A través del decreto presidencial 1.916 ordenaron el cierre de pasos terrestres y fluviales debido a las elecciones regionales, la medida entrará en vigencia desde las 12 de la madrugada del próximo sábado 26 de octubre de 2019 hasta las 4 de la tarde del domingo 27 de octubre de 2019, incluye los controles migratorios.

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Se exceptuarán de las restricciones aquellos que deban desplazarse por razones fortuitas o de caso mayor, así como los tránsitos aduaneros internacionales de mercancías que estén autorizados por la aduana ya sea de donde viene o por la colombiana. De igual manera, incluye a aquellos que deban trasladarse y darle cumplimiento al Régimen del Tránsito.

El partido político Primero Justicia (PJ) condenó este martes que haya candidatos opositores postulados a la Gobernación del estado Zulia, luego de que al gobernador electo en los comicios regionales del pasado 15 de octubre, Juan Pablo Guanipa, no le fueran otorgadas las competencias que le correspondían por negarse a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

A continuación, el comunicado íntegro de la tolda amarilla:

Para Venezuela, en especial al pueblo zuliano:

Cumpliendo con nuestro compromiso de acompañar al pueblo de Venezuela en los momentos más difíciles de nuestra historia; desde Primero Justicia y Voluntad Popular queremos solidarizarnos con el bravo pueblo del Zulia, que no solo es víctima de los atropellos constantes de la dictadura de Nicolás Maduro, sino que hoy dirigentes utilizan su escudo y su bandera para proyectos políticos personales.

Rechazamos que se pretenda engañar al pueblo zuliano y seguirle el juego al gobierno nacional. El Zulia tiene gobernador y su nombre es Juan Pablo Guanipa. Vergüenza debe darle a cualquier venezolano utilizar su nombre y su cara para arrastrar al pueblo a un nuevo fraude electoral. A ellos les preguntamos, ¿abandonarán sus principios y valores para avalar la Constituyente?

Calificamos de bajeza, que ante un momento tan delicado políticamente, existan dirigentes de oposición que se aprovechen de la situación para avanzar con sus proyectos personales, que en ningún momento responde a la única lucha que debemos batallar en nuestro país para tener a Venezuela libre: sacar a Nicolás Maduro del poder.

Por lo que les exhortamos a reflexionar sobre esta conducta que avala los vejámenes y violaciones a la Constitución y las libertades ciudadanas que desde el gobierno actual se cometen y les invitamos a poner por encima de intereses individuales, los intereses de nuestra nación.

Juan Pablo Guanipa Villalobos, gobernador electo del estado Zulia, ha ejercido y seguirá ejerciendo las acciones legales, en instancias nacionales e internacionales, que le permitan ejercer las facultades del cargo para el que fue electo por el pueblo zuliano, al tiempo que ha emprendido junto a demás miembros de nuestras organizaciones políticas una cruzada en defensa del respeto al voto y condiciones transparentes para futuros eventos electorales.

Desde Primero Justicia y Voluntad Popular reiteramos que no acompañaremos ninguna decisión que no esté alineada con la lucha de todos los venezolanos, una batalla dura que se pelea en el ámbito político, pero que es más dura cuando es contra el hambre y la escasez de medicinas. Ya nuestro pueblo sufre demasiado.

No estamos en condiciones de cumplir con proyectos individuales, llegó la hora de mirar lo importante y eso es Venezuela.

De acuerdo al informe final presentado por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, el pasado 15 de octubre hubo serias irregularidades antes, durante y después de la realización de las elecciones de gobernadores, que vulneraron los principios fundamentales que deben caracterizar un proceso comicial de este tipo, con lo cual se impidió que se manifestara verdaderamente la voluntad de los votantes.

El proceso en su conjunto no satisfizo los requerimientos universalmente aceptados para que un evento comicial pueda ser considerado genuinamente democrático, como es que sea inclusivo, limpio y competitivo, y que constituya el principal medio de acceso a los cargos públicos, destaca el documento.

Según el estudio, hubo diversas medidas irregulares en que incurrieron las autoridades desde el inicio del proceso, cuyo impacto impidió que los resultados fuesen un reflejo fiel de la decisión de los electores.

Retrasos, cambios e informalidades

En este informe, se recuerda que la elección tuvo lugar en el marco de un tenso contexto social y político, signado por una profunda crisis económica, los reclamos del sector opositor por la suspensión del proceso de referendo revocatorio presidencial; la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) obviando el requisito constitucional de convocatoria por el pueblo soberano; el virtual desconocimiento de la Asamblea Nacional (AN) por parte de los otros poderes del Estado; y la exigencia de nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo el texto señala que, durante la etapa de preparación de la elección, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la ANC tomaron decisiones que vulneraron seriamente los derechos, tanto de los electores, como de las organizaciones políticas participantes.

También destaca el hecho de que esta elección, por norma constitucional, ha debido ser convocada por el CNE, junto con la de los Consejos Legislativos Estadales, en diciembre del 2016, y fue pospuesta, contraviniendo lo establecido en el artículo 160 de la Constitución.

La drástica reducción de los lapsos para el cumplimiento del cronograma tuvo como consecuencia, entre otras, la eliminación la acostumbrada y muy necesaria Campaña Institucional, destinada a dar a conocer a los electores las características del proceso, la forma de votar y la ubicación de los candidatos y partidos participantes en la boleta electoral.

Sin igualdad de condiciones

Por otro lado, ante la decisión del CNE del 7 de agosto del 2017 de no permitir la inscripción de candidaturas en los estados Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no utilizar su tarjeta, que en las elecciones parlamentarias de 2015 fue la opción más votada, ante el temor de que ésta fuese posteriormente inhabilitada. Esta decisión llevó a la oposición a participar con desventaja en la contienda electoral.

Además, el CNE no permitió a los partidos postulantes la sustitución de candidatos que habían desistido de participar en las elecciones, contraviniendo con ello los artículos 62 y 63 de la LOPRE, que permiten hacer la sustitución hasta diez días antes de la celebración de la elección.

Esto ocasionó la permanencia en la boleta de votación de personas que no participaban en la contienda electoral, con la consiguiente confusión de un conjunto de electores, que puede haber sido crucial en el resultado de la elección en algunos estados.

Por diversas razones, todas de dudosa legalidad, tanto la Contraloría General de la República como el TSJ, han inhabilitado a un grupo de ciudadanos, impidiéndoles su derecho a participar en competencias electorales, agrega el informe.

A apenas tres días de la celebración de la jornada electoral, el CNE comenzó un procedimiento de reubicación de un conjunto de centros de votación, donde votaban más de 700 mil electores, que se prolongó hasta a escasas horas de la votación. Los electores no fueron informados debidamente y a tiempo sobre los cambios realizados. Esto generó inconvenientes a los votantes.

Durante la campaña electoral fue evidente el uso masivo de recursos públicos a favor de los candidatos oficialistas en todos los estados. Los medios de comunicación públicos fueron utilizados casi exclusivamente por candidatos oficialistas para su promoción, en flagrante violación del mandato legal de igualdad de acceso a los medios de comunicación social.

Irrespeto a decisión de electores

A lo anterior se suman la serie de irregularidades que se cometieron durante la jornada electoral, como pone de manifiesto la información recopilada durante la observación electoral, y los actos de desconocimiento de los resultados de la elección que se presentaron posteriormente.

En este sentido, el documento señala que no se respetó la decisión expresada por los ciudadanos mediante el sufragio, que debe ser el principal medio de acceso a los cargos públicos, al exigir a los candidatos electos cumplir con una exigencia que no figura en ninguna ley, como fue la juramentación ante la ANC y anular la elección de uno de ellos, el gobernador electo del Zulia, por no someterse a esa ilegal exigencia.

Adicionalmente, los cargos asumidos por los candidatos ganadores de la oposición en los estados Táchira, Mérida, Zulia, Anzoátegui y Nueva Esparta sufrieron menoscabo de sus funciones y recursos, al disponerse en ellos la intervención de las policías; al trasladar funciones al gobierno central en el Táchira y con el nombramiento en los estados Zulia, Anzoátegui, Mérida, Táchira y Nueva Esparta de nuevos funcionarios denominados protectores, que interfieren las funciones de los gobernadores.

«Por todas estas razones la Red de Observadores Electorales de Asamblea de Educación considera que la elección de gobernadores realizada el 15 de octubre, no puede ser considerada un proceso electoral democrático, ni sus resultados reflejo fiel de la decisión de los electores», finaliza el informe.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exigió una auditoria general del proceso de elecciones regionales y no solo del día de la elección, «ya que estuvo lleno de irregularidades desde que fue convocado».

El Gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que tras los resultados electorales, los factores democráticos debe reunirse para debatir las acciones que se llevarán a cabo  y afianzarse como unidad, además de afirmar que deben seguir en resistencia para luchar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que según declaró «no le importa el daño que le está haciendo al país».

Guanipa señaló que los resultados del proceso electoral del 15 de octubre son falsos, sustentándose en la denuncia de voto múltiple que viene haciendo la coalición opositora desde el domingo en la noche, además de los hechos irregulares del día de la elección.

Finalmente, el dirigente de Primero justicia informó que los cinco gobernadores electos de la MUD se reunirán en los próximos días para definir las acciones a tomar en cuanto a su juramentación, ya que «debe hacerse en los Consejos Legislativos de cada estado y no ante la Asamblea Nacional Constituyente» puntualizó.

El denominado Grupo de Lima, integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, consideró «urgente» la realización de una «auditoría independiente de todo el proceso electoral» llevado a cabo el pasado 15 de octubre en Venezuela.

Esta instancia multilateral aseguró que los comicios regionales del pasado domingo estuvieron caracterizados por «diversos obstáculos, actos de intimidación, manipulación e irregularidades», razón por la cual sus resultados están «en entredicho».

A juicio del Grupo de Lima, dicha auditoría debe realizarse «con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos», para aclarar así «la controversia generada sobre los resultados de dicho comicio, y conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezolano».

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La dirigente opositora María Corina Machado aseguró este martes que «la gente no tiene la culpa del fraude electoral» que denunció la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tras las elecciones regionales celebradas el pasado domingo 15 de octubre, luego de que varios dirigentes de la coalición opositora señalaran que la abstención propició la dura derrota en las urnas.

«Estos resultados no representan la verdadera Venezuela. Un régimen que tiene más de 80% de rechazo no puede obtener el 80% de las gobernaciones. Eso no se lo cree nadie. Hay que asumir la responsabilidad, quienes avalaron este fraude deben hablarle al país. La gente no tiene la culpa», sentenció.

La coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela aseveró que «nada se ha logrado con las cinco gobernaciones» obtenidas en esos comicios, que a su juicio solo sirvieron para «humillar a los venezolanos».

«¿Y ahora? La Asamblea Nacional (AN) debe sesionar y designar de inmediato los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Como diputados se deben a los ciudadanos, no a un partido político», sostuvo.

Advirtió a los flamantes gobernadores opositores que «sería inadmisible presentarse en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)», pues significaría acceder al «chantaje» del gobierno de Nicolás Maduro.

Exhortó, por otro lado, a no dialogar más con los personeros del Ejecutivo nacional, y recordó que «esto es una dictadura», por lo que invitó a sus homólogos opositores a no seguir chocando con la misma piedra.

«Ya basta de cogollos, hay que rebelarnos y reunificarnos, porque tenemos la fuerza, y debemos hacerla valer. El 15 de octubre se comprobó que no hay salida electoral posible con ese CNE, aceptar esta falsa ruta electoral es sacrificar a quienes dieron su vida en las calles», concluyó.

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Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2015, exigió este martes un cambio de líderes políticos en la oposición tras el avasallante triunfo que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), logró el gobierno nacional en las elecciones regionales del pasado domingo 15 de octubre.

«Una gigantesca mayoría es reducida por un régimen agónico, porque la directiva le da prelación a proyectos personales en detrimento del gran objetivo, que es cambiar de régimen urgentemente», reza un comunicado del dirigente.

En ese mismo texto argumentó que «la gente está dolida, porque piensa que mientras los jóvenes heroicos estaban derramando su sangre sobre el asfalto de las calles, algunos estaban pintando sus pancartas para ir a unas elecciones que, de antemano, se sabía que serían tan fraudulentas como la Constituyente».

Con esta postura Ledezma ratificó su rechazo a la decisión de la MUD de participar en las regionales, luego de la ola de protestas antigubernamentales desarrollada entre abril y julio que dejó más de 120 muertos, miles de heridos y otros tantos detenidos.

«No se trata de maltratarnos unos a otros, pero sí de rectificar, de tener una clara estrategia. Esta es la hora, o cambiamos de conducción, o seremos responsables de que este régimen siga destruyendo a Venezuela», sentenció, al tiempo que informó sobre la creación de la plataforma civil «Soy Venezuela», y sugirió que se utilice como «medio de reencuentro con la ciudadanía».

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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) amenazó este lunes al gobierno nacional con no retomar el diálogo entre ambos bandos políticos, si no se audita todo el proceso electoral desplegado el pasado domingo 15 de octubre para que los venezolanos eligieran a los gobernadores de los 23 estados del país.

En una rueda de prensa en la que no admitieron preguntas de la prensa, la coalición opositora pidió al presidente Nicolás Maduro una «auditoría total, cuantitativa y cualitativa» que no sea impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que cuente «con verificación internacional confiable».

«No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos», dijo el vocero de la Unidad, Ángel Oropeza.

En el documento leído por el portavoz la MUD acusó al gobierno de «torcer y desconocer la voluntad del pueblo», y aseveró que «nadie duda que las elecciones en Venezuela no son libres, ni justas, ni transparentes», en referencia al «gran número de irregularidades» acaecidas el domingo durante los comicios regionales, en los que el oficialismo arrasó con 17 gobernaciones, según la data del CNE.

«Estamos ante un proceso de grandes dimensiones y de múltiples variables que requiere la más rigurosa e independiente investigación (…). Solo así podremos reconocer lo que haya que reconocer, y exigir las repeticiones donde haya que realizarlas», sentenció.

La MUD solicitó «el respaldo de los pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo, así como la mayor condena y presión contra el régimen de Nicolás Maduro», y anunció que enviará una delegación al extranjero a explicar lo sucedido y sus exigencias.

«Convocamos al pueblo y al mundo a luchar por un nuevo sistema electoral, y la convocatoria urgente de elecciones libres y transparentes (…) Somos mayoría, la dictadura cada día se deslegitima más, y cada día crece más la condena mundial contra este régimen», concluye el comunicado.

El gobernador saliente del estado Lara, Henri Falcón, se deslindó este lunes de la postura tomada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante los resultados de las elecciones regionales al reconocer su derrota en esa entidad, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganadora a Carmen Meléndez.

Con una foto en la que se le ve sonriente junto a su equipo de trabajo, Falcón escribió en Twitter que «los tiempos de Dios son perfectos», y aseguró que «cuando sucede algo malo, es porque viene algo mejor».

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, mostró este lunes su resignación con respecto a los resultados de las elecciones regionales realizadas el pasado domingo 15 de octubre, y aseveró que «con este Consejo Nacional Electoral (CNE) fraudulento» no habrá «cambio en Venezuela».

Más temprano, el candidato que según el ente comicial perdió la elección a la gobernación del estado Vargas denunció que en esa entidad «60.000 electores fueron afectados o imposibilitados para ejercer su derecho al voto», y aseguró que «las incidencias ocurrieron en centros donde históricamente pierde el oficialismo revelando así un patrón dirigido a impedir el voto opositor».