Habitantes del municipio Torres, en el estado Lara, trancaron la estación de servicio, ubicada en la carretera Panamericana por la falta de combustible.

Ante la ausencia de los servicios básicos, los residentes de las urbanizaciones privadas al este de Barquisimeto hicieron un pancartazo, para exigir sus derechos.

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En otros sectores, como Quibor, «la gente le perdió el miedo a la pandemia para protestar (…) Con tapabocas, guantes y conservando su distancia, los larenses reclaman sus derechos», contó este martes la corresponsal de VPItv, Andreína Ramos al periodista Sergio Novelli.

 

A las afueras del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda en el estado Lara, murió este martes un adulto mayor por falta de atención médica tras presentar insuficiencia respiratoria.

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Su hija manifestó que al ver el estado de su padre acudió a un centro médico centinela, donde informaron que ya no «había nada que hacer» que acudiera a un hospital para que le realicen el acta de defunción.

«Aquí estoy. Esperando a que se dignen aunque sea a entregarme el acta de defunción para mi papá. No es justo tanta negligencia en este país», relató la familiar del fallecido.

 

La abogada venezolana, Eva Leal, continúa detenida tras no portar un salvoconducto para poder circular en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

«La abogada Eva Leal fue golpeada debido a que no portaba un salvoconducto para poder circular en la ciudad de Barquisimeto. Una Guardia Nacional intento sobornarla y ella en defensa de sus derechos se negó», explicó la periodista Andreina Ramos.

Los familiares no han tenido contacto con Leal y prefieren no pronunciarse ante lo ocurrido para mantener el caso bajo perfil.

El caso lo lleva un tribunal militar que aún no ha dado declaraciones.

 

 

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Alfonso Marquina denunció que en el estado Lara 25 personas fueron detenidas por protestar tras la falta de los servicios públicos en la entidad.

«Hemos visto como recientemente en la urbanización Sucre se llevaron presos a cinco personas por cacerolear, siete en Carora, dos de ellos, adolescentes por protestar y 13 detenidos en el Tocuyo, seis por la GNB y siete por el FAES», detalló el parlamentario a través de la sesión virtual de la AN este martes.

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Asimismo, informó que estos ciudadanos fueron traslados a la ciudad de Barquisimeto al Juez Séptimo de Control para «imputarles delitos mayores».

«Los que ellos hicieron fue cacerolear, pero se les pretende imputar asociación para delinquir y detección de objetos incendiados. Las cacerolas reflejan el ardor del reclamo del pueblo», detalló Marquina.

El ingeniero Julio Gutiérrez aseguró que los venezolanos no cuentan con el servicio de agua porque no existen suficientes embalses del vital líquido para abastecer a toda la población.

«Cómo no va a estar sufriendo el pueblo de Venezuela si no existen embalses de agua para abastecer», expresó Gutiérrez en una entrevista realizada vía Zoom este jueves.

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Asimismo, indicó que en la entidad, específicamente en el sector Los Cerritos no se está recibiendo la cantidad de litro por segundo que se debe.

La escasez de papel periódico en Venezuela provocó el cese de otro diario, al menos por dos días. Se trata de El Informador, rotativo del estado Lara que se vio obligado a paralizar su circulación los días viernes 16 y sábado 17 de febrero, ante la falta del fundamental recurso.

Así lo anunció el jueves el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de su cuenta en Twitter.

A propósito de este tema, el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), Jony Rahal, condenó este jueves el cierre del diario El Impulso por falta de materia prima, así como también la persecución contra los periodistas del portal web Armando.Info.

El diputado denunció que ambos hechos «violan la libertad de expresión», por lo que solicitó que se interpele a la Corporación Maneiro, encargada de la distribución de papel a los diversos periódicos del país, para que se sepa el por qué de la mala distribución o la causa de la escasez de materia prima.

«Tenemos que elevar estas denuncias a la comunidad europea y a todos los organismos internacionales, para defender la libertad de expresión», dijo.

Paralelamente la corresponsal en Venezuela de CNN en Español, la periodista Osmary Hernández, recordó que este jueves 15 de febrero se cumplió un año desde que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó a las cableras que sacaran del aire al prestigioso canal de noticias.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruíz, declaró en exclusiva a VPItv que dos periodistas del canal regional Promar TV fueron suspendidos por órdenes de la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, luego de que ambos aplaudieran tras el discurso que ofrecieron los sacerdotes señalados como «incitadores al odio» por el presidente Nicolás Maduro.

«No hay elementos que puedan señalarse como irresponsables en el manejo de la información. A propósito de unas presiones que realizó la gobernadora del estado Lara, se encuentran suspendidos de sus funciones desde el día domingo», denunció Ruíz, quien explicó que no existió ninguna falla en la cobertura de la noticia por parte de Valeria Piña y José Alejandro Aristimuño, los comunicadores sociales suspendidos.

Agregó que esta sanción no está prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que tildó este hecho de «ilegal e inaceptable», pues a su juicio «vulnera el derecho a la comunicación».

Cabe recordar que Maduro ordenó a las autoridades investigar al monseñor Antonio López Castillo y al obispo Víctor Hugo Basabe, a quienes llamó «diablos con sotanas» por sus opiniones críticas contra su gobierno en las homilías ofrecidas en el marco de la visita 162 de la Divina Pastora a la capital larense.

«El Estado usa los recursos públicos como VTV para perseguir a la disidencia y a todas aquellas personas que cuestionen al gobierno», criticó, e hizo mención especial al programa «Con el mazo dando» que conduce el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en el que sí se producen «incitaciones al odio», condenó.

Recordó que en 2017 se registraron al menos 500 agresiones contra los periodistas en Venezuela, especialmente entre marzo y junio de ese año, cuando se registró la ola de protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 muertos, miles de heridos y otros tantos detenidos.

Además, trajo a colación que en ese período de tiempo se produjeron como mínimo unas «60 detenciones rápidas», en las que se privó de libertad a diversos trabajadores de la prensa por intervalos de tiempo que iban de cuatro a ocho horas, tanto en sedes policiales como en las del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Dicho esto, lamentó que el gobierno no esté «interesado en resolver la crisis, sino en silenciarla, para que no se conozca la realidad». Por ello pidió a los periodistas, comunicadores sociales y demás empleados de los medios de comunicación, incluyendo a los directivos, que «asuman con gallardía la labor de informar, estar al servicio de la gente, y no tolerar chantajes».

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El dirigente opositor Henri Falcón condenó este miércoles lo ocurrido en el operativo contra el movimiento liderado por el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, y se solidarizó con los sacerdotes larenses llamados a investigación el pasado lunes por Nicolás Maduro.

En declaraciones a la prensa ofrecidas desde Caracas, el exgobernador del estado Lara rechazó en nombre de su partido, Avanzada Progresista (AP), «los actos de ajusticiamientos extrajudiciales que se realizaron esta semana contra ciudadanos venezolanos», así como también los «ataques desmedidos del Ejecutivo nacional» contra el obispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, y el monseñor Víctor Hugo Basabe.

Por otra parte, Falcón consideró que el proceso de diálogo que llevan a cabo el gobierno y la oposición de Venezuela en República Dominicana «podría no generar soluciones a los venezolanos» si se mantiene la tónica de las primeras reuniones.

Si bien calificó las negociaciones como «oportunas», el dirigente larense criticó que no haya «una toma amplia de decisiones que ofrezcan soluciones reales al país», sino «decisiones tomadas solo por cuatro partidos, y no por la amplitud política, social y económica que existe en Venezuela».

«El hambre no espera, esto es una bomba de tiempo», alertó.

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