Al menos 11 comunidades indígenas del estado Delta Amacuro han denunciado varios casos de paludismo, así lo indicó un habitante de esa localidad, José Rodríguez.

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Asimismo, señaló que los organismos sanitarios de Venezuela no han atendido los casos que presentan las comunidades de: Waranoko, Pepeina, Capurito de La Horqueta y Kairina.

En la localidad de Kairina se reportaron 30 casos de malaria el pasado 14 de diciembre.

Más de 280 familias de la comunidad de Araguaimujo en la parroquia Santos de Abelgas del municipio Antonio Díaz se encuentran bajo las aguas por la crecida del río Orinoco.

Sus habitantes suplican a los gobernantes la atención inmediata en cuanto a comidas y medicinas.

De acuerdo a las manifestaciones de los afectados; los niños están siendo atacados por enfermedades como la diarrea, vómitos y fiebre. También dieron a conocer que autoridades de Protección Civil de la región se acercaron hace más de un mes hasta la comunidad para levantar un censo de la población, pero no han regresado con la ayuda necesaria.

Más del 90% de las familias ha abandonado sus casas y se encuentran refugiadas en la escuela y ambulatorio de la comunidad. Estas familias sólo están consumiendo maíz rayado y mango.

Muchos señalaron que la desesperación por trasladarse hasta Tucupita cada día se va apoderando de la personas, pero no encuentran con qué medio irse porque la comunidad no cuenta ni siquiera con transporte fluvial.

Otras de las comunidades que están afectadas por la crecida del Orinoco son: Tres Caños, Tortola, Varadero de Yaya, Los Remolinos, El Concejo, Remanson de Sacupana, Araguaito, Los Rastrojos, La Tortuga, El Cantico, Boca de Araguao, Crucero de Araguao y Santa Rosa de Arguao.

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Delta Amacuro y subsecretario del Movimiento Prociudadanos, José Antonio España afirmó que Delta Amacuro se encuentra en alerta por la llegada de la temporada de lluvias, que pone en riesgo los cultivos, ganados y casas de cientos de waraos que viven en caños a lo largo del río Orinoco.

Indicó que más de 5.000 pobladores, localizados en la ribera del Orinoco, del Delta bajo, se mantienen en alerta por las intensas lluvias, las cuales van acompañadas de fuertes vientos y descargas eléctricas.

Venezuela - Habitantes de Bolívar temen propagación de enfermedades tras las inundaciones - VPItv

El Comité Nacional de Certificación para la Erradicación de la Polio de Venezuela, descartó este jueves que el caso de parálisis flácida aguda, reportado en un niño residente en una comunidad indígena del estado Delta Amacuro, haya sido causado por un poliovirus salvaje o por un poliovirus derivado de la vacuna.

Amparados en los antecedentes, los resultados de la investigación epidemiológica, las pruebas de laboratorio y la evaluación neurológica, este comité científico independiente, clasificó el caso como un polio asociado a la vacuna (VAPP, por sus siglas en inglés), que no implica riesgo de brotes o transmisión secundaria.

La investigación del caso fue conducida por la Coordinación Regional de Epidemiología, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales de vigilancia epidemiológica de polio. Un equipo de epidemiología del nivel central del Ministerio para la Salud,  con apoyo técnico de expertos de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS / OMS), acompañó la investigación y evaluación del caso.

El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, centro nacional de referencia, realizó el aislamiento y caracterización del poliovirus, determinando que se trató de un poliovirus Sabin tipo 3. Estos resultados fueron ratificados por el laboratorio de referencia global en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos.

El niño continuará con un programa de rehabilitación física, acompañada por fisiatría y ortopedia.

Con el fin de mejorar las coberturas de vacunación, el Ministerio para la Salud informó que han iniciado acciones orientadas a fortalecer el programa regular de vacunación y anunció que se programará una campaña nacional de vacunación contra la polio.

Asimismo, desarrollará un plan de capacitación, monitoreo y supervisión orientado a mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Un brote de sarampión ha surgido en Tucupita, estado Delta Amacuro, causando la muerte de al menos 60 miembros de una comunidad de indígenas de la etnia Warao.

El líder de la comunidad, Franklin Rojas, denunció que los miembros de este grupo de indígenas no recibe atención médica de ningún tipo, y tampoco tienen buena alimentación, ya que sus recursos solo les permite costear alimentación para una sola comida al día.

En las comunidades indígenas, afirmó Rojas, están comiendo cazabe, gusano de moriche, pescado, que es lo que logran conseguir de la naturaleza para sostenerse.

Venezuela. - Waraos en Delta Amacuro están muriendo de sarampión - VPItv

Por su parte, Jesús Jiménez director la ONG Osibu, indicó que cuenta con una data de al menos 60 Waraos que han fallecido por sarampión, por la falta de vacunas en Delta Amacuro.

En este sentido, Jiménez expresó que debido a la precaria situación de las comunidades indígenas y al poco acceso que tienen a centro hospitalarios, muchas veces, los niños mueren incluso por “enfermedades simples” como la diarrea.

La ONG Osibu denuncia además que los indigenas no cuentan con servicios de salud, que haga el diagnostico de la enfermedad. Además, acusa al gobierno de ocultar las cifras y de mantener silencio ante el brote que está matando a los nativos de la etnia Warao.

El doctor Jiménez también dijo que otra de las causas de muerte de los waraos, es la falta de comida, ya que muchos se encuentran desnutridos, pues lo que comen es apenas una sopa de pescado al dia.

Hizo un llamado al gobierno, ministerio de salud y ministerio de asuntos indígenas a tomar cartas en el asunto y atender el duro panorama que enfrentan los Waraos.

Venezuela.- En lo que va de 2018 han muerto 60 waraos en Delta Amacuro por sarampión

 

Desde el inicio del año en curso murieron al menos 44 personas por falta de tratamiento para curar el sarampión en el estado Delta Amacuro.

La gran mayoría de los casos que se reportan son niños entre los siete y 14 años de edad de la comunidad indígena warao, informó la ONG, Codevida.

La epidemia de la enfermedad afecta principalmente a las localidades de Tucupita, Pedernales y Antonio Díaz. Además, la tosferina es otra de las enfermedades que afecta a la población del Delta, sin embargo, las autoridades competentes no han tomado las medidas pertinentes para combatir la enfermedad.

Los casos de sarampión han sido importados a otros países, en febrero ya habían sido registrados 19 casos confirmados entre Brasil, Colombia y Ecuador, provenientes de Venezuela.

 

 

La “grave escasez” de gasolina que afecta a Venezuela empieza a sentirse más en el oriente del país, según denunció este lunes el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo García, quien detalló que en los estados Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Nueva Esparta los ciudadanos pasan hasta cuatro horas en cola para surtir combustible a sus vehículos.

“Es lamentable que, luego de haber sido una las empresas más importantes del mundo, hoy Pdvsa esté quebrada por la corrupción intencional del régimen a todo nivel, dentro y fuera de la industria”, dijo.

Condenó que en Bolívar y Delta Amacuro hay estaciones de servicio que pasan hasta tres días cerradas a la espera de los camiones cisternas, y señaló que en Maturín están regulando el servicio “a 20 litros por automóvil”.

“Para nadie es un secreto que las refinerías de Puerto Cabello y Puerto La Cruz, dos de las más importantes del país, carecen de mantenimiento. Las líneas de producción están paralizadas y, ante esta situación, Pdvsa se ve en la necesidad de importar gasolina de Estados Unidos”, explicó el miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN.

Finalmente, el también coordinador regional de Vente Venezuela indicó que la escasez de gasolina “es producto de la negligencia en el manejo de la infraestructura petrolera, y el abandono en el que se encuentran las refinerías”.

Luisa Panagua.- Jhony Irazabal, dirigente juvenil de Voluntad Popular (VP) en Delta Amacuro, denunció que una comisión del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) se presentó en su residencia con una presunta orden para amedrentarlo a él y su familia.

Además, Irazabal responsabilizó al gobierno de la seguridad de su grupo familiar.

Estas declaraciones las difundió a través de su cuenta de Twitter, @JhonyIrazabalVP.

16 estudiantes sucrenses detenidos

También al este del país, en Sucre, la policía estadal detuvo a 16 estudiantes universitarios quienes, en protesta exigir la realización de elecciones, cerraron la avenida Perimetral de Cumaná.

Al retirarse, los funcionarios intentaron detenerlos, los jóvenes huyeron y algunos lograron huir y vecinos del lugar los escondieron en sus apartamentos. Sin embargo, la policía detuvo a 16 de ellos. En la persecución, los policías hicieron algunos disparos de perdigones, pero nadie resultó herido.

Entre los estudiantes se encuentran David Grau, Ángeles Rodríguez, José Jiménez, Leamsy Salazar, Gustavo Acuña, Reynaldo Marvéz, Camila Carrillo, Anthony Malavé, José Rojas, Manuel Pérez, Dimarcos González,  José Miguel García, Anthony Alfonzo y Oscar Dancourt, varios de ellos son dirigentes juveniles de los partidos VP, Primero Justicia (PJ), Alianza Bravo Pueblo (ABP), entre otros.

Todos fueron trasladados a la comandancia de la policía regional y liberados horas después con una cita de presentación a un “taller de paz”.

Protesta estudiantil por elecciones en Cumaná, estado Sucre. (Foto Cortesía: José Rengel).

Protesta estudiantil por elecciones. Cumaná, estado Sucre. (Foto Cortesía: José Rengel).

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Protesta estudiantil por elecciones. Cumaná, estado Sucre. (Foto Cortesía: José Rengel).

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Protesta estudiantil por elecciones en Cumaná, estado Sucre. (Foto Cortesía: José Rengel).

 

 

Tres especialistas advirtieron que, con la firma del decreto para la explotación del Arco Minero, el presidente Nicolás Maduro viola la soberanía del país así como su patrimonio natural. El acto  se realizó el día 5 de agosto en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV).

Todos coinciden en que afectará el ambiente, a los pueblos indígenas y los recursos hídricos, hidroeléctricos y forestales. Además, al no contar con la autorización parlamentaria, el plan es inconstitucional, nulo e írrito. 

Aventura mercantilista y mercenaria

Así calificó la resolución emitida por Miraflores el diputado nacional por la Unidad, Américo De Grazia. “Seguiremos explorando la forma jurídica y legal de frenar todo ese aventurerismo mercantilista y mercenario que hoy pretende entregar nuestra soberanía y patrimonio a empresas trasnacionales, sin cumplir con la normativa constitucional”.

Señaló que, con esta decisión: “Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando”. 

Triple crimen

Por su parte, Alexander Luzardo, exsenador del antiguo Congreso y redactor de las normas ambientales del vigente texto constitucional, indicó: “Se inició el desmembramiento de Venezuela en la zona de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esas concesiones representan más del 12 por ciento del territorio nacional”.

La afectación del decreto incluye las reservas de agua dulce potable no contaminada más importantes ubicadas al sur del río Orinoco; la reserva forestal de Imataca, con 3 millones 800mil hectáreas de bosque tropical; y la del Caura, con 5 millones de Has. Luzardo destacó que la extensión susceptible abarca 111.846,70kilómetros cuadrados. 

Perjudica también la mayor inversión que el país ha hecho en energía hidroeléctrica, la cuenta estratégica del Caroni, de la cual depende todo el complejo de represas (Guri, Macagua I, II y III, Caruachi), que surten más del 65 % de electricidad al país.

Calificó de “entreguistas” y de “delincuentes mineros” a Nicolás Maduro, al presidente del BCV, elson Merentes; a Roberto Mirabal, ministro de Desarrollo Minero y Ecológico y José Khan, secretario ejecutivo de la comisión presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Se trata de una venta y reventa de concesiones mineras vinculada con las bolsas internacionales, sobre todo, las canadienses, formando en un negocio inviable económicamente. Y tampoco es que Venezuela tenga enormes reservas de oro – como China o Rusia –sino que están empeñados en construir un rentismo minero para sustituir, supuestamente, el rentismo petrolero”, objetó.

Afirmó que la resolución para explotar el Arco Minero violenta las garantías de los pueblos aborígenes y “consuma hasta un acto de traición a la patria, porque la soberanía puede rescatarse pero la contaminación de un curso fluvial como el Orinoco, con agentes como el mercurio y el cianuro, entre otros, y la depredación de las cuencas estratégicas, dejando a Venezuela sin agua, no tendrá retorno”.

Para el experto ambiental , se habla de un triple crimen: “es un genocidio, un etnocidio y un ecocidio”, apuntó.

Decisión inconsulta

El sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea (Programa Venezolano en Educación – Acción en DD.HH.), manifestó que es “muy preocupante” la nueva instrumentación al omitir dos requisitos del texto constitucional.

“El primero de ellos es la realización y discusión de un estudio de impacto ambiental; y, en segundo lugar, el derecho de los pueblos indígenas, que van a ser afectados por esta actividad en su territorio, de ser consultados de manera previa libre e informada”, aseveró.

Detalló que si no se asumen las medidas necesarias para mitigar los efectos de este tipo de actividad minera y extractiva sobre el modo de vida de las comunidades originarias, y  también de las poblaciones campesinas, surgirán otras repercusiones lesivas como la garantía al ambiente sano,   las consecuencias en cuanto a agua o  electricidad, que pudieran agravar aún más la crisis en la prestación de servicios básicos.

Aclaró que la organización de la cual es directivo y otras ONG no fueron consultadas en momento alguno por las autoridades del poder central. “El gobierno habla de diálogo pero en sus propias prácticas contradice la apertura de canales democráticos para incluir en el diseño de sus políticas y en la toma de decisiones a los todos actores que sean importantes y necesarios”, reclamó.

Finalmente, depositó su confianza en los esfuerzos del Poder Legislativo. “Creo que tiene un papel que cumplir porque aquí tenemos un vacío legal que es la ausencia de reglamento a una ley para el proceso de consulta previa, libre e informada. Pediríamos, igualmente, la detención de cualquier proyecto mientras no se cumplan con las exigencias fundamentados de la Carta Magna venezolana”, concluyó.