Tras el pacto firmado por los partidos políticos de la Unidad este domingo, los principales dirigentes políticos respaldaron la decisión de no acudir a las elecciones parlamentarias convocadas por el CNE para el próximo 6 de diciembre.

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Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y jefe del Poder Legislativo, afirmó que el rechazo de “la farsa” es mayo y nadie aceptará “las imposiciones de un régimen en agonía”.

El mandatario interino consideró que esta convocatoria tendrá una condena similar a las recibidas por las elecciones en 2017 y 2018.

Sabemos que no es suficiente rechazarla, es clave permanecer unidos ejerciendo la mayoría en medio de la emergencia y junto a la presión internacional poder acabar con la tragedia que generó la dictadura“, expresó Guaidó.

En esa misma línea, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, confirmó que dicha organización y otras 26 toldas no participará en los comicios.

Delsa Solórzano, Emilio Graterón, Freddy Guevara y Yon Goicoechea también expresaron de forma inmediata su aprobación de la medida, pues entienden que no hay condiciones para realizar un proceso electoral transparente.

Un grupo de 27 partidos políticos venezolanos acordó este domingo de forma unánime no participar en las elecciones parlamentarias por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la administración de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre.

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Las organizaciones calificaron como “fraude” los comicios para elegir nuevos diputados, pues denuncian que un país en el que se registran “arremetidas y violaciones” a la democracia, no puede haber tal proceso.

En ese sentido, instaron a la comunidad internacional en pleno a rechazar la convocatoria de Nicolás Maduro y los resultados que de allí surjan.

Voluntad Popular, Acción Democrática, Alianza del Lapiz, Aprisal, Bandera Roja, Camina, Copei, Cuentas Claras, Encuentro Ciudadano, Fuerza Liberal, GuajiraVen, Izquierda Democrática, La Causa R, Moverse, Movimiento Republicano, Nuvipa, Parlinve, Partido Progresista, PDUPL, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Sociedad, Un Nuevo Tiempo, Unidad NOE, Unidos para Venezuela, UPP89 y Vanguardia Popular fueron los partidos firmantes del documento.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

 

Unidos debatimos y unidos decidimos:
NO participaremos en el fraude, SI lucharemos por verdaderas elecciones libres

Los partidos políticos democráticos de Venezuela, opuestos al régimen dictatorial de Nicolás Maduro; unidos ante la gravísima crisis humanitaria y las violaciones masivas de los Derechos Humano que sufre nuestro pueblo; enfrentando las últimas amenazas totalitarias en defensa de los principios democráticos de nuestra constitución; respaldando a la Asamblea Nacional y al Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaramos lo siguiente:

El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva.

· Para el proceso electoral parlamentario del año 2015 la unidad democrática consolidó su victoria con la utilización de la tarjeta de la UNIDAD. El uso de esta tarjeta fue secuestrado por el régimen impidiendo su utilización a causa de medidas cautelares y los directivos que representan a la UNIDAD como organización, aún se encuentran sometidos a procesos judiciales penales.

· Entre la elección de los diputados en diciembre del 2015 y la instalación de la legítima Asamblea Nacional, la Sala Electoral del TSJ de Maduro, presidida en ese entonces por Indira Alfonzo, dictó una sentencia cautelar suspendiendo la elección parlamentaria del estado Amazonas, dejándolo sin representación por todos estos años. Nunca emitieron sentencia, con el único objeto de mantener a estos diputados fuera del ejercicio de sus cargos y pretender impedir que se conformara la mayoría calificada que le dio el pueblo de Venezuela a la oposición democrática.

· El TSJ de Maduro declaró inconstitucionalmente en desacato a la Asamblea Nacional y le ha impedido, por vía de los hechos, ejercer plenamente las competencias constitucionales que le son propias.

· El régimen de Maduro este año colocó como Presidenta del ilegítimo CNE, a la misma ciudadana Indira Alfonzo que desconoció la soberanía popular y ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria al nunca decidir el fondo del juicio.

· Mientras que la Asamblea Nacional instaló un Comité de Postulaciones electorales, pluralmente integrado incluso con diputados de la fracción del régimen, con la finalidad de designar un nuevo CNE, el ilegítimo TSJ de Maduro, usurpando las competencias constitucionales del parlamento, designó írritamente a los 5 rectores principales y los 10 suplentes del ente rector electoral, abortando la posibilidad de que los venezolanos tuviéramos un árbitro comicial independiente y confiable, nombrando como rectores a personas leales al régimen.

· Desde las fuerzas democráticas y en la propia Asamblea Nacional, hicimos público el decálogo de condiciones electorales que hemos venido exigiendo en todos los ámbitos y procesos de conversación y negociación, con presencia de actores internacionales. Vale destacar que el régimen acostumbra a comprometerse con su cumplimento, pero jamás lo hace, tal como es característica de regímenes autoritarios. Estas condiciones para lograr elecciones libres, justas y competitivas, cumplen con los estándares mínimos aceptados por todos los países democráticos del mundo y son:

1) Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar (Registro Electoral confiable y auditado).
2) Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales.
3) Cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.
4) Participación plena de todos los partidos políticos; restablecimiento de sus legítimas autoridades cesadas por la írrita intervención, así como el uso de sus símbolos y colores partidistas.
5) CNE independiente, nombrado por el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la Ley. Designación de todos los órganos subordinados de manera independiente, así como las Juntas Electorales y miembros mesa. Respeto al trabajo de los testigos electorales y demás funcionarios en todos los procesos.
6) Cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria.
7) Campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas. Acceso equitativo a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional.
8) Adecuado comportamiento del Plan República respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil. Prohibición de indebidas intervenciones en el proceso.
9) Auditorias de todos los procesos del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el sistema para el proceso automatizado.
10) Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Acompañamiento electoral calificado en cada proceso electoral.

Todas esas condiciones, sin desmedro de otras exigencias fundamentales, tales como liberación de los prisioneros políticos venezolanos.

· El régimen de Maduro, aplicando inconstitucionalmente normas de manera retroactiva, mantuvo por años a los partidos de oposición invalidados para participar en procesos electorales e inhabilitados administrativamente a sus principales dirigentes políticos violándoles su derecho a la participación política y ha impedido la inscripción de nuevas organizaciones políticas a menos que sean afectas al régimen.

· El TSJ de Maduro ha violado la inmunidad parlamentaria de más de 30 diputados activos de la Asamblea Nacional, dictando además sobre la mayoría de ellos, medidas privativas de su libertad, quienes hoy se encuentran presos, en el exilio o resguardados en sedes diplomáticas. Hay 139 diputados sometidos a acoso o persecución política y 5 parlamentarios en prisión.

· EL TSJ de Maduro dictó medidas cautelares -sin derecho a la defensa- mediante las cuales destituyó a las legítimas directivas de varios de los principales partidos de democráticos e impuso falsas directivas con el único objeto de cometer fraude al elector, para que estas inscriban candidatos y pretender exhibir así una ficticia participación plural en el proceso.

· El ilegítimo CNE, nombrado por el TSJ de Maduro, aprobó por unanimidad y usurpando funciones legislativas, lo que denominó las “Normas Especiales para Elecciones a la Asamblea Nacional Período 2021-2026”, faltando 5 meses para la fecha en la que han convocado al fraude electoral en abierta contradicción al artículo 298 constitucional que señala que la ley que regula la materia electoral no puede modificarse en los 6 meses anteriores a la fecha de la elección, en violación directa al principio de Seguridad Jurídica.

· En esas inconstitucionales “Normas Especiales” dictadas por el CNE de Maduro, se incrementó en 110 curules el número de diputados y, de 167 se pretende llegar a 277 escaños, violándose lo dispuesto por el artículo 186 de nuestra Constitución, el cual establece que una parte debe provenir de la base poblacional del 1.1% de la población y otra parte corresponde a 3 diputados a cada uno de los estados y el Distrito Capital, y 3 escaños adicionales para los pueblos indígenas. Adicionalmente, sin ninguna base legal o constitucional, las mismas normas crean 48 escaños nacionales adicionales con base a una “lista de adjudicación” subjetiva y sin ningún criterio técnico.

· No existe, además, ninguna información sobre el sistema automatizado ante la desaparición de las máquinas de votación y, el cronograma de actividades aprobado por el ilegitimo CNE de Maduro contiene 12 actividades menos que el que se ejecutó para la elección parlamentaria del año 2015, para evitar así los controles y auditorias indispensables en todo proceso electoral.

· Eliminan la votación directa, secreta y universal para los diputados de los pueblos indígenas, violando la Constitución y la Ley.

Todos estos hechos subvierten el orden constitucional y legal, y anulan cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral.

Por lo tanto, habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo, que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo, las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que, de manera unánime, decidimos NO PARTICIPAR EN EL FRAUDE ELECTORAL convocado por el régimen de Maduro.

No somos abstencionistas: no hay abstención cuando lo convocado no es una elección. Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela.

Nuestra lucha ha sido y seguirá siendo para que todos los venezolanos podamos tener elecciones libres, justas y verificables, y que se produzca el cambio para que nuestro pueblo salga de la crisis humanitaria y miseria en la que lo ha hundido la dictadura de Maduro. Somos la voz de la gran mayoría del pueblo de Venezuela que rechaza este nuevo intento de la dictadura para disfrazar de elección a un proceso que no lo es, tal como lo hizo en el año 2018 al secuestrarnos la elección presidencial que correspondía celebrar conforma a nuestro orden constitucional.

Hoy, nuestra nación hambreada, sometida a persecución, sin acceso a servicios básicos, víctima de una dictadura criminal opresora, debe saber que cuenta con una dirigencia política que no abandonará la lucha por lograr el cambio político que urge en nuestro país. Por ello, Invitamos al pueblo venezolano a no desmayar en nuestra lucha colectiva, todos unidos, para lograr la libertad y recuperar la democracia, única vía que nos conducirá a solucionar la inmensa tragedia humanitaria causada por el régimen de Maduro, que nos ha hundido en la peor crisis social, económica y política que hayamos tenido en nuestra historia republicana.

Invitamos a la comunidad internacional a rechazar este nuevo intento de fraude que pretende ejecutar el régimen de Maduro en violación a los principios democráticos y a que nos continúen apoyando en nuestra lucha hasta que todos los venezolanos podamos de nuevo votar, confiando en que nuestro voto será contado en elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.

Aníbal Sánchez.- Se abre de nuevo el debate sobre participar a raíz de declaraciones ambiguas de que no hacer el 6D y salen otras  encuestas sobre niveles de participación, en distintos escenarios, lo que es utilizado e interpretado a conveniencia.

Hasta donde nos podrán llevar los proyectos personalistas, la política de polarización y el mensaje de la violencia. Que solo ha servido para dividirnos como sociedad y alejarnos de una ruta concertada y pacífica para superar la crisis.

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Al entrar a hablar de niveles de participación en un proceso electoral, es común sea a partir de cálculos de Abstención, los cuales como toda estimación está supeditado a variables sociales y actuaciones políticas.  No tienen ningún objeto entablar un debate político con alguien que parte de la premisa los que dejan de votar, son los míos!.

Técnicamente es difícil manejar porcentajes de abstención, cuando un número alto de los inscritos en el Registro Electoral, están entre los que salieron del país y no podrían de ninguna manera votar “cerca de un 10%” aunque la diáspora esté sobre el 5.5 millones de venezolanos, los que están en edad de votar según datos estadísticos sería 3.4 millones, pero al momento de salir solo 2.2 estaban en RE.

Incluso  al momento de buscar motivar la participación, algunos actores usan el cliché de que tradicionalmente en las elecciones legislativas solas, los ciudadanos no participan, esto no los ayuda, porque en el radar está el 74% de asistencia en parlamentarias del 2015. Debemos es partir, por reconocer e identificar qué ha sucedido a nivel Social, Político y Económico.

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Si queremos aumentar los niveles de participación ciudadana en cualquier movilización social o electoral, hay que romper con la polarización, salir de agendas radicales y subir el volumen a la Política responsable, dejar de escuchar menos a los transmisores y empezar a reconocer errores sin caer en la confrontación. 

Tan cierto es que de ir a una elección sería en escenario de semi competitividad, como que táctica de buscar deslegitimación no resulta; “hasta ahora lo que ha servido para lograr apoyos es la visibilización de la crisis” 

Estos escenarios son manejables cuando se tiene clara la estrategia, o es que en el 2015 el sistema era 100% competitivo “que se hizo en él entonces a nivel de planificación política electoral” En esa oportunidad el tener una Misión Compartida se llegó al primer objetivo con sólo buena táctica, y el no compartir la Visión, impidió alcanzar el fin a partir del 2016.

Reconozcamos; para superar la crisis general que afecta la población es necesario ganar Gobernabilidad y esto no es solo con cambio a nivel ejecutivo hay que reinstitucionalizar el Estado, estamos a puerta que se repita  el escenario del 2005, con participación de un 25% del electorado el MVR logró 114 curules, a partir de esto se nombraron otros poderes, y se crearon los instrumentos que han permitido avanzar a ese proyecto revolucionario.

Registro-CNE

Registro-CNE

De ahí que también debemos instar a los que decidan participar como candidatos evaluar el Mercado Electoral que queda movilizable esos casi 9.4 millones de electores a partir de un nivel de participación cerca del 48%, lo que parece poco es un reto no solo para la oposición sino para el mismo electorado superar el 46% de Mayo del 2018.

El Mercado Electoral venezolano, debe ser evaluado y no es precisamente el que ustedes perciben en sus redes sociales, el de carne y hueso está disminuido, empobrecido, envejecido y ruralizado; esto debe manejarse al momento de las Campañas aún más en un escenario de Pandemia. El sector oficial lo sabe y actúa políticamente en este sentido.

No toda la táctica del gobierno en marco de una estrategia de hacer una minoría social en una mayoría política, es solo Descalificar, Inhibir, Desmovilizar y Dividir. Lo primero se había visto con las inhabilitaciones de actores y partidos, el inhibí la asistencia se busca con las malas actuaciones y el aprovecha el eco, la desmoviliza se logra con las medidas de control y persecución, a esto le suman la fragmentación con aparición de nuevos partidos.

A esto debemos enfrentarnos no sólo como actores políticos sino como ciudadano!

Usuarios en las redes sociales denunciaron este miércoles el cambio de centros de votación sin notificación alguna por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Las modificaciones se han realizados de parroquia a parroquia, incluso hasta de estados.

A través de la plataforma Twitter, varios venezolanos han expresado sus quejas y han tildado los cambios como “arbitrarios”.

En este sentido, el CNE dio una extensión de tiempo hasta este 29 de julio para actualizar o inscribirse en el Registro Electoral, a pesar que la fecha original era hasta el 26 de julio.

Según el analista y consultor político, Aníbal Sánchez, este tipo de cambios se pueden reclamar al Poder Legislativo desde una planilla en su página web.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de la administración de Nicolás Maduro modificó el método de escogencia de los legisladores que representarán a las comunidades indígenas en el Parlamento venezolano.

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El cambio, contemplado en el Reglamento Especial para la elección de la Representación Indígena a la Asamblea Nacional 2020, estipula una votación de segundo grado.

Según lo ordenado por el CNE, la poblaciones indígenas deberán conformar “asambleas comunitarias (…) para la elección de los voceros y voceras”. Posteriormente, esos representantes “participarán en Asambleas Generales, que tendrán a su cargo la elección, como diputados o diputadas, de los candidatos o candidatas correspondientes, votándose en cada tipo de asamblea – a mano alzada – tal como ha sido su uso y costumbre”.

De acuerdo al ente electoral, este nuevo sistema “reivindica las costumbres, usos y prácticas de las comunidades indígenas, a través de un procedimiento inclusivo, participativo y directo”.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) leal a Maduro, Indira Alfonzo, informó este domingo sobre la extención del Registro Electoral para las elecciones parlamentarios del próximo 6 de diciembre.

Esta jornada especial estará hasta el 29 de julio en los más de 500 puntos para que los ciudadanos se puedan registrar o actualizar sus datos electorales.

Vale la pena destacar que este proceso electoral es considerado por la oposición como “inconstitucional” por la manera en que fue elegido el CNE, al considerar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Nicolás Maduro usurpó funciones del Poder Legislativo, ya que le correspondía, según la Carta Magna, elegir al Poder Electoral.

El consultor y analista político, Anibal Sánchez, aseguró que se hizo realidad lo preanunciado sobre la publicación de la sentencia 068 del Tribunal Supremo de Justicia a nivel, no solo de números de diputados y su forma de adjudicación, sino con la selección de los representantes de los pueblos indígenas, quedando aún por salir una providencia que exigirá la postulación en respeto al género.

Esto surgió a partir de la publicación del “Reglamento Especial que regirá la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional 2020” publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En que contradice los preceptos del voto, según la resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el tratado de los Derechos Humanos e, incluso, de la misma Constitución venezolana, en que “se contempla el ejercicio del sufragio de forma universal, directa, libre y secreta.

El sistema de elección diseñado por el CNE, correspondiente a la representación de los pueblos indígenas, será ‘bajo la modalidad nominal y mediante la elección por mayoría relativa de votos, expresados en asambleas populares conforme a sus usos, tradiciones y costumbres’, cita el instrumento.

Pero será una elección de tipo corporativa o de votos de iguales, de forma indirecta o de segundo y hasta tercer grado. Incluso sin respeto al voto secreto, como se pretendió con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Este nuevo instrumento para elegir diputados y suplentes por representación indígena sería en tres circunscripciones electorales:

1. Occidente: conformada por los estados Zulia, Mérida y Trujillo.
2. Sur: conformada por Amazonas y Apure.
3. Oriente: conformada por Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre.

Una normativa que, según el órgano rector, se ajusta a la sentencia 068 del Tribunal Supremo de Justicia, en que exhorta al CNE a establecerse un sistema de elección de los representantes indígenas en consonancia con los usos y costumbres ancestrales.

El reglamento contempla que los representantes indígenas a las asambleas y voceros serán elegidos, única y exclusivamente por los integrantes de las comunidades indígenas para asegurar una representación efectiva de sus aspiraciones. No es una elección de carácter universal.

El método de elección responde a un procedimiento especial, iniciándose con la conformación de asambleas comunitarias por cada población indígena para la elección de los voceros a las asambleas Generales. ‘Dejo de ser por votación directa’.

Estas asambleas generales de voceros tendrán a su cargo la elección como diputados a los candidatos correspondientes, votándose en cada tipo de asamblea -a mano alzada- tal como ha sido su uso y su costumbre. Lo cual dista mucho de ser libre y secreta.

El reglamento establece como requisitos para ser postulado que se pertenezcan a etnias originarias, que hablen su idioma y que cumpla con, al menos, haber ejercido un cargo de autoridad tradicional, exhibir una conocida trayectoria de lucha en favor de los intereses, así como haber ejecutado acciones a favor de los pueblos.

Este nuevo instrumento, según explican, es el resultado de la consulta con los actores representativos de los pueblos originarios y, a partir de la norma, se dictará un cronograma especial con los lapsos y fechas de las diversas etapas.

El analista y consultor venezolano, Anibal Sánchez, aseguró que “aún en un sistema automatizado, adquiere mucha importancia quienes operan la mesa de votación. Desde dar las instrucciones, activar la máquina, conducir al elector por las estaciones, llenar las actas, registrar al votante, validar el proceso y, en ocasiones, trasladar los resultados. Incluso, en pandemia, estos funcionarios serían los llamados a hacer respetar las medidas de prevención”

“De ahí la importancia del servicio electoral. Es todo un reto para los que queremos el cambio: localizar, motivar y adiestrar, por lo menos, a 126.164 ciudadanos entre casi un millón de nombres sorteados este 23 de julio por el CNE para cumplir con este deber ciudadano”.

“¿Qué es el servicio electoral? La Constitución, en el artículo 134, y la Ley del Poder Electoral, en el artículo 50, consagra que el ciudadano debe prestar un Servicio Electoral. La última vez, el CNE seleccionó 1.021.230 electores; este año, a pesar de estar en un estado de Alerta por el coronavirus, seleccionará 934.620.”

“¿Cómo se calcula y quiénes forman parte del Servicio Electoral? Unos seis ciudadanos son sorteados en categoría de miembros principales y 12 como suplentes por cada Junta Electoral a activar 24 regionales, 335 municipales y 71 parroquiales; otros treinta por cada una de las 30.896 mesas de votación; de los cuales cuatro serían principales ocho suplentes y 18 miembros de reserva.”

“Es todo un contingente que necesita ser contactado, estimulado, adiestrado y acreditado. Una tarea que le corresponde al CNE y que ha formado parte de las denuncias sobre control en el proceso. Para la instalación de las juntas electorales, acto previsto según cronograma, inicie el lunes 27 de julio requieren al menos 2.580 electores de los sorteados en esta categoria y para la instalación de las mesas de votación al menos otros 123.584.”

“El artículo 97 de la Ley de Procesos establece que ‘la base de datos de electores que prestará el Servicio Electoral durante un año se obtendrá del sorteo público que realiza el CNE dentro del primer trimestre de cada año, tomando como base el corte del RE, publicado de manera inmediatamente anterior. En este caso, el de marzo con 20.727.517 electores, sin considerar la diáspora”.

“A partir de este se obtiene un Registro de Electores Elegibles, acto este convocado para el pasado viernes 17 julio, donde debieron asistir unos 30 técnicos de partidos nacionales; pues, las personas mayores de 65 años, los que tienen alguna limitación o los que son parte de las directivas de partidos o candidatos son excluidos. Posteriormente, se auditó la aplicación o mecanismo utilizado para el sorteo, de 934.620 electores.”

“Queda excluidos del sorteo: 3.282.493 electores mayores de 65 años, 229.217 extranjeros, 108.817 inscritos en embajadas, 17.305 penitenciarios, 1.978 autoridades de partidos, 1.269 con objeciones y 192 en mesas con menos de treinta electores, quedando en el RE de elegibles 17.195.067.”

“El sorteo lo realizará la Junta Nacional Electoral el día 23, con base al último RE en consulta (…) Artículo 99 sostiene que el CNE publicará en gaceta electoral los miembros de los organismos subalternos juntas y mesas. Pero no se le presta la debida atención a la promoción y captación de estos miembros esenciales a la hora de conducir un proceso electoral”.

“Entre los artículos 101-103 está descrito el proceso de impugnacion al Servicio Electoral. El artículo 112 establece la obligación de ser capacitados y del 113 al 116 el proceso de excepción para electores sorteados, el cual puede ser por impedimento de salud u oficio, o que los mismos sean candidatos”.

Nicolás Maduro anunció que el próximo 6 de diciembre se realizarán las elecciones parlamentarias, correspondientes y pautadas según lo dicta la Constitución venezolana. Este evento público ocurrirá en plena pandemia del nuevo coronavirus, Covid-19, que ha afectado a todos los países del mundo y que ha obligado a las fuerzas políticas considerar posponer sus agendas para cumplir con las medidas de prevención y así evitar su propagación. Sin embargo, Venezuela es una de las excepciones. condiciones

El período constitucional de los diputados a la Asamblea Nacional elegidos el pasado 6 de diciembre del 2015 se vence el próximo 5 de enero del 2021. En cinco años de gestión, el Tribunal Supremo de Justicia leal a Nicolás Maduro declaró en “desacato” al legal Poder Legislativo, también allanó la inmunidad parlamentaria de varios parlamentarios procediendo a su detención, captura, torturas, también provocando que estos se vayan del país como exiliados, entre otras cosas. Varios de los partidos en los cuales ellos pertenecen como Primero Justicia y Voluntad Popular, han sido catalogados como terroristas y, además, se le ha impuesto una directiva ad hoc que responde a los intereses de Maduro.

electoral

¿Venezuela cumple con las condiciones constitucionales para unas elecciones parlamentarias? | Foto: Crónica Uno

A pesar que el Parlamento venezolano había constituido un Comité de Postulaciones el año pasado -y con las participación del Gran Polo Patriotico- para elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)- el TSJ eligió sus propios representantes. Entre ellos, Indira Alfonzo, Rafael Jiménez, Tania D’Amelio, Gladys Gutiérrez, José Luis Gutiérrez y Gustavo Pulido. Así que la administración de Maduro creó las condiciones para que se lleve a cabo las elecciones parlamentarias con apariencia democrática.

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Originalmente, el Parlamento consistía de 167 puestos para ocupar en todos sus circuitos pero ahora, y con la decisión del pasado 30 de junio, serán 277. El doble de lo que se venía acostumbrando y una violación a la Carta Magna de ese país ya que modifica los cálculos poblacionales que estaban establecidos en el artículo 186. La pregunta ahora es, ¿realmente este evento electoral cumple con las condiciones constitucionales?

Para la organización sin fines de lucro, Transparencia Electoral, no. En su última publicación establecieron 10 condiciones para que se pueda celebrar comicios que sean válidos por los venezolanos y por las instancias internacionales.

De ahí, también se basaron en el informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad emitido en el 2012, en que señala que se debe construir un Estado de derecho afianzado a los Derechos Humanos y la Justicia Electoral, la creación de organismos electorales profesionales y competentes que actúen con independencia y con la confianza de la población, la creación de instituciones multipartidarias y división de poder, la eliminación de barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales y, por último, la regulación del financiamiento político incontrolado, oculto e indebido.

Dentro de las condiciones que propusieron, se encuentran la elección de autoridades “acordes con lo dispuesto en la Constitución y Leyes Electorales”; la facilidad de inscripción y actualización del Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela -que solo habilitó 13 días para eso a pesar que existen estados como Miranda y Distrito Capital que se encuentran en cuarentena radical-.

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Foto: EFE

También está “garantizar y facilitar el ejercicio del voto a los venezolanos en el exterior”, a pesar que ya se han reportado que al menos cinco millones de estos han migrado por la crisis que existe en el país; “habilitar a los partidos políticos que fueron ilegalizados por el CNE y el TSJ y garantizar su participación en igualdad de condiciones”, como Voluntad Popular; “restablecer los derechos políticos a todos los ciudadanos ilegalmente inhabilitados; “garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción e intimidación” y “restablecer el número de centros y mesas electorales que se habilitaron para la Elección de la Asamblea Nacional de 2015”.

A su vez, recomienda “seleccionar oportunamente a los Miembros de Mesas y Juntas Electorales, asegurando que sean independientes, acorde con lo previsto en las leyes electorales”; “asegurar la realización de todas las auditorías al sistema de votación automatizado aplicadas en la elección de la Asamblea Nacional de 2015, con el fin de garantizar la correcta contabilización y el secreto del voto” y, por último, “garantizar las condiciones para la Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las fases del ciclo electoral”.

A esto se le suma el contexto de una pandemia que ha durado más de seis meses en todo el mundo y que su propagación es a través del contacto personal con una persona infectada, al toser o estornudar, o tocar objetos o superficies que estén contagiados, acciones que no se pueden evitar durante un evento electoral donde la distancia física sería difícil respetar. Se debería preparar a la población para este tipo de actos y también resguardar al equipo que llevará a cabo el operativo.

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La Organización de Estados Americanos (OEA) recomienda seis puntos para llevar a cabo cualquier tipo de elección de dominio público: organización y administración electoral, uso de la tecnología, participación e inclusión, campaña electoral, comunicación y votación y escrutinio.

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Con respecto al primero, se busca preparar las elecciones rediseñando un plan nacional y creando espacios aptos para eso con el fin de pautar las fechas a través de un calendario, asegurar los recursos financieros para el material electoral, la logística, la educación y capacitación del personal -incluyendo lo sanitario-, el registro electoral, el registro de organizaciones política y candidaturas, resolución de disputas electorales y garantizar el voto en el exterior.

Hay que destacar que en el punto del material electoral, habría que evaluar los riesgos que lleva la tinta indeleble. Para la OEA, “se puede explorar con ellos alternativas o modalidades que reduzcan las posibilidades de contagio o que evite que la persona deba apoyar su dedo directamente en la tinta. Una opción es utilizar hisopos, que sean desechados luego de cada uso o con un gotero manchar el dedo sin tocar la piel”.

Además, insta a considerar la confección de mampara de acrílico para que exista una separación entre las mesas y los electores, crear cabinas de fácil desinfección y disponer de suficientes kits sanitarios. Con respecto al personal electoral, la OEA llama a crear guías especializadas para llevar a cabo cada proceso en distintas plataformas, incluyendo para los electores.

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Una de las recomendaciones más resaltantes es la de “habilitar un horario de atención para adultos mayores, embarazadas y personas en riesgo” para que puedan ejercer su derecho al sufragio y se pueda disminuir el riesgo de contagio, como ampliar los plazos de inscripción y actualización. También sugiere incluir a las organizaciones políticas, a los observadores electorales, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las personas con discapacidad y a la sociedad civil  para participar en los comicios.

Asimismo, se recalca el voto en el exterior y la alianza entre el ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como el uso de tecnología para preparar al personal a trabajar de manera remota en caso de presentarse emergencias que dificulten su presencia en las mesas electorales o en la sede de sistemas.

OMS

OMS | Foto: cortesía

Por otro lado, las campañas electorales son eventos que junta a mucha gente para aprender a votar o para hacer promoción de las propuestas que tiene cada candidato. Como ya no se puede hacer reuniones o actos de este tipo, la OEA invita a hacerlo por videoconferencias. De lo contrario, se debería realizar de manera muy puntual y limitada, como respetar la distancia en debates que consten con la asistencia física.

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Para el gran día, también busca extender la jornada de votación en dos o tres días tomando en cuenta todos los procesos sanitarios y logísticos que conlleva o definir los horarios de manera segmentada para la población de alto riesgo como los adultos mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

“Lograr una estrategia exitosa para la celebración de una elección en el contexto de la pandemia de COVID-19 depende del funcionamiento de las instituciones del Estado, del compromiso de los ciudadanos y sobre todo de la información técnica disponible, fundamental para determinar medidas eficaces”, indica la OEA en sus consideraciones finales sobre el funcionamiento de las elecciones en tiempo de pandemia. Asimismo, señala que se deberá tomar en cuenta la situación epidemiológica que tiene el país y sus regiones para proceder con las votaciones o tomar medidas más extremas.

Nicolás Maduro anunció que el próximo 6 de diciembre se realizarán las elecciones parlamentarias, correspondientes y pautadas según lo dicta la Constitución venezolana. Este evento público ocurrirá en plena pandemia del nuevo coronavirus, Covid-19, que ha afectado a todos los países del mundo y que ha obligado a las fuerzas políticas posponer sus agendas para cumplir con las medidas de prevención y así evitar su propagación. Sin embargo, Venezuela es una de las excepciones. condiciones

Primero vamos a hablar sobre las elecciones de este año, en que se vence el período constitucional de los diputados a la Asamblea Nacional elegidos el pasado 6 de diciembre del 2015. En cinco años de gestión, el Tribunal Supremo de Justicia leal a Nicolás Maduro declaró en “desacato” al legal Poder Legislativo, también allanó la inmunidad parlamentaria de varios diputados procediendo a su detención, captura, torturas, también provocando que estos se vayan del país como exiliados, entre otras cosas. Varios de los partidos en los cuales ellos pertenecen como Primero Justicia y Voluntad Popular, han sido catalogados como terroristas y, además, se le ha impuesto una directiva ad hoc que responde a los intereses de Maduro.

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¿Venezuela cumple con las condiciones constitucionales para unas elecciones parlamentarias? | Foto: Crónica Uno

A pesar que el Parlamento venezolano había constituido un Comité de Postulaciones el año pasado -y con las participación del Gran Polo Patriotico- para elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)- el TSJ volvió a hacer de las suyas al elegir sus propios representantes. Entre ellos, Indira Alfonzo, Rafael Jiménez, Tania D’Amelio, Gladys Gutiérrez, José Luis Gutiérrez y Gustavo Pulido. Así que sin mucha réplica, la administración de Maduro ha creado las condiciones subjetivas para que se lleve a cabo las elecciones parlamentarias y que estas queden respondiendo sus objetivos con apariencia democrática.

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A todas estas, olvide mencionar la extensión del número de curules. Originalmente, el Parlamento consistía de 167 puestos para ocupar en todos sus circuitos, pero ahora y con la decisión del pasado 30 de junio, serán 277. El doble de lo que se venía acostumbrando y una violación a la Carta Magna de ese país ya que modifica los cálculos poblacionales que estaban establecidos en el artículo 186, pero ya veremos como se desenvuelve eso. La pregunta ahora es, ¿realmente este evento electoral cumple con las condiciones constitucionales?

Para la organización sin fines de lucro, Transparencia Electoral, no. En su última publicación establecieron 10 condiciones para que se pueda celebrar comicios que sean válidos por los venezolanos y por las instancias internacionales.

De ahí, también se basaron en el informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad emitido en el 2012, en que señala que se debe construir un Estado de derecho afianzado a los Derechos Humanos y la Justicia Electoral, la creación de organismos electorales profesionales y competentes que actúen con independencia y confianza en la población, la creación de instituciones multipartidarias y división de poder, la eliminación de barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales y , por último, la regulación del financiamiento político incontrolado, oculto e indebido.

Dentro de las condiciones que propusieron, se encuentran la elección de autoridades “acordes con lo dispuesto en la Constitución y Leyes Electorales”; la facilidad de inscripción y actualización del Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela -que solo habilitó 13 días para eso a pesar que existen estados como Miranda y Distrito Capital que se encuentran en cuarentena radical-.

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Foto: EFE

También está “garantizar y facilitar el ejercicio del voto a los venezolanos en el exterior”, a pesar que ya se han reportado que al menos cinco millones de estos han migrado por la crisis que existe en el país; “habilitar a los partidos políticos que fueron ilegalizados por el CNE y el TSJ y garantizar su participación en igualdad de condiciones”, como Voluntad Popular; “restablecer los derechos políticos a todos los ciudadanos ilegalmente inhabilitados; “garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción e intimidación”; “restablecer el número de centros y mesas electorales que se habilitaron para la Elección de la Asamblea Nacional de 2015”.

A su vez, recomienda “seleccionar oportunamente a los Miembros de Mesas y Juntas Electorales, asegurando que sean independientes, acorde con lo previsto en las leyes electorales”; “asegurar la realización de todas las auditorías al sistema de votación automatizado aplicadas en la elección de la Asamblea Nacional de 2015, con el fin de garantizar la correcta contabilización y el secreto del voto” y, por último, “garantizar las condiciones para la Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las fases del ciclo electoral”.

Además que las condiciones no son las más aptas, también se le suma el contexto de una pandemia que ha durado más de seis meses en todo el mundo y que su propagación es a través del contacto personal con una persona infectada, al toser o estornudar, o tocar objetos o superficies que estén contagiados, acciones que no se pueden evitar durante un evento electoral donde la distancia física sería difícil respetar. Se debería preparar a la población para este tipo de actos y también resguardar al equipo que llevará a cabo el operativo.

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La Organización de Estados Americanos (OEA) recomienda seis puntos para llevar a cabo cualquier tipo de elección de dominio púbico: organización y administración electoral, uso de la tecnología, participación e inclusión, campaña electoral, comunicación y votación y escrutinio.

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Organización y administración electoral: En este punto, se busca preparar las elecciones rediseñando un plan nacional y creando espacios aptos para eso con el fin de pautar las fechas a través de un calendario, asegurar los recursos financieros para el material electoral, la logística, la educación y capacitación del personal -incluyendo lo sanitario-, el registro electoral, el registro de organizaciones política y candidaturas, resolución de disputas electorales y garantizar el voto en el exterior.

Hay que destacar que en el punto del material electoral, habría que evaluar los riesgos que lleva la tinta indeleble. Para la OEA, “se puede explorar con ellos alternativas o modalidades que reduzcan las posibilidades de contagio o que evite que la persona deba apoyar su dedo directamente en la tinta. Una opción es utilizar hisopos, que sean desechados luego de cada uso o con un gotero manchar el dedo sin tocar la piel”.

Además, insta a considerar la confección de mampara de acrílico para que exista una separación entre las mesas y los electores, crear cabinas de fácil desinfección y disponer de suficientes kits sanitarios. Con respecto al personal electoral, la OEA llama a crear guías especializadas para llevar a cabo cada proceso en distintas plataformas, incluyendo para los electores.

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Una de las recomendaciones más resaltantes es la de “habilitar un horario de atención para adultos mayores, embarazadas y personas en riesgo” para que puedan ejercer su derecho al sufragio y se pueda disminuir el riesgo de contagio, como ampliar los plazos de inscripción y actualización. También sugiere incluir a las organizaciones políticas, a los observadores electorales, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las personas con discapacidad y a la sociedad civil participar en los comicios.

Asimismo, se recalca el voto en el exterior y la alianza entre el ministerio de Relaciones Exteriores, la OMS y la OPS, como el uso de tecnología para preparar al personal a trabajar de manera remota en caso de presentarse emergencias que dificulten su presencia en las mesas electorales o en la sede de sistemas.

OMS

OMS | Foto: cortesía

Por otro lado, las campañas electorales son eventos que junta a mucha gente para aprender a votar o para hacer promoción de las propuestas que tiene candidato. Como ya no se puede hacer reuniones o actos de este tipo, se busca hacerlo por videoconferencias. De hacerlo de manera presencial, se debería realizar de manera muy puntual y limitada, como respetar la distancia en debate que consten con la asistencia física.

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Para el gran día, también busca extender la jornada de votación en dos o tres días tomando en cuenta todos los procesos sanitarios y logísticos que conlleva o definir los horarios de manera segmentada para la población de alto riesgo como los adultos mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas y embarazadas.

“Lograr una estrategia exitosa para la celebración de una elección en el contexto de la pandemia de COVID-19 depende del funcionamiento de las instituciones del Estado, del compromiso de los ciudadanos y sobre todo de la información técnica disponible, fundamental para determinar medidas eficaces”, indica la OEA en sus consideraciones finales sobre el funcionamiento de las elecciones en tiempo de pandemia. Asimismo, señala que se deberá tomar en cuenta la situación epidemiológica que tiene el país y sus regiones para proceder con las votaciones o tomar medidas más extremas.