado en varias oportunidades que el lavado de manos es fundamental para prevenir el contagio del virus.

En una rueda de prensa ofrecida este martes por Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se informó sobre la situación de las cárceles en el país en el año 2019, destacando que «el hacinamiento está por el orden del 167,66%».

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«Tenemos una capacidad instalada de 26.238 cupos, pero una población reclusa es de 43.992 personas», indicó Girón, quien también aseguró que «todavía no ha habido un plan de descongestionamiento de los calabozos”

«Se han dado varios traslados desde calabozosos policiales, pero la cifra es muy poca para descongestionar los mismos. La Zona 7, en Boleíta, es un caso preocupante, porque allí hay casi 1.000 presos, eso es prácticamente una cárcel», informó la directora.

Girón además informó sobre el retardo procesal, «más de la mitad de las personas presas en los centros penitenciarios, con un 61%, están en proceso, es decir, gozan del principio de que son inocentes hasta que tengan una sentencia firme que declare culpabilidad y tiempo de condena”.

Un total de 900 reclusos del Centro Penitenciario de los Llanos fueron trasladados hacia cárceles de los estados Lara, Barinas y Carabobo, según datos proporcionados por la ministra de asuntos penitenciarios de la administración de Maduro, Iris Varela.

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Por otra parte, 217 reos fueron liberados este jueves a través de medidas alternativas otorgadas por el Poder Judicial de Portuguesa y del despacho de Varela, quienes acordaron el Régimen de Confianza Tutelado. Los reos purgaban penas menores a ocho años.

Según el gobernador de Portuguesa, Rafael Calles, el 42% de la población de ese centro de reclusión ha sido evacuado, y se espera terminar con la misma el lunes.

Observadores de derechos humanos y dirigentes de la iglesia católica en Venezuela, describen como «una masacre» los asesinatos de casi 50 detenidos, hecho ocurrido el pasado 1 de mayo en una cárcel ubicada en el interior del país durante una serie de disparos realizados entre civiles y miltares.

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La ministra de Servicios Penitenciaros de la administración de Maduro, Iris Valera, declaró al diario Últimas Noticias que el acto ocurrió tras un intento de fuga masiva.

De acuerdo a las organizaciones defensoras de DDHH, los reos siempre recibieron «disparos contra su humanidad», cuando se acercaron al área administrativa de la cárcel para protestar que militares de la Guardia Nacional Bolivariana se quedaran con porciones de sus comidas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, que confirmó 47 fallecidos y 75 heridos, rechazó que una presunta “fuga, revuelta, pelea o motín entre los internos” haya originado los ataques.

“Sí, fue una masacre”, afirmó Carolina Girón, directora del Observatorio. Durante una entrevista con la Voz de América, insistiendo en que los disparos contra la población carcelaria fueron “indiscriminados”.

Debido a la alta cifra de criminalidad y homicidios (58 el último fin de semana), el gobierno de El Salvador ha ordenado estrictas medidas de reclusión para antisociales identificados por pertenecer a las bandas armadas conocidas como «maras».

«Y no van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día en los siete penales de seguridad (…) no vamos a permitir que sigan elaborando manuscritos ni que sigan saliendo órdenes desde los penales», ha dicho el viceministro de Justicia y director general de Centros Penales salvadoreño, Osiris Luna.

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El ministro ha defendido la legalidad de las medidas, sin embargo diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han denunciado que éstas puedan provocar amotinamientos en los centros penitenciarios o asesinatos selectivos y colectivos. 70.000 miembros de los maras de los más de 17.000 que se encuentran en prisión.

El Salvador

Ante el reporte de al menos 23 homicidios en el interior de las cárceles de El Salvador en las últimas horas, el presidente Nayib Bukele anunció este sábado la declaración del estado de emergencia por motivos de seguridad.

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A través de su cuenta de Twitter, Bukele expresó su preocupación por la presencia de pandilleros en los penales, por lo que alertó al viceministro de seguridad pública y director penitenciario, Osiris Luna.

El Gobierno local busca evitar que los cabecillas de pandillas encarcelados transmitan órdenes criminales al exterior.

Para ello, se ordenó que estos líderes sean aislados para evitar el contacto con otros reclusos.

La cantante Madonna realizó una donación de 100.000 tapabocas a centros penitenciarios de Estados Unidos, según dio a conocer Billboard.

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La fundación de la cantante, Ray of Light, junto con REFORM Alliance, quienes se encargan de colaborar con la vida de los detenidos, buscan cambiar el sistema de justicia en la nación, por lo que donarán material médico a los reos y trabajadores de al menos seis organizaciones penintenciarias de varias ciudades de Estados Unidos.

«Proteger a los presos y personal de las cárceles. Las vidas están en juego», escribió Madonna en la red social de la camarita.

El coronavirus convirtió a los presos y a los trabajadores de las cárceles en uno de los grupos más vulnerables para ser contagiados debido a la imposibilidad de mantener la distancia social.

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Foto: Sputnik