En nueva entrega de Freedom House, la organización detalló en un extenso informe sobre la censura que sufren los medios de comunicación, los periodistas y la conectividad en Venezuela, durante el último año.

Desde el 1 de junio del 2019 hasta el 31 de mayo se contabilizaron una serie de cortes eléctricos que incapacitó a los usuarios a conectarse a internet, el bloqueo durante el confinamiento y momentos sensibles en la política venezolana, la autocensura de los periodistas, la detención de infociudadanos y de comunicadores, ataques de ciberseguridad a sistemas de la oposición política, como de los medios de comunicación digital.

Con respecto a los cortes de electricidad, se detalló que se vivió en 12 de los 23 estados de Venezuela, incluida Caracas. Sin embargo, en otras regiones estos apagones se llegaron a extender entre 36 horas hasta dos semanas. También influye la falta de gasolina que traslada los repuestosF y transformadores de las comunidades de las regiones.

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A esto le sumamos también la suspensión del servicio de internet en varias zonas. . «Según cifras oficiales sobre el segundo trimestre de 2019, el 59 por ciento de los venezolanos utilizaron Internet. Los suscriptores móviles representan el 80 por ciento del total de suscriptores a los servicios de Internet. La penetración móvil se estimó en un 69 por ciento, frente al 78 por ciento en 2018», precisa el informe.

«A partir de junio de 2020, Venezuela continuó ocupando el último lugar para la velocidad de banda ancha fija en el Speedtest Global Index, con una velocidad de descarga promedio de 3,50 Mbps. Para la velocidad móvil, Venezuela ocupó el tercer lugar a último con una velocidad de descarga promedio de 7,80 Mbps», detalla.

El poder adquisitivo también le ha costado a los venezolanos por sus precios, ya que «muchos dedican sus escasos salarios a cubrir necesidades básicas como la alimentación y la salud».

Con respecto a los manejos de la administración de Nicolás Maduro con el internet, se aseguró que estos tienen la mayor parte de la red nacional a través de Cantv. «Los usuarios no experimentan restricciones intencionales y prolongadas en la conectividad a Internet fija y móvil. Sin embargo, se emplean «bloques tácticos» en las plataformas de comunicaciones para minimizar la cobertura de noticias políticamente sensibles», asegura e indica que se llegaron a registrar bloqueos de a redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram durante discursos del presidente encargado, Juan Guaidó, que eran transmitidos por Youtube.

A su vez, el informe de Freedom House indica que el contenido original de los medios de comunicación independiente han sido bloqueados, como VPItv y VIVOplay. El Pitazo también ha sido uno de los más atacados, como Armando.info, Efecto Cocuyo y La Patilla. Por está razón, existen varios periodistas (365) de varios medios (141) que se han autocensurado por miedo a represalias del equipo de Maduro.

Para seguir leyendo este informe, visita https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-net/2020

El diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, anunció el inicio de una campaña de información para evadir la censura y dar a conocer las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

«Una intensa campaña de información. En tiempos de dictadura, los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información son confiscados, así que tenemos que contarle al mundo lo que pasa en nuestra Venezuela», explicó el parlamentario a través de un vídeo colgado en sus redes sociales.

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Detalló que desde el Centro de Comunicación Nacional (CCN) se hará uso de todas las redes sociales para dar a conocer información seriada.

Entre los temas que se hablarán en la nueva campaña de información, estarán las diferentes vías para la salida de la administración de Nicolás Maduro.

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Queridos Venezolanos y amigos de Venezuela en el mundo. Quiero decirles que hoy empezamos una campaña. Una intensa campaña de información. En tiempos de dictadura los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información son confiscados y debemos comunicarnos y comunicarle al mundo lo que está pasando en nuestra Venezuela. Sabemos que la lucha por la vida nos quita mucho tiempo y eso justifica esta información concreta. A partir de hoy utilizaremos videos, audios, texto y a través de Twiter, Instagram, Facebook, WhatsApp y otras redes sociales trataremos de llegar a la mayor cantidad de personas posibles con material seriado. Algunos dirán que ya saben de lo que hablamos, nosotros repetimos que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Otros dirán que no estamos haciendo nada, y queremos mostrarles acciones. Así que es necesario que hablemos de cómo la dictadura, primero de Chávez y luego de Maduro ha venido cerrando los caminos políticos, pacíficos y electorales para que los venezolanos decidamos cómo salir de esta tragedia generada por esos dictadores y definamos nuestro destino como nación. También hablaremos de cada una de las condiciones necesarias para rescatar el voto como herramienta de la democracia. Este es el momento de unir la formidable presión internacional con la necesaria presión interna para que abramos las puertas al cambio político que busca con desesperación el pueblo venezolano. ¡Esta no es hora de resignación! ¡Esta es la hora de la resistencia! ¡Es toda una sociedad contra la dictadura! ¡Venezuela triunfará! ¡Viva Venezuela Libre! #VivaVenezuelaLibre

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La Libertad de Expresión fue reconocida como un derecho universal humano en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y detallada en la Observación General N. 34 del Comité de Derechos Humanos. Asimismo, fue incluido en el Artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969).

Este marco jurídico hace de la Libertad de Expresión un derecho humano formalmente reconocido y respaldado por los países signatarios de estas convenciones, pero que, por falta de una institución internacional efectiva que garantice su aplicación, es violado en muchos países que aseguran tener fundamentos democráticos. La falta de garantía de este derecho fundamental es el causante de persecuciones, encarcelamiento, tortura y muerte de muchos comunicadores y civiles que son reprendidos por expresar ideas que incomodan a las personas que ostentan el poder.

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De manera general las distintas convenciones establecen que la Libertad de Expresión es el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Este principio acarrea la libertad de las personas y grupos de personas de articular sus ideas y expresar sus opiniones sin represalias, censuras o sanciones.

Esta definición aplica a todos los signatarios de los convenios anteriormente mencionados, sin embargo, la aplicación de este concepto varía según el gobierno de tránsito en cada país, por lo que pareciera que no existe un derecho humano absoluto sino posiblemente defendible ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, u otras instancias, cuando las condiciones permiten que alcancen el nivel internacional, lo que difícilmente aplica a todos los casos que evidencian violación.

Es evidente que existe una diferencia en la regulación interna de este derecho en los países signatarios de las convenciones, pues su aplicación arroja resultados totalmente distintos en la práctica. Países abiertamente democráticos que garantizan la libertad de expresión con un sistema fuerte de protección a la libertad de expresión y países con apariencia democrática donde se evidencia censura comunicacional en diferentes niveles, en ambos casos signatarios de estos convenios. Dando como resultado países con una regulación mas cercana al espíritu descrito en las convenciones internacionales como Estados Unidos de Norteamérica y países con una legislación que ni siquiera supera el control de constitucionalidad de su carta magna como Venezuela.

Uno de los enfoques más amplios de la Libertad de Expresión se encuentra en la protección que le otorga la primera enmienda de la carta constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica y de las múltiples interpretaciones realizadas por las cortes en su aplicación. De acuerdo a la Primera enmienda de la constitución Estadounidense, la Libertad de Expresión: “…incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante el gobierno una compensación por agravios). También incluye los derechos implícitos a la libertad de asociación y creencia. Incluyendo en “Expresión” toda conducta, palabras y símbolos que sean usados para manifestar ideas, y que gozan de mayor o menor protección según el caso.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha unificado el alcance de la libertad de expresión tomando en consideración las limitaciones permitidas por las convenciones internacionales. Existe por tanto una normativa casuística que garantiza la libertad de expresión de manera relativamente eficaz y que por lo menos internamente puede asegurar que su violación no quede impune.

Por el contrario, en países con apariencia democrática dirigidos por gobiernos autoritarios, aun cuando forman parte de los convenios internacionales, la libertad de expresión no esta garantizada, y solo prevén procedimientos administrativos (y por excepción judiciales) que regulan solo la penalización de medios de comunicación, o hacen una regulación con una visión restrictiva del derecho.

El régimen que ha mantenido sometida a Venezuela durante los últimos años es un ejemplo de la línea que siguen los regímenes autoritarios en la censura de la libertad de expresión, para estos es un derecho que se obtiene de la garantía otorgada por el régimen a sus opinadores de oficio, pero que se pierde al salirse de su “línea editorial”.

Durante los primeros años del régimen de Chávez, los principales medios de comunicación, comunicadores sociales y periodistas fueron acosados y silenciados, y muchos de ellos tuvieron que dejar el país por criticar su actuación. Para el año 2004 el régimen legalizó su persecución a los medios de comunicación sancionando una ley que le daba la potestad al órgano ejecutivo de multar, sancionar y/o censurar los medios de comunicación limitando el derecho a la Libertad de Expresión, denominada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión o “Ley Resorte”.

Esta ley, aún vigente y con una reforma en el año 2010, tiene una redacción imprecisa que deja al libre albedrío de los funcionarios iniciar y decidir procedimientos administrativos que pueden concluir en la censura de medios de comunicación, negando el proceso judicial garantizado por la Constitución. Esta ley contiene numerosas prohibiciones que son excesivas y que limitan el contenido de la libertad de expresión mas allá de lo permitido por los convenios internacionales. En consecuencia, para el año 2018, el régimen dictatorial había cerrado 115 medios de comunicación y restringido el acceso a 2500 paginas web a través de procedimientos administrativos amañados.

Pero las violaciones hacia la libertad de expresión en Venezuela no quedan solo allí. El derecho individual a la libertad de expresión corre una suerte un poco mas dramática, pues esta es perseguida por la vía criminal en procesos judiciales ilegales. Actualmente, hay mas de 388 presos políticos, muchos de ellos por expresar ideas contrarias al régimen, en su mayoría jóvenes que levantaron sus voces para denunciar las injusticias y fueron silenciados con cárcel.

Esta persecución constante a la libertad de expresión ha limitado los medios de comunicación, periodistas y reporteros, al punto de crear una censura comunicacional dentro del país, pues los comunicadores se abstienen de denunciar injusticias y pedir el respeto a sus derechos por miedo a represalias. Por esta razón durante los últimos años, ha sido cada vez más difícil para los venezolanos tener acceso a la información acerca del país, lo que hace que haya una desinformación generalizada y que muchas injusticias queden silenciadas u ocultas.

Entonces bien podríamos preguntarnos ¿Cuál es la función de la legislación internacional? Si ambos países son signatarios de convenciones que protegen la libertad de expresión pero evidencian una diferencia formidable en el resultado de la legislación interna y en su aplicación real, a pesar de tener un marco normativo internacional al que tienen que apegarse ¿es necesario una norma internacional de aplicación opcional?

El sistema norteamericano no es perfecto, pero es mas efectivo en la protección de este derecho humano, imperfección que no parece ser sino una falla de origen por la inexistencia de la institución (legal o real) internacional que garantice su aplicación y por la falta de adaptación a la realidad política de la región, pues la normativa internacional que data de 1948 tiene poca incidencia en la aplicación real de la protección otorgada por el espíritu de la norma, y esto se hace evidente en el contexto venezolano, cuando el régimen venezolano desaplica las convenciones por desviación de los conceptos contemplados en la convención sin consecuencia alguna.

Pareciera entonces que la protección de la libertad de expresión no esta garantizada por la comunidad internacional, o al menos no es asequible sino para ciertos casos de renombre que logren escalar las instituciones internacionales y queda a merced de la regulación interna – en regímenes ilegítima e ilegal- de los países signatarios de los convenios. Siendo así, la misma suerte corren otros derechos humanos “garantizados” por la comunidad internacional, que con suerte sean regulados por la normativa interna.

El diputado a la Asamblea Nacional, Antonio Román, rechazó este martes la censura y atropello que sufren los periodistas venezolanos que intentan dar información sobre la situación que enfrenta Venezuela actualmente. Asimismo, condenó la salida de Directv por parte de AT&T debido a las sanciones que le ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro.

«Ellos prefirieron que saliera la cablera Directv dejando a millones de venezolanos sin distracción alguna durante el aislamiento social por la pandemia del Covid-19. Población ya bastante sacrificada por la ausencia de los más elementales servicios públicos como agua, electricidad, gas, gasolina y alimentos, por nombrar algunos», dijo el parlamentario que acotó que la cablera generaba un escape ante la realidad del país.

Además, precisó que con la salida de Directv se está dejando «en la calle a más de 200 trabajadores» y ratificó su mensaje de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional para recuperar la democracia en Venezuela.

La comisión de la Asamblea Nacional para Medios de Comunicación rechazó la salida de la empresa de telecomunicaciones Directv de Venezuela ante las «innumerables presiones y amenazas» por parte de la administración de Nicolás Maduro.

«El régimen insiste en controlar, censurar y escoger los contenidos que recibimos en nuestros hogares a través de las señales televisivas, medios impresos, plataformas web y redes sociales», expresó la Comisión a través de un comunicado.

Alertaron que la presión generada desde la administración socialista ha dejado a 6,5 millones de venezolanos sin un medio de recreación en medio de la cuarentena y confinamiento por la pandemia.

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«Es otra agresión contra la familia venezolana, ya bastante sacrificada por la falta de electricidad y de gasolina, sin alimentos y sin un sistema de salud digno, con una economía devastada por la voracidad de la corrupción de 21 años de este régimen», explican.

Recordaron que AT&T, dueña de la compañía Directv, tomó la decisión de dejar sus negocios en Venezuela debido a las sanciones por parte de órganos de Justicia en Estados Unidos contra propietarios de medios nacionales desde el 2019, investigados por actos de corrupción. «Involucran el robo de millones de dólares del patrimonio de todos los venezolanos», puntualizaron.

Comunicación

El secretario general de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruíz, informó que al menos 57 periodistas han sido agredidos, censurados, detenidos y robados en lo que va del año 2020. Asimismo, la representante del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Carabobo, Ruth Lara, pidió a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de las leyes.

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Este domingo, 16 de febrero, el SNTP junto al CNP, realizaron un conversatorio en el que plantearon mecanismos de protección para el gremio. «Creemos que estas medidas de seguridad son importantes y que las tomen en cuenta», dijo Ruth Lara.

Carabobo - Al menos 57 periodistas han sido agredidos durante el 2020, según Marco Ruíz - VPItv

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), instó a las autoridades venezolanas a «permitir inmediatamente» que los canales locales Telecaribe y Venepress, reanuden su trabajo informativo; y a «cesar el acoso» contra los medios independientes.

El CPJ, reporta en un comunicado emitido en Bogotá, que una denuncia telefónica recibida del director de noticias de Venepress, Israel Barbuzano, según la cual el 18 de diciembre, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cerraron la oficina de Caracas de la agencia de noticias local Venepress y la oficina de Puerto La Cruz del canal regional Telecaribe. Según Barbuzano, las autoridades han prohibido al personal entrar a las oficinas para utilizar los equipos de trabajo.

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Venepress, es una agencia de noticias digital fundada en 2017, y es propiedad de Telecaribe, un canal independiente, declaró Barbuzano. Venepress publica sus despachos noticiosos en la Internet y también licencia videos para que los utilicen Telecaribe y otros canales locales, agregó.

Según informaciones de prensa, los cierres forman parte de una investigación sobre presunto blanqueo de capitales que ha sido iniciada por el fiscal Jean Karin López Ruiz, de Caracas, quien acusó a Venepress de financiar a la figura opositora venezolana Juan Guaidó. Sin embargo, Barbuzano afirmó a la CPJ que los abogados de Venepress y Telecaribe declararon que no les han informado por qué las autoridades cerraron los medios de prensa, y no han visto ninguna orden ni notificación oficial que autorice los allanamientos. Con información de VOA.

Mediciones de una empresa estadounidense de diagnóstico tecnológico determinaron que Venezuela es el país con la peor velocidad de Internet en América, por detrás de naciones como Haití y Paraguay.

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Pese a que el promedio mundial de velocidad de Internet es de 22 megabits por segundo, en Venezuela el margen habitual es de 3 megabits, lo que no entra en los estándares de la definición de banda ancha, según reseñó la Voz de América.

Además, las conexiones en el país han sufrido bloqueos por parte del Estado en un aproximado de 975 casos hasta el mes de septiembre, de acuerdo a un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad.

El representante del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización que realiza un seguimiento a los bloqueos y censura en medios digitales en Venezuela, Daniel Pavón, destacó que durante el año 2019 fueron registrados más de 880 bloqueos digitales. La mayoría de estos sucesos motivados a temas políticos o sociales contra el régimen de Nicolás Maduro.

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Las cifras fueron ofrecidas durante el taller Medios y Libertad de Expresión en Venezuela, que se realizó en conmemoración del Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

La señal internacional del canal Antena 3 ha regresado a Directv en Venezuela tras haber sido sacada del aire por las autoridades al transmitir el concierto Aid Live, realizado en Cúcuta el 22 de febrero de este año, previo al fallido ingreso de la ayuda humanitaria.

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El regreso de Antena 3 se dio este martes en la parrilla de Directv, mientras que la señal en otros servicios de televisión como Inter o Movistar TV sigue sin estar disponible.