La Fiscalía General de El Salvador archivó “142 casos” sobre muertes dentro de las prisiones de ese país tras aseverar que estos hechos no constituirían un “delito” por parte de los agentes de seguridad.
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En declaraciones a la prensa, el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, confirmó que los expedientes fueron archivados, y precisó que las muertes habrían ocurrido “durante el régimen de excepción”.
Los fiscales, aseveró el titular del Ministerio Público de El Salvador, “investigaron técnicamente cada uno de los hechos”, y estos habrían “comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto de Medicina Legal, las causas de las muertes”.
“Algunas de ellas (de las causas) se trataban de enfermedades preexistentes, otras fueron algún tipo de enfermedad en la que se prestó el debido auxilio en el momento oportuno, por las autoridades penitenciarias, y posteriormente desgraciadamente existió el fallecimiento de esa persona por causas naturales”, explicó Delgado.
Tras esto último, el funcionario asintió que “en esos casos, hasta el momento, ya tenemos comprobado que no hay un delito que perseguir por parte de la Fiscalía General de la República y por tanto los casos se encuentran archivados”.
Las declaraciones del fiscal responden a los datos revelados en el informe de la ONG Cristosal con relación a unas 160 personas muertas bajo custodia del Estado, documento que afirmó “no es correcto”.
“Hacen alusión a algún tipo de médico que proporcionó esos datos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica de ordenar esos datos e incluso han tomado en cuenta, para tratar de magnificar alguno de esos números, estadísticas de fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario antes de la entrada en vigencia del régimen (de excepción)”, expuso el fiscal para rebatir la información publicada por la ONG.
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