La periodista Luisa Mimi Arriaga fue nuevamente privada de libertad por organismos de Seguridad del Estado a pesar que ésta goza de una medida cautelar de arresto domiciliario.

En horas de la mañana de este 7 de julio la Organización No Gubernamental (ONG), Espacio Público (EP) denunció que Arriaga fue detenida en su residencia por efectivo del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes la privaron de libertad en la sede policial en Parque Carabobo, en el centro de Caracas.

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“Arriaga no debió ser detenida. ¡Basta de hostigamiento a los periodistas!”, denunció EP a través de sus redes sociales. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también se expresó sobre el hecho: “El régimen insiste en su política de agresiones a los periodistas”.

La acción pudo deberse a una confusión entre los organismos de Seguridad y los Tribunales de Control del Estado que emitieron semanas atrás la medida excarcelación dándole “casa por cárcel” a la profesional de la comunicación.

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Por su parte, los abogados de Arriaga temieron que la detención pudo haberse debido a que le hayan revocado la medida cautelar.

En horas del mediodía Mimi fue trasladada a su residencia en cumplimiento de la medida emanada del Tribunal de Control, lo que refuerza la tesis de detención por confusión entre órganos de seguridad y justicia.

Arriaga

La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodista del Zulia y la Asociación Civil Espacio Público rechazaron las acusaciones de Diosdado Cabello en contra del director de comunicaciones de la presidencia encargada de Venezuela, Edward Rodríguez.

“La Junta Directiva del CNP Zulia y el gremio de periodistas zulianos rechazamos contundentemente los ataques, falsas acusaciones y la persecución de Diosdado Cabello en contra de nuestro agremiado Edward Rodríguez, actual director de comunicaciones del presidente (E), Juan Guaidó”, expresó el CNP en su cuenta oficial de Twitter.

Cabello acusó a Rodríguez de crear “fake news” por difundir los ataques que sufrieron los periodistas durante una marcha del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado 29 de febrero en Barquisimeto, estado Lara.

“Diosdado Cabello amenaza con los cuerpos de seguridad al jefe de prensa de Juan Guaidó, Edward Rodríguez, y lo acusa de crear “fake news” por difundir las agresiones que sufrieron los periodistas el sábado 29 de febrero”, denunció EP en un tuit.

 

Desde 2002 hasta la fecha se han registrado 10 asesinatos a periodistas en Venezuela, informó Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, esto durante el conversatorio que se llevó a cabo este 2 de noviembre en rechazo al cierre de los medios de comunicación en el país.

Durante el foro, Correa indicó que las persecuciones contra periodistas y medios de comunicación se han intensificado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, apuntó que debido a los cierres de medios, 5 estados del país se encuentran sin equipos de prensa, limitando el acceso a la información de los ciudadanos.

 

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La consolidación de un discurso único por parte del gobierno nacional, mediante el cierre masivo de diversos medios de comunicación es la alerta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la asociación civil Espacio Público, han denunciado, solo entre los años 2013 y 2018, el Ejecutivo ha acabado con 115 medios, hechos que afectan la libertad de prensa y de expresión y consolidan el cierre de medios como política de Estado.

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Solo en lo que va del año 2018, han salido 25 periódicos de circulación, en 2013 ocho medios de comunicación fueron cerrados: cinco en 2014, ocho en el 2015, cinco en 2016, 59 en 2017, y en lo que va de 2018, son 30 los que fueron obligados a cerrar; entre 2013 y octubre 2018; el año pasado desconectaron 45 emisoras de radio, 23 de ellas solo en el estado Barinas; asimismo son nueve los canales de televisión fueron sacados o del espectro radioeléctrico venezolano o de las parrillas de canales por suscripción, como CNN en español o el canal colombiano NTN24.

Entre los medios impresos 41 desaparecieron. En Sucre, Trujillo y Barinas no circulan periódicos, hecho que afecta a 2.398.922 personas. 65 emisoras de radio cerradas entre 2013 y octubre 2018.

 

Medios cerrados:

  1. Diario de Frente
  2. El Expreso de Bolívar
  3. Primera Hora
  4. Diario Antorcha
  5. La Mañana
  6. El Carabobeño
  7. Diario Sucre
  8. Las Noticias de Cojedes
  9. Diario Los Andes Táchra y Trujillo
  10. Diario EL Tiempo Anaco y El Tigre
  11. Diario de Lara
  12. Diario Mosca
  13. El Oriental
  14. La Región de Oriente
  15. Revista EME
  16. Diarios Los Andes
  17. Diario Sucre
  18. La Noticia de Oriente
  19. La Prensa de Barinas
  20. Última Hora
  21. Diario de Sucre
  22. Nueva Prensa de Guayana
  23. Tal Cual
  24. La Noticia de Barinas
  25. Diario Aragueño
  26. El Universal
  27. Diario El Tiempo de Trujillo
  28. Diario La Opinión
  29. El Mundo Oriental
  30. Visión Apureño
  31. Tribuna Popular
  32. Diario Caribe
  33. Notitarde
  34. El Falconiano
  35. Diario Avance
  36. El Luchador
  37. EL Mío
  38. Diario Caribe
  39. Última Hora
  40. Portuguesa

Carlos Correa, director de Espacio Público, alertó sobre el aumento de la persecución ciudadana por expresar sus opiniones o ideas. Mencionó el caso de los dos bomberos del estado Mérida que a su juicio fueron privados de libertad por mostrar un video con humos fresco sobre el presidente Nicolás Maduro.

“En el contexto del debate ha habido expresiones más duras y mucho más groseras que las que hicieron los bomberos, a estas personas no se les ha aplicado la ley del odio afortunadamente”, dijo.

Explicó que el efecto de censura más bien hace que los ciudadanos vean el video con más frecuencia. “El efecto de la censura es lo contrario, porque la gente siempre va a querer ver porque lo están prohibiendo”, dijo.

También se pronunció por la detención de periodistas internacionales al señalar que ha aumentado la persecución a la prensa en los últimos cuatro años.

Venezuela - Califican de inconstitucional detención a bomberos por vídeo de burla a Maduro - VPItv

La organización no gubernamental Espacio Público presentó este jueves 3 de mayo, su informe anual de libertad de expresión en Venezuela durante el año 2017 y los primeros 4 meses del 2018 en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“En todo calor de la protesta venezolana, crean esta ilegal ANC que su objeto no es crear una nueva constitución sino un órgano plenipotenciario. Es esta ilegal ANC se dicta una extraña Ley Contra el Odio, la cual tiene toda serie de vicios”, comentó Rafael Chavero, colaborador de Espacio Público.

“Fueron en total 13 reporteros los detenidos arbitrariamente en 2017 por informar sobre las protestas de calle” “En 2017, un total de 17 medios se vieron afectados por falta de papel”, mencionó Marysabel Rodríguez, miembro de la ONG.

Por otra parte, Carlos Correa, director de Espacio Público, afirmó que “la intención de la Ley contra el Odio es generar intimidación en los periodistas”.

“Hay una política estatal discriminatoria en contra de los medios libres e independientes. Ya en Miraflores no existe la oficina de prensa. Las Redes Sociales no son periodismo”, aseguró Correa.

Venezuela - Espacio Público presentó Informe Anual de Libertad de Expresión en Venezuela - VPItv

Este lunes, la organización no gubernamental Espacio Público realizó el foro “Estas no son Elecciones”, que contó con la participación de Benigno Alarcón del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello y Carlos Medina del Observatorio Electoral venezolano, con la finalidad de argumentar las razones que deslegitiman las elecciones en Venezuela.

Para Alarcón el gobierno realiza una farsa electoral con el objetivo de aferrarse al poder. “No podemos decir que la historia predice el futuro pero si podemos anticipar lo que viene, el régimen se radicaliza buscando estabilizarse”, dijo.

Por su parte, Medina enumero una serie de irregularidades que violan la normativa electoral, la Constitución y los principios democráticos universales, ofreció un ejemplo con los lapsos de campaña que en el año 2012 fue de 96 días, mientras que en la campaña electoral de las elecciones presidenciales convocadas para este 2018 es de 26 días. “Además de recortar los lapsos de campaña se hace uso indiscriminado de recursos públicos y se limita el acceso de la oposición a los medios de comunicación”, precisó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará este martes tres audiencias públicas sobre Venezuela en Bogotá, Colombia, con motivo de los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El período de sesiones 167 de la CIDH se lleva a cabo desde el pasado 22 de febrero, y se mantendrá activo hasta el próximo 2 de marzo.

La primera audiencia sobre el país se realizará este martes de 10:00 a 11:00 de la mañana (hora venezolana), y lleva por nombre “Empresas y derechos humanos en Venezuela”. En ella participarán diversas organizaciones, tales como la Asociación Civil Sures, Estudios y Defensa en Derechos; la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin); el Comité de Víctimas de Venezuela; el Centro Juvenil de Derechos Humanos; y la Asociación Nacional de Consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Asonacop).

De 11:15 de la mañana a 12:15 del mediodía será el turno de la audiencia de oficio convocada por la CIDH, denominada “Derecho a la Alimentación y a la Salud en Venezuela”, en la que tomarán parte el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS); el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS); la Fundación Bengoa; y otras organizaciones no gubernamentales como Espacio Público, Transparencia Venezuela, Amnistía Internacional, Codevida, Acción Solidaria, Prepara Familia, Movimiento Vinotinto, Convite AC y Provea.

Acto seguido, de 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde se llevará a cabo la audiencia titulada “Seguridad ciudadana e institucionalidad en Venezuela”, en la que nuevamente tomará el testigo Amnistía Internacional, en compañía del equipo de MiCondominio.com y el Foro Penal Venezolano.

En todas las audiencias habrá representantes del Estado venezolano.

La Organización Espacio Público presentó el informe del año 2016, en el que se registró una violación a la libertad de expresión por día. Expresa que las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.

Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.

2016 es el segundo año con mayor cantidad de casos en 15 años de registro. Desde hace dos años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los periodos con mayor incidencia de casos, 2014, 2016 y 2009, suman el 32% del total de situaciones registradas.

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Entre enero y diciembre de 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se contaron 286. El total de casos/situaciones fue de 266, un 12% mayor que el periodo enero-diciembre del año pasado.

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La agudización de la tensión política, con la suspensión de elecciones en octubre compromete aun más la garantía del derecho a la libre expresión. Cuando la polarización exacerba los límites institucionales, alimenta una mayor incidencia de escenarios violentos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. De allí que octubre se ubique como el mes con mayor cantidad de casos registrados, con un total de 43.

El 44% (119) de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio. Esto representa un total de 88 casos/situaciones que indican un aumento del 252% en relación al contexto de protesta del año anterior (25).

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El impedimento de cobertura producto de la represión ejercida sobre las protestas por comida a inicios de junio en el centro de Caracas, elevó la incidencia de violaciones en el primer semestre del año. La demanda por venta regular de productos y el derecho a la alimentación se ubicó ente los principales motivos de protesta, después de las demandas laborales. Entre enero y octubre de 2016 se registraron 2999 manifestaciones, un aumento de 21% respecto al mismo periodo del año pasado.

A pesar de la que la Constitución Nacional contempla solo una prórroga del decreto de estado de emergencia por el mismo periodo inicial (60 días), el Ejecutivo Nacional extendió en cinco ocasiones consecutivas este decreto al que además le sumó la declaratoria de Estado de Excepción. Estas medidas precarizan las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica como mecanismo legitimo de denuncia. En octubre, la represión superó en 46% el total de protestas reprimidas en el mismo periodo de 2015.

La arremetida de diversas instancias del Estado contra cualquier expresión de descontento se extiende a todos los sectores y, particularmente se focaliza en periodistas y reporteros gráficos a fin de impedir la cobertura de los hechos, ocultar la realidad e impedir las críticas.

El desalojo de reporteros de las zonas de protesta y la exigencia ilegítima de permisos para la cobertura de hechos públicos escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 123 ocurrencias. La agresión, por su parte se ubica en el tercer lugar de ocurrencia con 54 violaciones.

Violencia física: Intimidación, agresión y ataque

Se manifiesta en el impedimento de cobertura, robo o confiscación de equipos, expulsión de espacios o instituciones públicas (intimidación); en agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y en ataques contra medios de comunicación en represalia por su línea editorial. Estas situaciones suman un total 187 violaciones a la libertad de expresión, lo que la ubica como la modalidad de violencia más frecuente.

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La violencia discursiva (amenaza y hostigamiento verbal) contempló insultos, descalificaciones contra la prensa que la ubican como adversario político; amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. 67 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.

Escasez de garantías

El silencio estatal sobre los índices de escasez e inflación violenta el derecho a la información de los ciudadanos, lo que aumenta las garantías vulneradas ante el deterioro progresivo de otros derechos fundamentales, como la alimentación y la salud. Fuentes vinculadas al Banco Central de Venezuela (BCV) señalaron que para el primer semestre del año, la inflación se ubicó en 176,2%, tras seis meses de vigencia del Decreto de Emergencia Económica, mientras que el FMI estimó el cierre de 2016 en 720%. Las filas de usuarios a las afueras de los locales comerciales persistieron. La poca oferta eleva constantemente los precios y deteriora el poder adquisitivo.

Veintisiete (27) casos de violaciones a la libertad de expresión durante la cobertura de filas a las afueras de los comercios o en protestas por comida se registraron en 2016, lo que supera en 35% el total del año anterior (20). Se impide el registro mediante desalojos forzados, confiscación e incluso robo de equipos, por cuerpos de seguridad, grupos violentos y en menor medida por particulares.

Más de la mitad de las víctimas son periodistas. En el 16% de las ocasiones, reporteros gráficos fueron el blanco de agresiones, amenazas o intimidación. Los medios de comunicación son atacados directamente en sus instalaciones o sometidos a procesos judiciales. Esta última situación también se extiende a la directiva de los medios.

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El Estado venezolano, entre instancias, cuerpos de seguridad, funcionarios y el Presidente de la República suman el 70% del total de victimarios. La presencia de grupos violentos tiene una incidencia relevante ya que su intervención suele escalar hacia agresiones físicas, robos y hurtos de equipos. Ante estas acciones los cuerpos de seguridad han actuado, tanto en complicidad –al facilitar la comisión de los delitos- como por omisión al ignorar las denuncias realizadas por las victimas al momento de ser violentadas.

Las zonas del país donde se registra mayor violación del derecho son el Distrito Metropolitano de Caracas, la sede los poderes públicos y el centro de varios movilizaciones masivas, con 78 situaciones, seguido de Mérida y Aragua ambos con (16) dieciséis, y con incidencia relevante en manifestaciones públicas, tanto de corte social (reclamos de servicios públicos, obligaciones laborales) como exigencias civiles y políticas, vinculada a demandas electorales.

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Violencia institucional: Censura, hostigamiento judicial, restricciones

Se traduce el uso de las diversas instancias del Estado para castigar líneas editoriales críticas al gobierno nacional y a sus funcionarios. La manipulación del sistema judicial, los procedimientos y los tiempos para sancionar, incluso penalmente, a medios de comunicación, directiva y periodistas. La promoción de la censura mediante sanciones por parte de entes administrativos, como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, o la venta discrecional de papel prensa por parte del Complejo Editorial Alfredo Maneiro; y la promulgación de legislación restrictiva. 112 violaciones de este tipo se registraron entre enero y diciembre de 2016.

La monopolización del papel prensa por parte del Estado venezolano tras la creación de la Corporación Maneiro, en el año 2013, inició una escasez generalizada de papel que afecta en especial a los medios de línea crítica o independiente del gobierno nacional. En tres años, siete (7) medios han salido de forma indefinida por la falta del insumo. La Corporación impone obstáculos burocráticos, dilata la venta, incumple los plazos o no vende bajo criterios discrecionales. Veinte (20) medios salieron temporalmente de circulación, nueve (9) de ellos en 2016, tras serías crisis en la obtención de insumos, en su mayoría con reducciones significativas y cambios de formato.

Deportaciones y trabas para la prensa extranjera

En un contexto de alta convulsión política, la prensa extrajera también ha sufrido las consecuencias de la censura para evitar su cobertura. El Gobierno a través de diversas instancias públicas impidió el trabajo de 17 comunicadores en dos meses.

En agosto, la oposición convocó a una movilización masiva que se llamó La Toma de Caracas. La actividad generó una gran expectativa. En esa oportunidad 10 periodistas de medios internacionales resultaron afectados. El 28/08/2016 Kate Guerrero, de CNN en Español, debió abandonar el país porque autoridades aduanales retuvieron sus equipos y le pusieron como condición para ser devueltos que volviera al país de origen; el 29/08/2016 fueron cinco periodistas deportados, pertenecían al equipo de Al Jazeera; luego el 31/08/2016 John Otis (NPR), César Moreno (Radio Caracol) y María Eve (Le Monde) fueron deportados; Jim Wyss, del diario Miami Herald, fue expulsado del país.

Las deportaciones y expulsiones son ejecutadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y continuaron en el contexto de otra movilización masiva: La Toma de Venezuela. En esta oportunidad, impidieron la entrada a los periodistas Ricardo Burgos, Leonidas Chávez y Armando Muñoz, de la cadena mexicana Televisa y al fotógrafo Rodrigo Abad, de la agencia AP, lo retuvieron el 26 de octubre y luego le permitieron la entrada al país.

Los periodistas de Radio y Televisión Española (RTVE) y Washington Post, llegaron al país con la finalidad de hacer una cobertura especial del llamado a marchar al Palacio de Miraflores, entre otros eventos. En el caso de Ramos y Franco, de RTVE, se les permitió la entrada al país, tras 15 horas de esperar en la zona de tránsito, sin sus pasaportes ni equipaje y vigilados permanentemente. Partlow por su parte abandonó el país en el primer vuelo que salió a Miami, Estados Unidos, el día martes 1 de noviembre, a horas de aterrizar en el país.

Existe una política de acreditaciones que se aplica de forma discriminatoria al ser negadas respuestas oportunas o solicitar requisitos extraordinarios. La existencia de una legislación no otorga legitimidad a estas restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, sobre todo cuando la regulación es interpretada parcialmente, alterada o incluso, omitida. Es una tergiversación burocrática del sistema de acreditación, ya que el Estado retarda o niega sin motivo -dentro de su propia lógica legal- un requisito que él mismo exige. En este sentido, la prohibición de entrada al país no tiene fundamento auténtico, porque el Estado no cumple con sus propias disposiciones. La omisión deliberada de procesos administrativos revela el uso discrecional de las instituciones y recursos públicos con fines político-partidistas a fin de negar el acceso a la información como mecanismo de censura.

Todo el informe aquí

El coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, la directora de Cofavic Liliana Ortega y el director de Espacio Público, Carlos Correa, defienden el diálogo como mecanismo para encontrar una salida a la crisis política, económica, social e institucional de Venezuela. Sin embargo, afirman que haberse sentado en la mesa de diálogo no le quita al gobierno su carácter autoritario.

Uzcátegui considera que la sociedad civil debe involucrarse activa y organizadamente para garantizar resultados. Advierte que las condiciones que llevaron al gobierno a convertirse en una dictadura (así lo estableció Provea en su comunicado del 16 de noviembre) se mantienen: declaratoria inconstitucional del estado de excepción y suspensión del derecho de votar.

“El haberse sentado a negociar con la oposición no le quita ni matiza la etiqueta de dictadura que tiene el gobierno. En 1992 la comunidad internacional tildó al gobierno de (Alberto) Fujimori de una dictadura, en 1998 el propio Fujimori invitó a la CIDH a Perú y el presidente de la Comisión en ese entonces se entrevistó con Fujimori. Por eso reiteramos que la creación de mecanismos de diálogo no transforma en democráticos a gobiernos que no lo son”, dijo.

Ortega, por su parte, se refiere a la “ruptura del orden constitucional” que se produjo por el decreto de estado de excepción y el “alejamiento de la democracia” que generó la suspensión de las elecciones regionales y del proceso revocatorio.

“El orden constitucional no se recupera sentándose a una mesa de diálogo, sino cuando se cumple la Constitución. La mesa debe conducir resultados hacia el cumplimiento de la Constitución, hacer que se programen las salidas electorales y cese su postergación y que cese la represión. El diálogo es el camino, pero hay que darle sustancia, sentido y futuro. Que el ciudadano común y corriente sienta que eso vale la pena”, indicó.

Venezuela viola Carta Democrática Interamericana al negar el voto

En una carta enviada al secretario de la OEA, Luis Almagro, el 25 de octubre, 49 ONG advirtieron que luego de la postergación de elecciones regionales (18 de octubre) y la suspensión del proceso revocatorio (20 de octubre), el Estado venezolano viola los siguientes artículos de la CDI:

-Artículo 1: Derecho a la democracia.

-Artículo 3: Celebración de elecciones periódicas, libres, justas.

-Artículo 4: Subordinación de las instituciones a la autoridad civil.

-Artículo 6: Participación ciudadana en su desarrollo.

-Artículo 9: Eliminación de toda forma de discriminación.

-Artículo 23: Los Estados miembros son responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.

Responsabilidad compartida

Correa acotó que la mayor responsabilidad en la obtención de resultados recae en el gobierno: “El diálogo tiene que traducirse en soluciones para la gente y el diálogo tiene que tener como marco la Constitución. El compromiso a respetar la Constitución recae en el Ejecutivo porque está de fondo el respeto a la independencia de los poderes. Vemos que se acordó liberar a unas personas, es decir, que saldrían en libertad por una orden del Ejecutivo, lo cual significa que están presas por una orden del Ejecutivo, por ejemplo”.

Liliana Ortega coincidió al afirmar que el futuro del diálogo depende de la conducta del gobierno: “El gobierno tiene más peso y responsabilidad en el cumplimiento de la Constitución, en el respeto a las atribuciones de la Asamblea y en convocar elecciones, pero también los mediadores tienen una responsabilidad frente a un país que padece la falta de medicinas, de escasez de comida, de inseguridad. Un país donde ocurren situaciones como las masacres de Cariaco y de Barlovento que habla de una crisis de derechos humanos”.

No obstante, Uzcátegui apuntó que sin movilización ciudadana no habrá resultados en el plazo perentorio que amerita la situación: “Con la gente en su casa, los resultados del diálogo son diferentes a los que se obtendrían con la gente movilizada. Una debilidad que veo en este diálogo es que se está haciendo sin movilización ciudadana. La mayor responsabilidad en que esto dé frutos es de las personas que creemos en el diálogo como mecanismo para defender la democracia. Consideramos un error haberse sentado abandonando la estrategia de calle que se tenía. Para que haya resultados la presión del resto de la sociedad es lo más importante”.

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